SAÚL MONREAL ÁVILA
El huachicol fiscal dejó de ser una sospecha abstracta para convertirse en uno de los mayores desafíos contra las finanzas públicas y la seguridad nacional. Y el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura histórica del PAN, ha colocado nuevamente el tema en el centro de la discusión pública.
Ruffo fue detenido por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La investigación de la Fiscalía General de la República no surgió de la noche a la mañana: llevaba más de un año y comenzó a profundizarse después del aseguramiento, en julio de 2025, de 33 ferrotanques con combustible en Coahuila. A partir de ahí se siguió la ruta del dinero, de las empresas, de los permisos y de las operaciones aduaneras.
La dimensión del expediente es enorme, la FGR señala una estructura de al menos 25 personas y 11 empresas, con operaciones que habrían involucrado alrededor de 15.3 millones de litros de combustible no declarados y un posible daño al erario superior a 4 mil millones de pesos. El esquema, según la investigación, habría utilizado declaraciones aduaneras falsas o incompletas para introducir hidrocarburos pagando menos impuestos.
El día de ayer, la justicia dio otro paso con la imposición de prisión preventiva a la apoderada legal de Ingemar, la empresa de la cual es socio mayoritario Ruffo Appel.
Aquí aparece una pregunta inevitable: ¿dónde están quienes durante años exigieron cárcel, investigación y castigo contra cualquier funcionario vinculado a un escándalo de corrupción?
Hoy la hipocresía del PAN y de la derecha es tan contradictoria que hablan inmediatamente de persecución política y sabe cuántas maromas más, pero guarden silencio frente a la magnitud de una investigación que lleva más de un año y que ha llegado hasta un juez. La justicia debe investigar, juzgar y, si se acredita responsabilidad, castigar, sin importar partido, apellido o pasado político.
¿Y esto debería preocuparnos particularmente en Zacatecas?
El huachicol fiscal no solamente representa impuestos que dejan de ingresar, también puede financiar estructuras criminales, distorsionar mercados, generar competencia desleal, facilitar lavado de dinero y utilizar rutas logísticas que atraviesan distintas entidades. Una red de esta magnitud puede tener ramificaciones nacionales y afectar estados que, como Zacatecas, son estratégicos por su ubicación y por sus carreteras.
Por eso la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias. Que se determine quién organizó, quién facilitó, quién permitió, quién recibió y quién se benefició.
La verdadera prueba para la justicia mexicana hoy, es demostrar que en México nadie está por encima de la ley y si alguien convirtió el combustible en negocio criminal, tendrá que responder ante la justicia, tenga el color partidista que tenga.
Sobre la Firma
Senador, académico, fundador de Morena, fresnillense.
saul.monreal@senado.gob.mx
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