Inequidad electoral en Michoacán

En las elecciones de Michoacán no hubo equidad entre los partidos políticos y candidatos contendientes, pues desde el 17 de mayo –cuando comenzó el proceso- fueron cometidas una y otra vez violaciones al Código Electoral local por parte del PAN y del Gobierno Federal.

Esas violaciones no sólo se reflejaron en las visitas frecuentes de secretarios de estado, sino en el uso de recursos públicos para favorecer al albiceleste y a su candidata Luisa María Calderón, hermana del actual presidente de la República, Felipe Calderón.

La abanderada del PAN, partido gobernante a nivel federal, incurrió en diversas conductas que podrían tipificarse como ilícitas, como lo es la visita de funcionarios federales, quienes la acompañaron en diversas ocasiones a realizar proselitismo, lo que contraviene los artículos 176 y 345, fracción IV, del Código Penal vigente en la entidad.

Ante esas claras violaciones, el Partido de la Revolución Democrática presentamos una denuncia penal contra la hermana del presidente Calderón, misma que efectuó el representante jurídico, Antonio Soto Sánchez, ante la Agencia del Ministerio Público Especial para la Atención e Investigación de Delitos Electorales.

La acusación no sólo es contra la abanderada panista, sino también de los titulares de las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, Juan Rafael Elvira Quezada y José Ángel Córdova Villalobos, respectivamente.

Además, denunciamos a Germán Tena Fernández, dirigente del PAN en Michoacán; y Arturo Ramírez Pureco, presidente municipal de Salvador Escalante.

Los motivos por los que presentamos nuestra inconformidad tuvieron lugar el pasado 11 de junio, durante una gira del titular de SEMARNAT por los municipios de Uruapan, Ciudad Hidalgo y Apatzingán, cuando Juan Rafael Elvira arribó en vehículos oficiales para promover el voto en favor de la aspirante panista. Esta situación que se repitió un mes después.

El edil Arturo Ramírez también se hizo acompañar, al inicio de la XLVI Feria Nacional del Cobre, por la candidata y el dirigente del PAN, incluso a ella se le asignó un lugar en el presídium e intervino para hacer actos proselitistas en su favor.

Otra situación similar ocurrió el 2 de agosto pasado, cuando José Ángel Córdova invitó al presídium a Luisa María Calderón, en el marco de su informe de actividades en el estado.

Los hechos enumerados son un claro desacato a la Constitución Mexicana, a la Ley Penal del Estado de Michoacán y al Código Electoral del estado.

Las visitas de los funcionarios federales a Michoacán fueron en franco apoyo a la candidata a la gubernatura, dado que coincidentemente durante el proceso propiciaron visitas a la entidad, para hacer proselitismo con recursos de la federación, tanto humanos, como materiales y financieros.

La denuncia penal del PRD contra el PAN se sustenta en una connotación partidista para influir en el sentido del voto de los ciudadanos a favor de una expresión política específica, resaltando una conducta a favor de la abanderada del PAN.

Lo anterior contraviene el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo VIII y IX, que a la letra dicen: “…los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Pero parece que al PAN no le importó violar la Constitución Mexicana, porque poco después de la denuncia perredista fueron enviados al municipio de Queréndaro nuevamente recursos por el gobierno federal y hubo la necesidad de que el ministerio público acudiera para dar fe de la violación reiterativa a las normas, que se reflejaron en la entrega desesperada de material de construcción y despensas a cambio de votos para la hermana del presidente mexicano.

El PRD no permitirá que la impunidad y las violaciones a la ley electoral se antepongan a la decisión ciudadana y por ello continuaremos denunciando ante las instancias correspondientes cada una de las anomalías que detectamos, a fin de que sea respetada la voluntad ciudadana.

*Representante del PRD ante el IFE.

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