Una década de violencia incontrolable en México

CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID

Durante la última década en México se han registrado más de 186 mil asesinatos de forma dolosa o intencional, datos que evidencian la incapacidad del gobierno federal para erradicar este grave problema social que continúa afectando la paz, estabilidad y tranquilidad en las diversas regiones de esta nación.

Queda claro que en esta década no se han implementado medidas adecuadas que logren ponerle freno a la violencia en México, la cual durante este periodo se ha visto rebasada por las autoridades locales y federales, principalmente en el Estado de México, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Uno de los causales más importantes del desmedido crecimiento del índice de homicidios y de inseguridad en el país, es la nula creación de una agenda legislativa y de gobierno con políticas públicas que en realidad generen que se erradique de raíz la violencia en México, pues las que actualmente se han implementado están fracasando en todos los sentidos.
Además, los altos niveles de impunidad y corrupción por parte de las autoridades locales y federales ha permitido la intromisión del crimen organizado en el control de municipios, lo que ha generado que grupos delictivos incidan en las decisiones políticas y económicas de muchas regiones de México.

Existen casos en los que integrantes de células criminales han intervenido para determinar a los perfiles que dirigen las áreas de seguridad y obras públicas en determinados ayuntamientos, derivado de eso se han venido dando enfrentamientos entre los diversos grupos armados con la finalidad de obtener el control de los gobiernos locales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), oficialmente la lucha contra el crimen organizado encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, dejó un saldo de muertes principalmente por violencia de 121 mil 683, estadística registrada en marzo del 2013, sin embargo, esa guerra fue equívoca pues murieron miles de mexicanos inocentes.

Mientras que en la administración que encabeza Enrique Peña Nieto, hasta enero del 2016, a tres años del inicio del sexenio, diversas investigaciones arrojan un total de al menos 65 mil asesinatos, intencionales o de forma dolosa, de los cuales la Secretaría de Gobernación (Segob) a principios de este año sólo reconoció 55 mil.

Debo destacar que durante el periodo de Felipe Calderón fue Chihuahua la entidad en que más asesinatos se registraron, la cifra rebasa a los 16 mil; en cambio, con Enrique Peña dónde más se han dado es en el Estado de México, con casi nueve mil ejecuciones, superando a Chihuahua y Guerrero, entidades que ocuparon los primeros lugares en el sexenio anterior.

Los tres años de gobierno de Peña Nieto han superado a la primera mitad de Calderón Hinojosa, además en ese periodo se presentaron hechos de violencia que indudablemente quedaron marcados en la historia de México. En algunas situaciones la participación del Estado mexicano ha sido la causa de los lamentables decesos.

Del 2014 al 2016 se han presentado claras situaciones que demuestran la incapacidad de las autoridades federales para evitar que se continúen dando muertes en México. Acontecimientos que son de conocimiento mundial debido a que dejaron como resultado la defunción de decenas de mexicanos, y en donde en algunas situaciones el uso desmedido de la fuerza pública ha estado inmerso.

Ejemplos, son la desaparición y probable muerte de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero; la matanza que encabezó el Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, y recientemente la represión en Nochixtlán, Oaxaca durante enfrentamientos de autoridades estatales y federales con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desafortunadamente ante los ojos del mundo la ola de violencia sigue en México, cada vez se da con mayor intensidad, hemos sido testigos de múltiples homicidios dolosos de los cuales la mayoría siguen impunes, debido a que las autoridades competentes no se preocupan y ocupan por impartir justicia.

Entre los más de 180 mil asesinatos la mayoría fueron a sangre fría, ahí se encuentran casos en los que los muertos son presidentes municipales, como Gisela Raquel Mota Ocampo, alcaldesa de Temixco, Morelos, Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, Guerrero y Domingo López González de San Juan Chamula, Chiapas.

Mota Ocampo y Soto Duarte fueron militantes activos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ambos llegaron a ocupar espacios en la función pública gracias al voto de la gente en favor del Sol Azteca, por ello en este instituto político condenamos todos los actos de violencia y muerte en México, entre los que se encuentran los asesinatos de nuestros dos compañeros durante este año.

En el PRD reprobamos la indiferencia con la que hasta ahora se han conducido los gobiernos federal y estatales ante los casos de violencia en el país; además, nos hemos pronunciado en contra de las pocas salidas de atención y solución ante los hechos sangrientos desencadenados en los últimos diez años, principalmente por la evidente existencia de autoridades coludidas con grupos criminales.

Urgen políticas públicas que atiendan y erradiquen los problemas relacionados a la violencia e inseguridad, además es necesario que las autoridades actúen con responsabilidad, apego a la ley, pero sobre todo con convicción de servicio a la gente, mediante mecanismos que realmente garanticen paz, estabilidad y tranquilidad en México.

* Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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