Zacatecas, Zac.- A partir de este 3 de septiembre, Transparencia para el Pueblo de Zacatecas reanudó los plazos para resolver recursos de revisión y denuncias por omisiones a obligaciones de transparencia, informó su titular, Miguel Ángel Ovalle Flores, quien detalló que este mes se notificarán 58 resoluciones y se iniciará el trámite de otros 291 expedientes acumulados.
De los 58 recursos de revisión que serán notificados, 28 concluyeron con el cumplimiento del sujeto obligado, ya sea porque entregó la información solicitada o porque el ciudadano se desistió de continuar el proceso. Los 30 restantes corresponden a casos en los que la autoridad garante determinó que hubo incumplimiento, por lo que ordenó revocar o modificar la respuesta entregada y exigió atender puntualmente el requerimiento original.
A esto se suman tres acuerdos de vista al superior jerárquico, mecanismo que antecede a la imposición de una medida de apremio, la cual puede ir desde un apercibimiento público o privado hasta una sanción económica, según la gravedad de la afectación al derecho de acceso a la información.
Ovalle Flores explicó que en septiembre arrancará además el trámite de 291 nuevos recursos de revisión, con lo que el órgano garante dará entrada tanto a los 94 expedientes heredados del extinto Instituto Zacatecano de Transparencia (IZAI) como a los 276 registrados desde mayo de 2025 a la fecha. En materia de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, el organismo notificará 26 resoluciones, de las cuales en 15 el sujeto obligado corrigió la omisión señalada.
El funcionario insistió en que el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos personales no depende únicamente de los sujetos obligados, sino también de que estos atiendan los requerimientos administrativos que exige el propio procedimiento ante la autoridad garante.
En ese sentido, señaló que 22 municipios no han remitido el nombramiento de su titular de Unidad de Transparencia, tampoco sus tablas de aplicabilidad ni han habilitado el Buzón SABAG, el canal de comunicación entre el órgano garante y los sujetos obligados. Agregó que el 80% de los medios de impugnación presentados actualmente se dirigen precisamente contra ayuntamientos.
Ovalle Flores advirtió que, de persistir la omisión por parte de los sujetos obligados, se iniciará el procedimiento correspondiente para el fincamiento de responsabilidades administrativas, el cual deberá ser impulsado por los órganos internos de control de cada dependencia, sin descartar tampoco la imposición de multas directamente por parte de la autoridad garante local.
LNY | Redacción