Ciudad de México.- El coordinador de los diputados federales verdes, Carlos Puente Salas, celebró la aprobación de una reforma estructural para combatir el feminicidio mediante un tipo penal único en el territorio mexicano. La modificación, propuesta por la presidencia de la República, unifica criterios ante la disparidad legal que fragmenta la justicia en el país.
La relevancia de este ajuste legislativo radica en la corrección de una asimetría jurídica que debilitaba la persecución del delito. Hasta ahora coexistían 32 descripciones penales del feminicidio, una por cada entidad federativa, además del marco federal, cada una con procedimientos de investigación y penalidades distintas. El estudio comparado que sustentó la reforma evidenció distorsiones graves: mientras que en el Estado de Zacatecas la sanción contemplaba de 30 a 50 años de prisión, en Durango se fijaba de 40 a 60 años, y en Jalisco la pena oscilaba entre los 40 y 70 años de privación de la libertad.
El desequilibrio normativo generaba problemas institucionales profundos. La diversidad de criterios minaba la confianza ciudadana en la procuración de justicia y dificultaba la cooperación penal entre estados, según argumentó el líder parlamentario. Las implicaciones sociales de esta reforma tocan la crisis de seguridad de género en el país: los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron un registro de 732 feminicidios a nivel nacional durante el año 2025.
En el ámbito regional, zonas como Zacatecas han documentado casos con un fuerte impacto en la opinión pública local. La unificación de la ley busca frenar la impunidad, estandarizar las agravantes y homologar las sanciones para ofrecer una respuesta institucional homogénea ante la violencia de género.
LNY | Redacción