JUAN JOSÉ MONTIEL RICO
En política se sabe que ninguna campaña se gana sola, pues detrás de cada candidato hay una estructura de financiamiento que le ayuda a movilizar operadores, construir presencia territorial, difundir mensajes y competir por el poder. La pregunta que nadie se hace es: ¿y luego? ¿quién cobra ese apoyo? ¿quién paga la cuenta?
Toda administración nace acompañada de una factura por pagar. Algunas son legítimas y transparentes; otras permanecen ocultas hasta que las decisiones de gobierno, los amaños, vínculos y compadrazgos nos ayudan a saber quién fue el que financió el acceso al poder.
En términos generales, existen tres formas de financiamiento político. La primera es el financiamiento público. Es el dinero que la ley entrega a los partidos políticos para sostener la competencia democrática. Son recursos de los contribuyentes destinados a campañas, estructuras partidistas y actividades políticas. Cuando este mecanismo funciona correctamente, el gobernante adquiere un compromiso con la ciudadanía y con la legalidad democrática.
La segunda es el financiamiento criminal. El dinero que proviene del crimen organizado no constituye una aportación política, sino una inversión para obtener protección, impunidad y control territorial. Cuando los grupos criminales financian campañas, terminan secuestrando instituciones completas, condicionando decisiones gubernamentales y enterrando la libertad y la seguridad de miles de ciudadanos. Esa factura se paga con violencia.
Existe una tercera modalidad, más sofisticada y frecuentemente disfrazada de actividad empresarial: la del político-empresario que financia proyectos electorales esperando recuperar posteriormente su inversión mediante contratos, concesiones, adjudicaciones o privilegios gubernamentales.
No se trata de una aportación a la democracia. Se trata de un negocio. Y toda inversión espera rendimientos. Ahora bien, después del escándalo que se destapó ayer, hay que preguntarse ¿qué pasa en la presidencia municipal de Zacatecas?
La reciente información publicada por Excélsior revela que la administración municipal de Miguel Varela comprometió más de 104 millones de pesos mediante dos contratos para el arrendamiento y mantenimiento de vehículos, otorgados en procesos licitatorios donde únicamente se presentó un participante en cada procedimiento. El escándalo se vuelve mayor si se compara el monto de este contrato con los precios regulares del mercado. Se trata de una cifra infladísima que levanta sospechas de corrupción.
Los contratos tendrían vigencia hasta 2027 y comprometerían recursos públicos durante prácticamente toda la administración municipal. La nota señala además que especialistas consultados consideran que la ausencia de competencia impidió comparar precios y evaluar mejores condiciones para el municipio.
El dato adquiere una dimensión aún más relevante si se recuerda que el propio Miguel Varela llegó al gobierno denunciando públicamente un presunto desfalco superior a 120 millones de pesos heredado por la administración anterior. En aquel momento sostuvo que los recursos públicos debían administrarse con transparencia y responsabilidad.
Hoy la discusión pública gira en torno a una pregunta distinta: ¿a quién benefician realmente las decisiones financieras de la actual administración?
La documentación que vincula decisiones de gobierno con personajes políticamente cercanos al alcalde, alimenta la idea de que, finalmente, a Varela le llegó el momento de pagar la factura adquirida durante su campaña a la Presidencia Municipal.
Diversas voces señalan la influencia política que mantiene sobre Miguel Varela el exalcalde de San Miguel de Allende y exdiputado federal Luis Alberto Villarreal, esposo de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Bajo esa óptica, la factura política ya comenzó a hacerse visible a través de contratos, relaciones de negocios e injerencias administrativas que comprometen recursos públicos.
La legalidad de cada acto deberá ser determinada por las autoridades competentes. Sin embargo, hay una discusión política de fondo: será que los recursos públicos se están usando para resolver los problemas de los ciudadanos o para saldar apoyos políticos y financieros.
La democracia funciona cuando el único acreedor de un gobernante es el pueblo. Pero si aparecen otros —sean criminales, empresarios o padrinos políticos— las prioridades del gobierno cambian inevitablemente.
En Zacatecas capital, cada vez más ciudadanos se preguntan si los más de cien millones de pesos comprometidos por el Presidente Municipal representan una política pública justificada o simplemente el primer abono de una deuda política que se facturó antes de que se instalara la actual administración.
Sobre la Firma
Estratega político entre gobiernos, campañas y narrativas.
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