El riesgo de la lucha social en Hidalgo
JACOBO CRUZ
La lucha de los compañeros antorchistas del estado de Hidalgo siempre ha sido difícil, no es novedad encontrarnos con actos de intimidación y represión oficial como sucede ahora con el morenista Julio Menchaca Salazar aunque la situación es de mayor gravedad en este caso, pues el 17 de mayo el domicilio de la líder Guadalupe Orona Urías fue atacado a tiros en el marco de la exigencia para que las autoridades respondan a una serie de demandas sociales del sector organizado que no se resignan a abandonar su lucha por una vida mejor.
En Hidalgo, los antorchistas han mantenido una lucha tenaz para que sus gobiernos destinen recursos para la construcción de carreteras y caminos de comunidades indígenas, para la aplicación de programas de empleo temporal, para la construcción y equipamiento de escuelas, para lograr la atención en clínicas rurales con la entrega de medicamentos, etc., en su momento los gobernantes priistas de ese estilo caciquil, negaron en rotundo la solución para no dar muestras de debilidad ante la exigencia de los pobres que han decidido corres el riesgo que implica la lucha social.
Recuerdo bien que con el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, quien estuvo en el cargo desde el 1 de abril de 2005 hasta el 31 de marzo de 2011, mandaba a detener los camiones que pagaba la gente para llevarlos a Pachuca; algo similar pasó con José Francisco Olvera Ruiz; en ambos casos se hicieron campeones de las reuniones, de los compromisos y de los incumplimientos.
Luego llegó al poder Omar Fayad Meneses, priista de hueso colorado, que gobernó desde el 5 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2022, con él hubo que empezar de nuevo todos los trámites para justificar cada una de las demandas, pero en realidad se trataba de ganar tiempo para fijar la postura ante la exigencia pública, lo que luego se comprobó cuando el 14 de junio de 2022 un grupo de jóvenes solicitaba subsidio para la Casa del Estudiante y pago a los maestros que durante más de dos años se les había negado su salario.
¿Cuál fue la respuesta? Se aplicó el uso excesivo de la fuerza pública y calló a los peticionarios, pero los funcionarios de Omar Fayad no quedaron satisfechos y pusieron una emboscada a Domingo Ortega Butrón, (líder de los transportistas que trasladaron a los estudiantes), supuestamente para entregarle los vehículos resultando que lo mantuvieron preso por casi medio año y al no encontrarlo culpable fue liberado el 22 de octubre de 2022, quien al ver la luz declaró tajante: “Mi libertad es gracias al antorchismo nacional”, pero su encarcelamiento fue la respuesta de un priismo represor que aplicó todo el poder del estado para someter y hacer desistir a los pobres en su lucha por la justicia social.
Dije al principio que con el ahora gobierno morenista las cosas se han vuelto más peligrosas, la tarde del 17 de mayo una noticia alertó a los antorchistas de todo el país, a las 19:45 horas cuatro individuos a bordo de dos motocicletas realizaron varios disparos frente a las oficinas del Movimiento Antorchista Hidalguense y frente al domicilio particular de la dirigente estatal de dicho Movimiento, profesora Guadalupe Orona Urías, en la colonia Luz de Carmen Ocón, en Pachuca, en un claro acto intimidatorio.
Para el antorchismo nacional el acto de violencia se trató de un acto criminal que busca evitar que se reanuden las protestas contra el gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar, luego de que durante 20 días los antorchistas instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir que se atendiera el pliego petitorio que Antorcha le entregó en 2023.
¿Cuáles son las demandas que irritan tanto al gobierno de la transformación?
El pliego petitorio contempla la devolución de una parcela arrebatada por la fuerza a campesinos de Huejutla, el pago de los salarios a profesores que han trabajado de forma gratuita por cerca de dos años, así como la construcción de nuevas escuelas. La otra demanda muy justa es la solicitud de regularización de más de 20 fraccionamientos populares en la ciudad de Pachuca, Tizayuca y Tulancingo.
La intimidación se da en plena campaña electoral donde los candidatos de Morena que aspiran a desempeñar un cargo público, aseguran que van a trabajar incansablemente al servicio de los demás; pero el gobierno de Hidalgo en los hechos demuestra que no hay nada nuevo para el pueblo pobre y organizado, por lo que en el tiempo que lleva en el poder Julio Menchaca Salazar hay evidencias de la intolerancia y carácter de dictadorzuelos antidemocráticos dispuestos a usar la violencia para ganarle a la población ayuna de obras públicas de trascendencia y huérfanas de autoridades que velen por el bienestar colectivo.
