Los derechos de nuestros niños
El martes pasado la Legislatura de Zacatecas, ejerciendo una de las facultades de mayor envergadura que la Carta Magna nos otorga, votó a favor las reformas constitucionales previamente aprobadas a nivel federal en materia de derechos humanos.
Formar parte del Constituyente Permanente es una atribución que el Poder Legislativo de Zacatecas no puede ni debe minimizar. Mucho menos en casos como el que se comenta, en el que se concretaron los anhelos de, cuando menos, 50 años de lucha democrática porque los derechos humanos obtuvieran rango constitucional y que se habían desarrollado y expresado en iniciativas concretas desde el 2005.
La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es un asunto nominal, en el que sustituyamos el lenguaje de las garantías individuales por el de los derechos humanos. Tiene que ver con un cambio radical de enfoque en nuestra tradición constitucionalista; pasaremos de un modelo pensado desde, por y para el Estado, a un modelo pensado desde, por y para la Persona.
Si la constitución de 1917 fue pensada en el contexto de un enfoque nacionalista y estatista, ahora iremos a la vanguardia promoviendo un discurso en el que se destierra la doble moral que caracteriza a los regímenes políticos pre-modernos que se concibieron en el siglo pasado para alimentar privilegios a sectores específicos; sea por razones de índole social, racial, económico, político, religioso o sexual.
Ahora, el texto constitucional guardará plena congruencia con los 50 tratados internacionales que nuestro país ha firmado en materia de derechos humanos.
Se reconocerán derechos fundamentales que no estaban explícitamente contemplados, y que por la vía del derecho internacional ahora lo estarán, como: el derecho a la vida, el derecho a la libertad sindical, el derecho de réplica (complementario a la libertad de expresión), el derecho a la alimentación y el derecho al agua.
Asimismo, se erradican las formas de discriminación y se establece el principio de que las personas puedan optar por la norma más favorable para ceñir su conducta a la legalidad. Ello, entre cuestiones múltiples, como las que tienen que ver con el refugio y el asilo político.
Esta reforma es una buena oportunidad para que retomemos la trascendencia de aquellos acuerdos a los que nos hemos suscrito en materia de derechos humanos como nación, y que desgraciadamente no hemos podido plasmar de forma cotidiana en nuestra vida pública.
Muchos de esos acuerdos ni siquiera los hemos podido expresar por la vía de las políticas públicas; mucho menos son parte del contrato social que los mexicanos construimos día con día.
En particular, quiero referirme a los derechos de los niños.
Y es que, aunque el discurso políticamente correcto ha asumido compromisos con sectores que ha denominado de forma lastimera como “vulnerables”: los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes.
Pero, de forma extraña, incluso el discurso políticamente correcto de la clase dirigente en México (y lo mismo sucede en Zacatecas) se rehúsa a incluir a los niños como sujetos de derechos.
Seguimos pensando, para nuestros adentros, que si en la vida de los niños está presente una especie de responsabilidad compartida entre los padres de familia, los maestros y la sociedad en su conjunto, entonces también sus derechos deben ser garantizados e interpretados por esos mismos actores. Como si estuvieran excluidos del contrato social en razón de no ser “ciudadanos”.
Esa interpretación no solamente es absurda y contradictoria con los derechos humanos (que son inherentes a la persona y no al ciudadano). Por fortuna será, una vez agotado el proceso de reforma previamente mencionado, anti-constitucional.
En Zacatecas tenemos una legislación reconocida como correcta y de avanzada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés). La Ley Estatal de los Derechos de los Niños y los Adolescentes es consecuente con las sugerencias de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia.
Sin embargo, tenemos un vacío pendiente en el que hemos insistido desde que inició labores la LX Legislatura esa Ley carece de reglamento. Por esa sencilla razón, sus efectos han estado extraordinariamente limitados.
Por eso, más allá de que llevemos juguetes, conciertos y festivales a los niños en estos días, que sin duda tienen un gran valor al contribuir a la alegría de un importante sector de la sociedad, nuestro mejor homenaje a la niñez zacatecana sería instrumentar mecanismos institucionales para su protección y desarrollo, y que ya están establecidos en nuestra legislación.
Nuestros niños no merecen un sistema que los reprueba por no poderles enseñar de manera adecuada; no merecen un sistema que los orilla a trabajar para su subsistencia; tampoco merecen la violencia con la que son tratados por familiares, maestros y sectores sociales.
Merecen recreación, educación, respeto y herramientas de acceso al conocimiento. Merecen una segunda oportunidad.
Si no, ¿Quién le va a dar una segunda oportunidad a este país? Solo ellos.
*Diputado local
