Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos propuso reformar el Código Penal Federal para tipificar expresamente el racismo en México, mediante una iniciativa entregada al Senado que busca sancionar con cárcel, multas y destituciones estas conductas, debido a que el marco normativo actual presenta limitaciones para atender de manera específica esta problemática estructural que afecta a millones de ciudadanos.
La iniciativa, presentada por la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, plantea la adición de un nuevo Capítulo II denominado Racismo. El objetivo central es dotar al marco penal de herramientas jurídicas claras que permitan reconocer, prevenir y sancionar el racismo como una conducta específica y diferenciada de otras formas de discriminación, superando los márgenes de interpretación que actualmente propician omisiones o respuestas institucionales insuficientes.
De acuerdo con la propuesta de la legisladora por Zacatecas, se incorporarán como conductas sancionables todas aquellas expresiones, actos o manifestaciones que, por razón de color de piel, origen étnico o racial, condición social, nacionalidad o lengua, tengan por objeto o resultado menoscabar la dignidad de una persona o un grupo. Las sanciones económicas y penales previstas contemplan de uno a tres años de prisión, trabajo en favor de la comunidad, días multa, la reparación integral del daño y medidas de reeducación en derechos humanos.
El proyecto establece un criterio de exigencia aún mayor para las instituciones del Estado. En el caso de que la conducta racista sea cometida por un servidor público, la pena prevista se incrementará en una mitad. Asimismo, se aplicará de manera obligatoria la destitución del cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier función, empleo o comisión públicos por un lapso de cinco años.
Bañuelos argumenta que el racismo en México no se limita a actos aislados de discriminación evidente, sino que se encuentra arraigado en la estructura social, económica y cultural, manifestándose a través de formas profundas de violencia simbólica y física, la exclusión constante y la creación de jerarquías basadas en el tono de piel. La senadora aclaró que, más allá de la dimensión punitiva, la reforma busca construir una cultura donde los derechos humanos se garanticen en la práctica cotidiana y no solo en el discurso.
La relevancia institucional de la propuesta se sustenta en datos estadísticos oficiales. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el 13.1% de la población de 18 años o más —equivalente a más de 10.8 millones de personas— afirmó haber sufrido discriminación. El estudio confirma que el fenómeno está asociado al tono de piel, puesto que el 70.8% de la población mexicana se ubica en tonos medios y oscuros, siendo este sector el que reporta los mayores niveles de exclusión.
La propuesta legislativa formalizada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sostiene que la igualdad no es negociable y que el Estado debe emitir un mensaje contundente de intolerancia hacia la humillación por origen, apariencia o identidad. Tras su presentación en el pleno, la iniciativa fue turnada formalmente a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República para su análisis técnico, discusión y posterior dictaminación.
LNY | Redacción