Proponen localización geográfica de celulares para investigar delitos

Con el objetivo de fortalecer las herramientas de la autoridad judicial para combatir delitos como secuestro, extorsión y amenazas, el senador Tomás Torres Mercado (PRD) propuso que los equipos de telefonía móvil cuenten con tecnología que permita su localización geográfica en tiempo real y con dispositivos o botones de emergencia para que los usuarios envíen señales de auxilio.

Mediante una iniciativa, también suscrita por senadores del PRI y el PAN, el secretario de la Comisión de Justicia planteó reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer que los concesionarios realicen el bloqueo inmediato de equipos de comunicación reportados como robados o extraviados, para que no puedan ser usados con otros chips o dispositivos.

El legislador por Zacatecas señaló que ante la ineficacia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), como una medida para combatir las llamadas de extorsión realizadas mediante celulares o equipos de radio comunicación desde los centros de readaptación social, es necesario que los concesionarios estén obligados, mediante la ley, a “informar a las autoridades sobre cualquier variación o interrupción en la funcionalidad de los equipos utilizados para inhibir o bloquear las comunicaciones en dichos lugares”.

La propuesta también plantea reformar el Código Federal de Procedimientos Penales para establecer sanciones, de cinco años de prisión y de mil a diez mil días de multa, a las autoridades que utilicen los datos e información proporcionada por las empresas de telefonía para fines distintos a los de investigación y persecución de delitos; así como a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones que se rehúsen a colaborar con la autoridad.

En la iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen, el legislador por Zacatecas dijo que el Ministerio Público o la autoridad judicial deberán solicitar, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la colaboración de los concesionarios en las investigaciones de delitos como secuestro, extorsión, amenazas y crimen organizado.

Además, pidió reformar el artículo 14 Bis y adicionar un artículo 14 Ter a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para establecer que “cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular la señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro del perímetro del establecimiento, garantizando la continuidad y seguridad de los servicios al exterior”.

Señaló que dichos equipos deberán ser operados por personal ajeno a los reclusorios, quienes estarán ubicados en centros remotos y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

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