CARLOS PEÑA BADILLO
El 11 de octubre de 1990 nació el Instituto Federal Electoral (IFE), una institución que transformó la historia política de México y contribuyó decisivamente a construir un sistema electoral basado en la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la independencia y la confianza ciudadana. 36 años después, su legado permanece como uno de los esfuerzos institucionales más relevantes de nuestra transición democrática. ¡Debemos cuidarlo!
La creación del IFE respondió a una exigencia histórica de la sociedad mexicana: contar con una autoridad electoral capaz de organizar elecciones auténticas, transparentes y competitivas, con garantías para todas las fuerzas políticas y con la ciudadanía como protagonista de la soberanía popular. Su posterior transformación en el Instituto Nacional Electoral (INE) amplió sus responsabilidades y consolidó una experiencia institucional reconocida más allá de nuestras fronteras.
En un estudio realizado por Ignacio Ruelas Olvera, se establece que la autonomía electoral es una garantía para la ciudadanía, no un privilegio de los funcionarios; una condición para la competencia democrática, no una prerrogativa de los partidos; y un límite al poder, no un obstáculo para la gobernabilidad. Por ello, preservar la independencia, la capacidad técnica y la credibilidad de la autoridad electoral constituye una responsabilidad compartida entre instituciones, actores políticos y sociedad.
A 36 años de aquel 11 de octubre de 1990, recordar al IFE y reconocer la trayectoria del INE es rendir homenaje a una obra colectiva de la democracia mexicana. Es reconocer a quienes imaginaron, construyeron y perfeccionaron sus procedimientos; a los servidores públicos electorales que hicieron de la profesionalización una vocación; a los ciudadanos que integraron las mesas de votación y defendieron su sufragio; y a una comunidad internacional que encontró en México experiencias valiosas para fortalecer sus propias instituciones.
Las instituciones democráticas no se miden únicamente por las elecciones que organizan, sino por la confianza que generan, los derechos que protegen y los límites que imponen al ejercicio arbitrario del poder.
La independencia institucional debe expresarse en conducta; la imparcialidad, en cada decisión; la profesionalización, en la calidad del trabajo; y la legalidad, en el respeto irrestricto a las reglas y los derechos político-electorales. Ningún cargo está por encima de la misión institucional, ningún interés personal debe prevalecer sobre el interés público y ninguna lealtad política puede anteponerse al deber de servir a la democracia.
La experiencia acumulada durante décadas obliga a preservar el conocimiento técnico, fortalecer el mérito, proteger la carrera profesional y garantizar que las decisiones se adopten con independencia, transparencia y rendición de cuentas. La fortaleza del sistema electoral no depende únicamente de sus normas, sino de la integridad, la capacidad y el compromiso de las mujeres y los hombres que lo hacen funcionar.
Porque la autonomía se conquista en las leyes, se acredita en las decisiones y se sostiene con la conducta de quienes la ejercen. Defender al INE es defender el derecho de México a elegir libremente su destino.
Sobre la Firma
Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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