Ciudadanizar al Poder Legislativo

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículos 14 y 15, puntualiza algunos derechos de los zacatecanos: “participar en los procesos de referéndum, de plebiscito, de iniciativa popular y de revocación del mandato a que se convoque en los términos de esta Constitución y sus leyes reglamentarias”.
Asimismo, en el artículo 45 de dicho ordenamiento, se define el referéndum como: “un instrumento democrático de participación ciudadana, por el cual, mediante el voto mayoritario de los electores, en los términos que establezca la ley, aprueba o rechaza disposiciones legislativas de notoria trascendencia para la vida común en el ámbito estatal o municipal.”
La propia Legislatura cuenta con las facultades de “solicitar se convoque a plebiscito y referéndum, formalizar sus resultados y enviarlos al Ejecutivo para su publicación. Convocar a foros de consulta a los ciudadanos, y llevarlos a cabo con el fin de obtener información y opiniones que contribuyan, al ejercicio pleno de las atribuciones que esta Constitución le otorga” como lo indica el artículo 64 de la Constitución del estado.
Por otra parte, en la Ley Electoral del Estado se establece que es el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ) el encargado de garantizar la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en las consultas ciudadanas.
Siendo una ley reglamentaria de la Constitución Política del Estado en materia de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas, define a la “participación ciudadana” como el derecho de los ciudadanos para “emitir su voto en los procesos de referéndum o plebiscito”
De la misma manera, se define al “proceso de consulta” como los mecanismos de participación ciudadana, ordenados por la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, efectuados por la autoridad electoral.
Teniendo como punto de partida ese marco legal, es que el martes pasado el diputado Xerardo Ramírez y un servidor planteamos en el Congreso del Estado la necesidad de innovar en el proceso legislativo, y plantear la participación de la sociedad en los procesos de reforma a nuestro diseño institucional.
Hay que decirlo: parte fundamental de nuestra aspiración como servidores públicos debe ser el constante fortalecimiento de la democracia. Método que es considera, hasta ahora. como ideal para armonizar la organización del poder y la sociedad, permitiendo una realización efectiva de los derechos de cada persona, a través de una ciudadanía activa.  
Atendiendo a una nueva generación de ciudadanos, interesados por los asuntos políticos, es necesario asegurar una mayor calidad en la democracia e intentar resolver los llamados “déficits democráticos”.
Déficits, por cierto, generalizados en nuestro país y la región Latinoamericana como: la falta de democratización del debate económico y político, las prácticas clientelares que mercantilizan el voto y atentan contra la libertad de elección y la incipiente participación ciudadana (necesaria para acrecentar y hacer más virtuosas sus formas de representación).
En el momento en que el ciudadano percibe que sus representantes políticos no promueven sus intereses y demandas, la democracia tiende a debilitarse, y lo mismo sucede con las instituciones. Por ello, la figura de consulta ciudadana, consagrada en nuestro marco jurídico, es el recurso ideal para conocer y poder medir la aceptación ciudadana en aquellos temas que se encuentran en un proceso legislativo, las cuales en su posible aprobación afectarían directamente la vida cotidiana del ciudadano.
De esta manera, gran parte de la agenda púbica de nuestro estado podría discutirse por una amplia pluralidad, en busca de consensos auténticamente ciudadanos. En este proceso, la opinión pública se constituirá como un factor determinante en la resolución de iniciativas por parte del Poder Legislativo del Estado.
Aunado a los cambios estructurales que sufre nuestro país, respecto a las reformas políticas que pueden ser aprobadas finalmente por el Congreso de la Unión, creemos que el IEEZ debe coadyuvar a una consulta ciudadana que sea representativa de la opinión mayoritaria de los zacatecanos.
En específico, para abordar iniciativas como la que presentamos el pasado 3 de marzo, sobre la ampliación de los periodos ordinarios, estableciendo un primer periodo del 15 de agosto al 15 de diciembre, y un segundo periodo del 1º de febrero al 15 de julio.
Lo mismo con la iniciativa presentada el pasado 31 de marzo, en la cual se propone ampliar los días en que el pleno de la Legislatura deberá sesionar para fijar un mínimo de tres días por semana, en vez de los dos que actualmente se tienen.
Los objetivos de este ejercicio democrático se verán reflejados en: una mayor apertura de los temas y asuntos actuales en el Congreso del Estado, una participación ciudadana en dichos temas o asuntos, una medición de la opinión pública y el incremento del nivel de confianza de la ciudadanía en el Poder Legislativo.
Es un reto, el mencionado incremento de confianza, si se toma en cuenta la percepción general de la opinión pública hacia el Poder Legislativo, como consta en el Latinobarómetro 2009 que apunta que un 43% de los latinoamericanos tienen “baja confianza” y 26% “ninguna confianza” hacia esta institución.
Debemos tener muy presente que una sociedad que cree poco en quienes la representan será una sociedad que corre el riesgo en terminar completamente desvinculada de la democracia.
*Diputado local

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