JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Durante la conferencia matutina de ayer, nuevamente se dirigieron descalificaciones hacia algunos medios de comunicación, con expresiones como “chisme” y referencias al periodismo de los “tecnócratas”. Más allá de las palabras utilizadas, estas declaraciones reabren una discusión necesaria sobre la relación entre el poder político, la prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.
Las palabras de quien encabeza el Poder Ejecutivo tienen un peso particular en la vida pública. No se trata de impedir la crítica ni de exigir que las autoridades acepten como verdaderas todas las publicaciones, sino de reconocer que la manera en que se responde a los cuestionamientos también influye en el debate público y en la percepción social sobre el ejercicio del periodismo.
Descalificar la labor de los medios puede contribuir a desacreditar no solamente una publicación o una investigación, sino también el trabajo de quienes ejercen el periodismo y el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos de interés público. Esta práctica no es nueva en el sistema político mexicano: se ha presentado en distintos sexenios y también en los ámbitos estatal y municipal, donde la relación entre autoridades y medios de comunicación no siempre ha estado exenta de tensiones.
Es importante distinguir entre señalar un rumor sin sustento y descalificar de manera general al periodismo que cuestiona al poder. El periodismo profesional tiene la responsabilidad de investigar, verificar documentos, contrastar fuentes y distinguir los hechos de las opiniones. Como cualquier actividad humana, puede cometer errores; cuando esto sucede, debe reconocerlos y rectificar. Sin embargo, también tiene la función de investigar posibles irregularidades, cuestionar las decisiones de quienes gobiernan y formular preguntas incómodas, precisamente porque los asuntos públicos pertenecen a la ciudadanía.
Esto tampoco significa que los medios estén exentos de responsabilidades. Deben verificar sus afirmaciones, actuar con rigor y corregir la información cuando sea necesario. En ocasiones, el periodismo también puede ser utilizado como bandera de intereses políticos o personales, y quienes ejercen esta profesión deben asumir las consecuencias de sus propias decisiones. La objetividad, la independencia y la responsabilidad editorial son indispensables para evitar que la información se convierta en un instrumento de confrontación.
Por ello, existe una diferencia entre cuestionar una publicación con argumentos y pruebas, y desacreditar de manera general a quienes ejercen el periodismo. Si una información es falsa, corresponde demostrarlo con evidencia y ofrecer datos verificables. Si existen denuncias documentadas sobre posibles irregularidades, corresponde aclararlas e investigarlas por las vías institucionales. Sustituir las explicaciones por etiquetas no resuelve las diferencias ni contribuye a fortalecer la confianza pública.
Tampoco basta con recurrir a términos como “tecnócratas” para descalificar determinadas voces. La formación técnica o especializada no convierte automáticamente una opinión en verdad, pero tampoco la invalida. Lo que debe evaluarse son los argumentos, las pruebas y la calidad de la información presentada. No pertenezco a ningún partido político; mi convicción es que la transparencia, el acceso a la información y la libertad de expresión deben defenderse con independencia de las ideologías y de las diferencias de opinión. En el debate público, la objetividad y el rigor aportan más que la descalificación.
Desde la perspectiva de la transparencia, esta discusión adquiere una relevancia especial. El acceso a la información pública, la libertad de expresión y la rendición de cuentas son derechos y principios que se complementan. La ciudadanía necesita información para evaluar las decisiones gubernamentales, conocer el destino de los recursos públicos y exigir explicaciones a sus autoridades. Cuando estos mecanismos se debilitan, también se reducen las posibilidades de vigilar el ejercicio del poder.
En una democracia, el periodismo no está para complacer al gobierno, así como las autoridades no están obligadas a coincidir con los medios. Su relación debe sustentarse en el respeto a la libertad de expresión, el escrutinio público y la obligación de rendir cuentas. Las conferencias de prensa son espacios para informar, responder preguntas y explicar decisiones; no deberían convertirse en escenarios donde la crítica se reduzca a un calificativo.
La libertad de expresión no significa que toda información publicada sea correcta ni que las opiniones periodísticas estén libres de cuestionamientos. Significa que las ideas, las investigaciones y las críticas deben poder circular sin que el poder pretenda determinar, por sí mismo, cuáles merecen ser escuchadas y cuáles deben ser desacreditadas. La veracidad de una publicación se examina a partir de los hechos y las evidencias, no únicamente desde la posición de quien gobierna.
Quienes ejercen cargos públicos deben comprender que el periodismo crítico no es, por definición, un adversario político. Su función es observar, investigar y preguntar. Cuando una investigación revela hechos de interés público, la respuesta institucional debe ser la explicación, la documentación y, cuando corresponda, la investigación de las posibles responsabilidades.
El verdadero problema no es que existan medios que cuestionen al gobierno, ni que las autoridades respondan a sus señalamientos. El riesgo aparece cuando las descalificaciones sustituyen a los argumentos y el temor a ser señalado comienza a limitar las preguntas.
Cuando el poder descalifica al periodismo, no solamente está en juego la reputación de un medio o de una persona periodista; también está en juego el derecho de la sociedad a conocer, cuestionar y exigir cuentas.
Y entonces, ¿quién vigila al poder cuando se desacredita a quienes tienen la responsabilidad de cuestionarlo? Esa es una pregunta que sigue pendiente en nuestra democracia.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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