CARLOS PEÑA BADILLO
Con el registro de los siete aspirantes para las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, de Morena, inicia prácticamente el proceso electoral del 2027, aunque el INE tenga otros tiempos y otra percepción del trabajo por realizar.
Zacatecas, igual que otros 16 estados, tendrá renovación en la gubernatura y lo hará, ni duda cabe, con la estrategia ya conocida de Morena, de ganar a como dé lugar y, en caso de perder, impugnar la elección y buscar a toda costa ganarla en los tribunales electorales que, lamentablemente, están controlados por el poder presidencial.
La oposición hace su trabajo institucional con respeto a los tiempos electorales, pero trabajando de manera sería y profesional una coalición que permita constituir un proyecto político de gran nivel para competir por la gubernatura y, llegado el caso, aplicar un cambio de gobierno en Zacatecas.
Nuestro Estado, igual que México no enfrenta únicamente el desafío de unas elecciones intermedias en 2027 ni el de una renovación presidencial en 2030. Enfrenta algo cualitativamente distinto y mucho más grave: la posibilidad —no ya la hipótesis— de que el poder en turno no acate los resultados electorales, los impugne, los manipule o simplemente los ignore.
Y eso cambia todo.
Lo que hoy controla el Estado mexicano no es un partido político con orientación populista. Es una coalición de poder que ha desmantelado, de manera sistemática y deliberada, los aparatos del Estado y creado alianzas con el crimen organizado. Una narcodictadura que ha colonizado las fuerzas de seguridad, permeado al Poder Judicial —ahora subordinado tras la reciente reforma— y utilizado el andamiaje electoral como instrumento de legitimación, no como mecanismo de competencia real.
Este diagnóstico no es una metáfora ni una exageración retórica. Es la descripción funcional de un sistema en el que las decisiones sobre territorios, recursos y personas se adoptan en una intersección opaca entre el gobierno y el narcotráfico. Un sistema donde la violencia no es una falla, sino un instrumento de gobernanza.
Ante ese sistema, las lecciones de Perú y Colombia —donde organismos electorales técnicos y líderes con sentido institucional permitieron absorber resultados ajustados— son insuficientes como guía. México no enfrenta una democracia imperfecta. Enfrenta un régimen que usa la forma democrática para vaciar la democracia de contenido.
Rediseñar la arquitectura institucional —o crear las estructuras paralelas que la complementen— es el trabajo político más urgente que tiene México por delante. Y ese trabajo no lo hace nadie solo.
Las democracias no sobreviven únicamente gracias al voto. Sobreviven gracias a instituciones con músculo, liderazgos con coraje y ciudadanos que entienden que la democracia no es un estado natural de las cosas, sino una conquista que se defiende todos los días.
Lo que hace especialmente difícil la situación de México y Zacatecas es que el enemigo de la democracia no está afuera. Está adentro. Ha aprendido a hablar en nombre del pueblo mientras socava las estructuras que hacen posible que el pueblo decida.
México todavía tiene tiempo. Pero ese tiempo no es infinito.
Sobre la Firma
Diputado, exalcalde, voz opositora firme
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