Ciudad de México.- Una sombra de inquietud ensombreció este martes el informe de seguridad presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria celebró la reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos en 13 meses, al pasar de 86.9 a 54.5 víctimas, confirmando el cambio de tendencia en la contención de la violencia criminal. Sin embargo, en el mismo periodo, el fenómeno de la desaparición forzada y voluntaria incrementó dramáticamente, elevando el promedio diario a 41 casos según fuentes civiles y oficiales, un dato que disipa el optimismo gubernamental.
La Estrategia Nacional de Seguridad se basó en una política de atención a causas sociales y de “cero impunidad”, justificación para detener a más de 37 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, complementó la narrativa de éxito al reportar una disminución del 25% en los feminicidios y del 59% en secuestros entre enero y octubre de 2025 respecto a 2019. Estas cifras son el soporte de la tesis presidencial sobre la eficacia del nuevo enfoque.
No obstante, las reducciones en delitos de alto impacto contrastan con la realidad operativa en estados clave. El Estado de México, por ejemplo, persiste como la entidad con más feminicidios y delitos de violencia de género, a pesar de contar con dos Alertas de Violencia de Género activas. Esta dualidad evidencia un avance a nivel macro que oculta la persistencia de focos rojos regionales y la alta percepción de inseguridad, especialmente entre el 68.2% de las mujeres urbanas.
La tragedia de la desaparición se manifestó como el principal desafío persistente. Organizaciones civiles documentaron un alza del 13% al 16% en las denuncias durante el primer año de la administración Sheinbaum, lo que se traduce en 9,887 personas desaparecidas en ocho meses de 2025. La cifra, que alcanza picos de 77 casos diarios en ciertos periodos, sugiere que la contención de la violencia homicida pudo haber sido un desplazamiento de tácticas criminales o una subestimación del registro oficial. El caso Teuchitlán, donde fichas de búsqueda fueron destruidas, evidenció además una gestión institucional deficiente y opaca, atrayendo la atención del Comité de la ONU. La reducción de homicidios se sostiene con fuerza en los datos; la verdad sobre las desapariciones reposa aún en la cifra negra.
El gobierno federal insiste en que la reducción del 28% de homicidios lograda en el inicio de la Cuarta Transformación, y el 37% de la actual administración, marca un cambio histórico frente a los incrementos de 148% con Felipe Calderón y 42% con Enrique Peña Nieto.
México enfrenta el dilema de un progreso parcial: se contiene el asesinato a la vista de todos, pero se permite la expansión silenciosa de la desaparición. Este aumento, registrado en entidades como Ciudad de México, Sinaloa y Guanajuato, pone en entredicho el pilar de “cero impunidad” y proyecta la sombra de un problema estructural cuya magnitud no permite festejos.
LNY | Redacción