Legalidad vs ilegalidad

El proceso electoral que concluyó ayer en el Estado de México, reflejará el sentir del pueblo mexicano respecto a los políticos, su forma de hacer política y el cumplimiento o no de sus promesas.
En esta calificación de la ciudadanía sobre las propuestas de gobierno, los y las mexiquenses tuvieron la oportunidad de valor la legalidad o ilegalidad con la que los candidatos y partidos desarrollaron sus campañas y ofrecimientos.
El Partido de la Revolución Democrática demostró a lo largo del proceso electoral la alternativa viable que representa para el pueblo mexiquense, debido a que las propuestas de Alejandro Encinas se basan en posibilidades reales y de atención a grupos vulnerables.
En cambio, el Revolucionario Institucional y su candidato, Eruviel Ávila, transitaron por un camino de violaciones electorales y de compromisos políticos.
A pesar de esos actos fuera de la ley y de la conformación de órganos electorales que no dan certeza, legalidad, imparcialidad ni transparencia a la ciudadanía, el PRD fue capaz de construir una campaña unificada, digna y propositiva.
En ella, Encinas se comprometió a lograr que los mexiquenses sean sujetos por ley a sus derechos sociales y no peticionarios de dádivas gubernamentales, renovar la vida pública en el estado, mediante un gobierno austero, y un manejo honesto y eficiente de las finanzas públicas.
Hizo compromisos por la salud, la equidad de género y la justicia social, por lo que propuso un fondo de vivienda digna para familias pobres, comedores comunitarios y banco de alimentos.
También se comprometió a impulsar el derecho universal a la educación y la cultura, a través de un programa de becas que evite que los jóvenes deserten de bachillerato, y la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Propuso un fideicomiso para el fomento de pequeñas y medianas empresas, un fondo para financiar proyectos productivos en regiones pobres y promover el crecimiento urbano y rural.
Otra de sus propuestas es ordenar el servicio público de transporte y desarrollar uno similar al Metro, impulsar el tren suburbano, el Mexibús, el transporte eléctrico y crear un medio sólo para mujeres.
Se comprometió a garantizar la vigencia de derechos humanos, erradicar la violencia, democratizar la justicia y hacer una reforma integral al sistema de gobierno.
Contrariamente, el aspirante priista desarrolló su campaña dentro de irregularidades. Los hechos hablan por sí solos.
El pasado 29 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó a la representación del PRD ante el IFE del resultado de un Juicio de Revisión Constitucional.
En ese juicio se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México examinar el proyecto de resolución, presentado por la Junta General, por actos anticipados de campaña de Eruviel Ávila.
Al día siguiente, el Instituto Electoral del Estado de México, en Sesión de Consejo General, reconoció la existencia de actos anticipados de campaña y multó a Eruviel Ávila únicamente con 26 mil 932 pesos, insignificante para un hecho de tal magnitud.
También existen 26 mil espectaculares, contabilizados en el Edomex, de propaganda del gobierno de Peña Nieto, que durante los 45 días de campaña estuvieron colocados a lo largo y ancho del estado.
La campaña ilegal priista incluye el rebase de más del doble del tope de gastos de campaña en Edomex, el apoyo de empresas como Televisa y el uso de niños para hacer banderas para la campaña tricolor.
Se utilizaron cuerpos policiacos del gobierno del Estado de México para custodiar la campaña, hubo miles de denuncias de compra y condicionamiento del voto y el acarreo de gente a mítines.
Frente a ese tipo de acciones dañinas de la democracia, la equidad y defensa del voto, el PRD se mantiene unificado y pugnaremos, independientemente de los triunfos o derrotas, por la legalidad en México y el respeto de la voluntad ciudadana.
*Representante del PRD ante el IFE.

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