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La emergencia previa al COVID: la violencia contra mujeres

ARGENTINA CASANOVA

El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y toda la administración pública federal cometen un grave error al reducir sin un análisis serio y objetivo, porque evidentemente no lo hay, de los recursos destinados a atender la emergencia de la violencia contra las mujeres, una emergencia previa al COVID-19.

Convencida de que no puede haber defensa férrea a un presupuesto si no es con el mismo interés por su uso racional, transparente, eficaz y eficiente, no haré una defensa a ciegas ni por otorgar un “cheque en blanco” como he sostenido en diversas intervenciones y espacios de opinión con actores y actoras de la agenda de Derechos Humanos de las mujeres, lo hago desde la exigencia de que se acabe también la simulación de la inversión, que realmente ha tenido un uso clientelar y proselitista, en muchas ocasiones.

La respuesta no es cancelar los fondos destinados a atender las Alertas de Violencia de Género en las entidades, o destinar fondos al Inmujeres, o seguir recortando a los fondos de Proequidad y Transversalidad, o los que en género se destinaban a través de Indesol, que son una obligación del Estado a partir del artículo 2 y 39 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que forman parte de las obligaciones de la Convención de Belem do Pará, como señala el Mecanismo de Seguimiento a través de su Sistema de Indicadores y da oportunidad a cumplir con las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW.

Quienes trabajamos y conocemos y estuvimos en la defensa de los fondos desde muchos años atrás, y sabemos lo que costó que se destinaran; no vengan a decirnos que les nació darlos, fueron resultado del trabajo y exigencia de muchas mujeres que nos antecedieron desde la sociedad civil organizada y destacadas y comprometidas feministas que pelearon a principios de la década del 2000 para que la Cámara de Diputados sostuviera los presupuestos con perspectiva de género. Aquí es claro nunca hubo ni habrá concesiones.

Hay que admitir que hubo errores. Pero para nada justifican que se reduzca hasta casi la extinción de esos fondos. Por el contrario, necesitamos todas, feministas y mujeres en los partidos políticos, hacer una revisión objetiva y mediada exclusivamente por el interés de la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas, partir de reconocer que si algo ha faltado son resultados, uso eficiente y eficaz de los fondos, no es posible justificar tanto dinero y por el contrario la violencia siguió creciendo y aumentando en forma sostenida. Es claro que falta un análisis congruente e integral acerca de cómo lograr resultados de impacto y no solo cuantificar números de acciones y presupuestos ejercidos.

No, no podemos ser cómplices ni complacientes en ningún sentido y con ninguna otra causa que no sea la vida y la dignidad de las mujeres, no con los contratos ni las licitaciones, ni las figuras de consultoras y asociaciones creadas ex profeso en algunas entidades y ligadas a funcionarios, para obtener contratos de los fondos destinados a la prevención de la violencia sin ninguna experiencia ni con el ácido rechazo a todo lo que tenga el sello de género, ni con la pasión y el furor de las convicciones institucionales.

No, solo con la vida y la dignidad de las niñas y las mujeres mexicanas que fueron y son asesinadas diariamente producto de la indiferencia y la complicidad asesina que alentó con la violencia estructural y sistémica, la violencia feminicida.

Urge, es vital y solo podemos partir del diálogo y el acuerdo a partir de mantener y sostener la inversión pública -obligada al Estado mexicano- para la prevención y atención de la violencia pero también es que se haga una inversión real en el gobierno federal y las entidades federativas y los municipios.

No hay vuelta de hoja, no hay diálogo posible, ni acuerdo ni podemos sentarnos a hablar si no es partiendo de que los montos destinados a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres es una emergencia anterior al COVID y en consecuencia debe mantenerse en paralelo a esta condición extraordinaria.

Puede y debe recortarse de todos lados posibles menos de la violencia contra las mujeres y la búsqueda de la igualdad para revertir la desigualdad histórica.

Y también es necesario partir de que, si vamos a luchar porque se mantengan los fondos, es igual urgente e innegociable que se comprometa el uso eficiente, racional y sin desvíos ni usos clientelares de los recursos de prevención y atención de la violencia en las entidades federativas. En contra de los recortes, a favor de la verdadera inversión.











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