CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El 1 de mayo de 2026, siete cuerpos —cinco hombres, dos mujeres— fueron abandonados en un camino de terracería en Mesillas, Tepezalá, Aguascalientes, a medio kilómetro de Luis Moya, Zacatecas.
Presentaban tortura, impactos de bala en cráneo y tórax, tiro de gracia. Seis ya fueron identificados: Manuel de Jesús Jacobo Castro, Miguel Adán Mena Saucedo, Coral Esmeralda Muñoz Vargas, José Eduardo Jara Elías, Alan Antony Sifuentes Redin y Frida Michelle Muro Espinoza. Todos zacatecanos. Todos arrancados entre el 17 y el 29 de abril. Solo uno tenía denuncia previa por desaparición.
El dato es seco. Pero detrás hay rutas, decisiones, omisiones. Los cuerpos no cayeron del cielo: fueron trasladados desde El Tepetate, Zacatecas, en una camioneta blanca. Cruzaron una línea invisible —esa que en los mapas divide, pero en la noche se diluye— y regresaron. Nadie los detuvo. Nadie los vio, o nadie quiso ver.
El fiscal de Aguascalientes, Manuel Alonso García, lo dijo sin rodeos: el crimen aprovechó la vigilancia nocturna deficiente. El fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, añadió una pieza más inquietante: antes de que existieran denuncias, ya circulaban en redes fichas de búsqueda falsas con logotipos oficiales y datos precisos de las víctimas.
No eran errores. Eran mensajes. El crimen no únicamente ejecuta: administra información, anticipa la narrativa, ocupa el espacio que el Estado deja vacío.
Hay un detalle que pesa más que los demás. Solo una familia había denunciado. Las otras llegaron después, cuando el horror ya tenía nombre. El silencio no es casual: es miedo, es desconfianza, es la certeza de que denunciar no protege. En esa grieta —entre la desaparición y la denuncia— opera la impunidad.
El todavía inquilino de La Casa de los Perros eligió una metáfora: habló de las zonas limítrofes como “manto de impunidad” y “zona de confort” para los criminales. Tiene razón, pero la frase también revela una verdad incómoda: si la frontera es refugio del delito, es porque el Estado la ha convertido en periferia de su propia autoridad. Donde termina una jurisdicción, empieza la excusa.
David Monreal fue más allá. Vinculó el repunte de violencia con la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Sugirió que la concentración de gente, dinero y tránsito alimenta ciertos delitos.
No es una hipótesis descabellada: las ferias son imanes. Pero el riesgo de esa lectura es desplazar la responsabilidad. La violencia no nace en la fiesta; se infiltra en ella desde estructuras previas, desde redes que conocen el territorio mejor que quienes lo gobiernan.
Del otro lado, el secretario general de Gobierno de Aguascalientes, Antonio Arámbula López, defendió la seguridad interna de la feria y descartó “murallas”. Aguascalientes, dijo, es un estado de libre tránsito.
Tiene razón en lo jurídico. Pero la realidad es otra cosa: los criminales ya construyeron sus propias rutas, sus propios horarios, sus propias aduanas invisibles. No necesitan murallas porque ya controlan los huecos.
La respuesta institucional llegó en forma de estrategia: más patrullajes, vigilancia 24 horas, revisiones aleatorias, atención a terracerías. Guardia Nacional y Ejército como columnas móviles capaces de cruzar fronteras administrativas. Tecnología del C5i para rastrear trayectorias. Mesas de paz que intercambian información. Reuniones entre gobernadores.
Todo eso suena correcto. Incluso necesario. Pero también suena conocido.
El problema no es la falta de diagnósticos. Es la repetición de los mismos diagnósticos después de cada hallazgo. La frontera como zona gris. Las terracerías como vías de escape. La coordinación como promesa. La inteligencia como horizonte. Y, mientras tanto, los nombres se acumulan.
Manuel de Jesús iba a trabajar en taxi. Miguel Adán desapareció en La Zacatecana. Coral Esmeralda fue vista por última vez en Guadalupe. José Eduardo tenía una denuncia previa que no bastó. Alan Antony dejó huellas que ahora sirven para identificarlo. Frida Michelle es, todavía, un contorno incompleto en los registros. No son cifras. Son trayectorias interrumpidas.
Hay otra dimensión, más silenciosa. La del mensaje que deja el crimen al mover los cuerpos de un estado a otro. Es un gesto calculado: desplazar la responsabilidad, fragmentar la investigación, obligar a dos burocracias a hablar entre sí mientras el rastro se enfría. La frontera es geografía, pero también es estrategia.
En ese tablero, el ciudadano queda en medio. Ve pasar patrullas, escucha anuncios de operativos, observa cifras que suben y bajan. Pero cuando alguien desaparece, el tiempo cambia de ritmo. Se vuelve denso, opaco. Cada hora sin denuncia es una ventaja para el agresor. Cada día sin respuesta, una derrota compartida.
La política habla de coordinación. El crimen la practica.
Y en ese desfase —entre lo que se dice y lo que se hace— caben siete cuerpos más. Caben todos los que faltan.
La frontera no es una línea. Es una decisión. Y hoy, esa decisión sigue siendo de nadie.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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