Zacatecas, Zac.- Geovanna Bañuelos exhortó a las secretarías de Seguridad Pública y fiscalías de las 32 entidades a fortalecer sus unidades especializadas y el intercambio de información con autoridades federales, ante el repunte de extorsiones que golpea con particular fuerza a Zacatecas, donde las víctimas crecieron 551% en un año.
La aspirante al Comité Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía por el PT, Morena y el PVEM señaló que la extorsión es uno de los delitos que más afecta la vida cotidiana de las personas, las familias y la actividad económica, pues no solo genera pérdidas materiales sino miedo, desplazamiento, cierre de negocios, pérdida de empleos y erosión de la confianza en las instituciones de justicia. La legisladora zacatecana subrayó que el delito se ha diversificado: a las extorsiones presenciales y al cobro de piso se suman ahora las cometidas por llamadas telefónicas, mensajes, aplicaciones digitales y redes sociales.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, retomados por la Confederación Patronal de la República Mexicana, en el primer semestre de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas de extorsión en el país, un incremento de 9.17% respecto al mismo periodo de 2025 y la cifra más alta para un primer semestre en once años. Diecinueve entidades reportaron aumentos y doce alcanzaron su máximo histórico para ese periodo; Morelos, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México y Baja California Sur presentaron las tasas más altas de víctimas por cada 100 mil habitantes. En Zacatecas las víctimas pasaron de 35 a 228 entre ambos semestres, un incremento de 551.4%, con una tasa de 13.2 víctimas por cada 100 mil habitantes que coloca al estado en el tercer lugar nacional.
Bañuelos sostuvo que el combate a la extorsión no puede depender únicamente del gobierno federal y que cada entidad debe asumir responsabilidades propias con estrategias locales que incluyan objetivos, plazos, indicadores y mecanismos de evaluación verificables. En ese sentido planteó intensificar la supervisión de los sistemas de inhibición de señales en los centros penitenciarios estatales y sancionar cualquier acto de corrupción u omisión que permita extorsionar desde el interior de las cárceles. También propuso que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, junto con los proveedores de telefonía móvil y los gobiernos estatales, amplíe las campañas para que los usuarios vinculen sus líneas móviles, con garantías de protección de datos personales.
La legisladora concluyó que enfrentar la extorsión exige coordinación, instituciones locales más fuertes y autoridades que respondan con oportunidad, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias y el empleo de quienes trabajan en el estado.
LNY | Redacción