Ciudad de México.- La legisladora Geovanna Bañuelos propuso la creación del Registro de Menores de Edad Huérfanos por Feminicidio, una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas que busca identificar y garantizar la incorporación inmediata de estos niños, niñas y adolescentes a programas de ayuda y protección.
La legisladora por Zacatecas fundamentó su propuesta señalando que, solo en su estado natal, se estima la existencia de 99 huérfanos por feminicidios en los últimos siete años. Indicó que la acumulación de al menos 94 feminicidios desde la emisión de la Alerta de Violencia de Género en 2018 hasta 2024, sumada a los 13 homicidios dolosos y cinco feminicidios registrados de enero a octubre de 2025, constituye una cifra lamentable y dolorosa que obliga al Estado a generar acciones a favor de los infantes en desamparo.
La iniciativa establece que la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas será la encargada de crear, administrar y mantener actualizado el registro. Para ello, se exige la coordinación con las instituciones de procuración de justicia, los sistemas estatales de atención a víctimas y demás autoridades competentes.
El documento detalla que la información se integrará con datos provenientes de ministerios públicos, tribunales, órganos jurisdiccionales, sistemas estatales de atención a víctimas, sistemas DIF federal y estatales, e instituciones de salud, lo que, según Bañuelos, construye una red de información sólida para evitar la actual dispersión en el tratamiento de estos casos. La información será estrictamente confidencial, rigiéndose por normas de protección de datos personales, seguridad informática, interés superior de la niñez y no revictimización.
La legisladora destacó que, actualmente, los menores que han perdido a su madre por feminicidio permanecen al margen de la estadística oficial, invisibles para las instituciones y expuestos a una cadena de vulneraciones que se prolonga más allá del crimen. Con esta propuesta, la incorporación al registro será automática y vinculante, obligando al Estado a reconocerlos inmediatamente como víctimas indirectas.
Este reconocimiento activará de forma obligatoria y prioritaria medidas de ayuda y asistencia, una valoración psicosocial especializada, acompañamiento jurídico y psicológico, y su integración al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Geovanna Bañuelos afirmó que los efectos sociales serán profundos, ya que el registro permitirá superar la incertidumbre sobre la custodia y los apoyos, además de hacer un seguimiento a largo plazo de la situación de los menores, verificando si reciben apoyo emocional continuo, si permanecen en un entorno seguro y si sus derechos son restituidos.
A nivel estructural, la creación del registro obligará a las fiscalías, tribunales familiares, DIF estatales, procuradurías de protección e instituciones de salud a trabajar de forma coordinada, compartiendo información y activando rutas conjuntas de atención. La iniciativa, concluyó Bañuelos, representa un posicionamiento claro de que ninguna infancia víctima de feminicidio volverá a ser invisible para el Estado mexicano, colocando a las niñas y niños en el centro de la política pública como una obligación concreta y verificable.
LNY | Redacción