El gobierno y las candidaturas ciudadanas
JAIME ENRÍQUEZ FÉLIX *
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo I garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que sea parte el estado mexicano, “cuya protección no puede restringirse ni suspenderse salvo en los casos y condiciones que establece la propia Constitución”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José señalan la obligación de respetar los derechos de los Estados –y por ende de sus ciudadanos- que forman parte de esta convención. “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
1. Participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa, o mediante representantes libremente elegidos.
2. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas., realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los terceros.
3. Tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
También señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de “EDAD, NACIONALIDAD, RESIDENCIA, IDIOMA, INSTRUCCIÓN, CAPACIDAD CIVIL O MENTAL, O CONDENA POR JUEZ COMPETENTE EN PROCESO PENAL”
La Constitución de la República y la Jurisprudencia Internacional, me otorga pues, el derecho de participar en una elección en el municipio en que nací, y en el Estado donde cinco generaciones que me anteceden han radicado de manera ininterrumpida. No tengo ninguna restricción de las que las normas nacionales e internacionales señalan.
Por eso, mi DERECHO A PARTICIPAR EN UNA CONTIENDA ESTATAL O LOCAL, NO OBLIGADAMENTE A SER CANDIDATO, PORQUE MI CANDIDATURA NO ES INDISPENSABLE, es imprescriptible e inalienable. Debe quedar a salvo MI DERECHO A DEFENDER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUIENES HOY NO TENEMOS PARTIDO Y QUE ESTAMOS HARTOS DE LA INTOXICACIÓN PARTIDARIA QUE NOS HA SUMIDO EN EL NEPOTISMO, EN LA AUSENCIA REAL DE ELECCIONES Y EN LA CORRUPCIÓN.
Nadie es indispensable, pero sí es imperativo asegurar la existencia de una ley que respete la individualidad y el derecho de elegir y de ser electo libremente, sin que los sumisos órganos electorales se supediten al gobierno en turno.
El amasiato que vive el Instituto Electoral de Zacatecas con el gobierno estatal, no es sino una forma de defender la permanencia en el poder, de quienes en un alumbramiento lúcido ascendieron a la gobernatura y que hoy se han sumido en la corrupción, la violencia y el nepotismo, presididos por un gabinete sin cabeza que recibe continuamente la censura popular. En esta condición, buscan inventar candidatos ciudadanos para dispersar el voto, para comprar partidos sin ideología y garantizar así su permanencia en el puesto.
Nuestro señor Gobernador no puede ni debe intervenir, y lo está haciendo con sus candidatos y con el órgano electoral que, como un pelele, obedece a la voz del amo.
Por eso el domingo 28 de abril presenté ante el órgano electoral zacatecano, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, a fin de que este organismo lo turne de manera inmediata al Tribunal Electoral del estado de Zacatecas, para su conocimiento y resolución.
Mi alegato contiene doce fojas por ambos lados, para proteger ese derecho, un original del oficio del IEEZ, de fecha 25 de marzo del 2013, y el original de la resolución formulada por el Consejo General del IEEZ respecto de mi registro preliminar para aspirar a la candidatura independiente a la Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de Zacatecas. Con 26 fojas útiles del frente.
La señora Leticia Soto está buscando dilatar mis enmiendas para que de hecho no pueda tener participación en la contienda, aunque jurídicamente el veredicto me sea favorable. La maniobra de la postergación o del destiempo es su artimaña. No lo va a lograr, porque existen responsabilidades jurídicas para este oneroso Consejo Electoral, que a los zacatecanos nos cuesta más de 300 millones de pesos al año.
