La ley debe garantizar consecuencias ante actos de corrupción: Claudia Anaya
Ciudad de México.- Durante la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Claudia Anaya, reflexionó sobre la demanda constante de distintos organismos especializados en la materia como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el CIDE, entre otros, para que se creen o modifiquen normas aplicables a la Ley General de Responsabilidades y garantizar que haya consecuencias efectivas ante actos de corrupción por parte de los servidores públicos, por lo que aseveró “ésta debe ser una función básica de este grupo legislativo de trabajo”.
En su intervención, citó a Robert Senderowitsch, gerente del Programa de Gobierno Abierto de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial, quien señaló que uno de los desafíos más importantes de las economías actuales es reducir el costo de la corrupción “este fenómeno frena las inversiones, genera una pérdida de confianza en las instituciones y desafortunadamente hoy en día este flagelo también se da en la iniciativa privada”, resaltó.
Señaló que entre los trabajos pendientes a dictaminar se encuentran tres minutas: la reforma a la ley de obras públicas para incluir un porcentaje de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar a las obras o servicios; una más para facultar al Congreso a expedir la ley general en materia de responsabilidad y combate a la corrupción, y finalmente una reforma a la ley de adquisiciones para promover la participación de las sociedades cooperativas en adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Por último, hizo un respetuoso llamado a los integrantes de este grupo de trabajo a tener una actitud congruente, pues sólo cinco de sus 23 integrantes han respondido al compromiso con la ciudadanía de que una vez que han resultado electos como diputados federales, den a conocer su declaración patrimonial, su declaración de impuestos así como la declaración de intereses, tal como se comprometieron al signar la iniciativa “3 de 3” impulsada por el IMCO y Transparencia Mexicana.
LNY/Comunicado
