RAFAEL CANDELAS SALINAS
¿Qué está pasando en México? ¿Por qué cada vez más ciudadanos tienen que salir a las calles para exigir lo que las autoridades están obligadas a garantizarles? Y, sobre todo, ¿por qué tantas de esas manifestaciones terminan en enfrentamientos con la fuerza pública?
Este fin de semana, en Guadalajara, miles de ciudadanos salieron a manifestarse porque el agua que reciben en sus hogares está contaminada. Lo que comenzó como una exigencia legítima de un servicio elemental terminó en enfrentamientos con policías antimotines, gases lacrimógenos, personas lesionadas y decenas de detenidos.
El mismo fin de semana en la Ciudad de México, trabajadores y derechohabientes del sector salud salieron a protestar por el desabasto de medicamentos, deficiencias en la atención médica y en las condiciones en las que opera el sistema. Las movilizaciones terminaron igual.
En Zacatecas tampoco somos ajenos a esta realidad. Productores de frijol que reclamaban mejores condiciones de comercialización y el cumplimiento de los precios de garantía terminaron enfrentados con la autoridad. Antes, mujeres que participaban en las manifestaciones del 8 de marzo denunciaron actos de represión. Y qué decir de aquellas madres buscadoras que, durante un informe de gobierno, pretendían colocar unas mantas para recordar a sus hijos desaparecidos y terminaron siendo retiradas por elementos policiales.
Distintas ciudades, diferentes gobiernos y demandas que nada tienen que ver entre sí. Pero hay algo que comienza a repetirse peligrosamente: ciudadanos que reclaman, autoridades que no resuelven y policías que terminan interviniendo.
Sería irresponsable ignorar que algunas manifestaciones son infiltradas por grupos violentos, como el llamado bloque negro, que aprovechan las movilizaciones para destruir comercios, dañar espacios públicos, agredir a periodistas y enfrentarse con los cuerpos de seguridad.
Ninguna causa, por legítima que sea, justifica la violencia. El derecho a manifestarse tampoco concede licencia para destruir o agredir. La autoridad tiene no solamente el derecho, sino la obligación de preservar el orden público, proteger a terceros y garantizar la seguridad de todos, incluidos los propios manifestantes.
Pero una cosa es mantener el orden y otra muy distinta utilizar la fuerza para silenciar el descontento.
Y aquí es donde debemos poner el dedo en la llaga.
¿Qué está fallando?
¿Es la falta de respuesta oportuna de las autoridades? ¿La ausencia de funcionarios con sensibilidad y oficio político capaces de escuchar, negociar y construir acuerdos? ¿Es intolerancia frente a la crítica? ¿O estamos ante algo todavía más preocupante: gobiernos que simplemente han perdido capacidad para resolver los problemas cotidianos de la sociedad?
Probablemente sea una combinación de todo lo anterior.
Porque las manifestaciones rara vez comienzan el día en que aparecen las pancartas, generalmente vienen precedidas de semanas, meses y hasta años de solicitudes ignoradas, promesas incumplidas, reuniones infructuosas y puertas cerradas.
Cuando un ciudadano tiene que bloquear una carretera para que le paguen su cosecha, marchar para conseguir medicamentos o enfrentarse a la policía para exigir agua limpia, algo dejó de funcionar mucho antes de que comenzara la protesta.
La política, en su sentido más elemental, existe precisamente para evitar que los conflictos sociales terminen resolviéndose mediante la fuerza. Gobernar implica escuchar, anticiparse, conciliar, negociar y, sobre todo, resolver.
Para eso existe -se supone- toda una estructura gubernamental que debería servir como puente entre la sociedad y quienes toman las decisiones, sin embargo, pareciera que hemos sustituido a los operadores políticos por voceros, a los interlocutores por “influencers” y a las mesas de negociación por vallas metálicas.
Resulta más sencillo desplegar cien policías que sentar a cinco funcionarios a construir una solución, más cómodo descalificar a quienes protestan que reconocer las propias deficiencias, y, desde luego, mucho más fácil atribuir cualquier inconformidad a intereses políticos que asumir la responsabilidad de atenderla.
No se trata de justificar todas las protestas ni de condenar automáticamente toda intervención policial. Cada caso merece analizarse con objetividad, y cualquier abuso, provenga de manifestantes o de autoridades, debe investigarse y sancionarse, pero tampoco podemos acostumbrarnos a que las imágenes de ciudadanos y policías enfrentándose se conviertan en parte del paisaje cotidiano.
Cuando una sociedad comienza a perder la confianza en los canales institucionales para resolver sus problemas, probablemente es porque las instituciones han dejado de escuchar, y es entonces cuando las calles comienzan a hablar.
No olvidemos que detrás de cada manifestación hay personas, familias, necesidades y, muchas veces, desesperación. Nadie debería tener que arriesgar su integridad para exigir agua potable, medicamentos, seguridad o un precio justo por el producto de su trabajo.
Una sociedad que protesta puede ser, simplemente, una sociedad cansada de no ser escuchada.
Y un gobierno que necesita recurrir constantemente a la fuerza pública para enfrentar las demandas sociales debería preguntarse si el problema está realmente en las calles o dentro de sus propias oficinas.
Al final, quizá la pregunta más importante no sea por qué la gente sale cada vez más a manifestarse, sino por qué quienes fueron elegidos para escucharla y resolver sus problemas permiten que tenga que llegar hasta ese extremo.
Y esa es una pregunta que deberían hacerse todos los gobiernos. Porque cuando el diálogo fracasa y aparece la fuerza, lo primero que pensamos es que ha fracasado la política.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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