Urge Noemí Luna entrega de estudios de factibilidad del segundo piso en Zacatecas
Ciudad de México.- En respuesta a la controversia generada por el proyecto impulsado por el Gobierno del Estado, encabezado por David Monreal Ávila, para construir un viaducto elevado en la capital de Zacatecas, Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, llevó a la Cámara de Diputados las inquietudes de los ciudadanos que rechazan la obra. Además, denunció posibles irregularidades que podrían constituir actos de corrupción.
La legisladora presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, actualmente en funciones, para expresar el rechazo social al denominado “segundo piso”. En dicho documento, solicitó a las autoridades federales y estatales que realicen un dictamen de factibilidad del proyecto para evaluar su viabilidad y prevenir que esta iniciativa se convierta en lo que calificó como el “robo del siglo”.
El exhorto lo hizo a la federación, mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y al estado, a través del Gobernador David Monreal, Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), puesto que lamentó que el Ejecutivo no escuche e imponga el “negocio familiar” a las necesidades urgentes de la población.
El objetivo del llamado de Noemí Luna es para tener la certeza de que el Gobierno del Estado cuenta con los permisos necesarios. Esto, ante el inminente inicio de los trabajos con un costo de tres mil 652 millones de pesos que son rechazados por gran parte de los habitantes y por lo que el Alcalde panista del municipio, Miguel Varela, se negó a otorgar las licencias correspondientes y realizó movilizaciones para detener la obra.
En el documento la Diputada señaló que es necesario y urgente que el INAH dé una opinión y un dictamen de factibilidad de la construcción del viaducto elevado, que tendrá la pequeña longitud de 3.4 kilómetros, a razón de un costo mayor a un millón de pesos por cada uno, y que modificará permanentemente la imagen urbana, poniendo en riesgo la declaratoria de Patrimonio Mundial, otorgada por la UNESCO hace tres décadas.
LNY/Redaccción