PRD acusa a gobiernos estatal y federal de «juego perverso» para beneficiar a mineras

Zacatecas, Zac.- El gobierno de Zacatecas, encabezado por el priista Alejandro Tello Cristerna, «pareciera» que desea manifestarse como representante de los intereses de los zacatecanos, cuando la realidad es que en un «juego perverso» actúa en representación de los intereses de las compañías mineras, en complicidad con el Gobierno Federal.

Tras la visita de Adriana Díaz Contreras, secretaria de Sustentabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en comunicado de prensa se explicó que en la entidad no deben desarrollarse actividades como las que realizan las empresas mineras Grupo Peñoles, Fresnillo PLC, Grupo Frisco, Grupo México y Goldcorp, debido a que su operación genera daños irreversibles al medio ambiente y provoca un severo desequilibrio al sistema ecológico.

Sin embargo, Tello Cristerna realizó gestiones para que la Semarnat no emitiera el decreto por el que se declararía Área Natural Protegida, con el carácter de Reserva de la Biosfera, a la región conocida como Desierto Semiárido de Zacatecas, alegando que la minería tiene mucha importancia en la economía estatal y que genera empleos.

Por ello, se anunció que para coadyuvar en la solución de este grave problema ecológico, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya prepara un Punto de Acuerdo, en donde exhortarán al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para  que disponga lo necesario y emita el Decreto echando atrás las negociaciones realizadas por el gobernador zacatecano.

Piden además que las concesiones para operar, otorgadas a estas empresas, «deben de ser revocadas debido a su carácter ilegal y por ser altamente dañinas del medio ambiente y por generar serios riesgos a la salud de la población que habita en las regiones donde esas empresas están operando».

Díaz Contreras, en conferencia de prensa, recalcó que Tello Cristerna, por un lado, reconoce que la actividad realizada por las empresas mineras provoca daños al medio ambiente y en razón de ello promovió el Impuesto Ecológico, que fue aprobado por la LXII Legislatura, pero por otro lado evitó la declaración de Área Natural Protegida.

Acompañada por el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Camerino Márquez, así como del líder estatal, Arturo Ortiz Méndez, la perredista aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallará a favor de las empresas contaminantes, pero «el gobernador entonces dirá que hizo lo posible por beneficiar a los zacatecanos, pero que la intromisión de la Federación no se lo permitió».

Y agregó: «Es un juego entre el poder estatal y el poder federal, ambos protegen los intereses de las empresas mineras, incluidas las transnacionales».

Adriana Díaz mencionó que ha llegado el momento de que el Gobierno del Estado impulse el desarrollo económico y social del estado, pero a través de proyectos productivos socialmente necesarios, ubicados donde la población tiene menores recursos, que generen empleo, ingreso y consumo, para mejorar las condiciones generales de vida de la gente.

«Esa es la obligación fundamental del gobierno, proteger los intereses de la gente, generar bienestar para la población, el empleo que se cree no deberá provenir de actividades que dañen el medio ambiente, porque dañan la salud de la población, destruyen su patrimonio y el de las siguientes generaciones y se atenta contra el desarrollo sustentable del país».

Cabe recordar que en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de junio de 2014, la Semarnat publicó el estudio realizado que sustenta la expedición del decreto por el que se declararía Área Natural Protegida, con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Desierto Semiárido de Zacatecas, que cuenta con una superficie del orden de dos millones 577 mil 127 hectáreas, que está localizada en los municipios de General Francisco Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción, del Oro y Mazapil.

Al final, el gobierno de Tello Cristerna propuso que dicha zona protegida debería estar en la zona de los Cañones, para no afectar el desarrollo económico de Zacatecas.

LNY/Redacción

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