La Casa de los Perros: Lista la lista de ocho para Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La nueva gobernanza, al defender sus filias y fobias, al priorizar la venganza sobre los intereses de Zacatecas, trae al estado de cabeza.
Y al ritmo de este sinuoso vaivén ha llevado consigo al Poder Legislativo que, tras un año y dos meses, sigue sin timón, dando tumbos y enfrascado en interminables luchas intestinas.
A la diputada del Verde, Fernanda Miranda Herrera la dejaron sola. Sin autoridad para lograr acuerdos, no ha sido capaz siquiera de conciliar intereses para conseguir, por lo menos, que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sesione.
Y ni se diga pactar para armar una terna que se pueda presentar ante el Pleno y por fin elegir al titular de la Comisión de Derechos Humanos, acéfala desde hace seis meses.
Tan ha sido inhábil la diputada Fernanda Miranda que ahora le ha saltado una liebre. El abogado Jorge Rada Luévano, del Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna), y quien con casos bien armados se ha convertido en el jaque de la nueva gobernanza, tiene a su favor 18 votos para alzarse como el nuevo ombudsman de Zacatecas.
En la casa paterna de la legisladora, el que a Rada Luévano sólo le falten dos votos para alcanzar la mayoría requerida cayó como balde de agua fría. El proceso legal que, en contra del alcalde capitalino y exsecretario de Finanzas en el quinquenio de las herencias malditas, Jorge Miranda Castro, y su hijo, lleva el abogado zacatecano representando a la empresa Sistemas y Servicios para Alumbrado Público Municipal SA de CV (Siser), hace las sobremesas familiares muy incómodas.
El hecho de que el padre y hermano de la diputada hayan sido denunciados por los delitos de corrupción, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas, cohecho, intimidación, fraude y extorsión, y que ahora el abogado que lleva el caso cuente con la simpatía de una mayoría de legisladores, no es de Dios.
De ahí que algunos integrantes de la LXIV Legislatura pongan en duda los lamentos de Fernanda Miranda sobre la incapacidad de nombrar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ella sabe que, en estos momentos, el horno no está para bollos y Jorge Rada podría convertirse en el mero mero.
Atorados
Pero el caso del ombudsperson no es el único atorado en el Poder Legislativo, ahí está también la posibilidad de entregar al siempre beneficiado empresario Eduardo López Muñoz, la concesión del estadio “Carlos Vega Villalba”, mejor conocido como “Francisco Villa”, por 30 años.
Este estadio, sede de Los Mineros de Zacatecas desde 2014, ha tenido varias ampliaciones, una la construcción del segundo nivel con una inversión de 40 millones de pesos. Ahora quieren hacerle mejoras para pasar con 10 el proceso de certificación de la Federación Mexicana de Futbol.
Eduardo López Muñoz, del Grupo Islo, como dueño del equipo de segunda, o de la Liga de Expansión MX, como guste llamarle, tenía casi amarrada la concesión. La secta había dado su visto bueno.
Pero el humor cambió y ahora las cosas se complicaron. La orden a los diputados de Morena y rémoras fue darle tiempo al tiempo. Total, qué tanto es tantito.
Mientras, la posibilidad de que Mineros de Zacatecas cumpla los requisitos de la Liga MX y pueda jugar en la primera división se esfuman. Eso de mejorar el equipamiento, principalmente las butacas, los baños y el estacionamiento lleva su tiempo, y la verificación estaría programada para marzo del 2023.
¿Pero qué son unos días, o meses para la secta, cuando lleva ya un año destruyendo a Zacatecas?
Listos los ocho
Tanta estira y afloja, tanta indecisión, tanta ineficacia, tanto interés personal parece se podría llevar también entre las patas al proceso electivo de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas que quedará vacante.
Ayer, con 20 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones fue aprobado el dictamen que declara idóneos y elegibles a los 21 profesionistas que se registraron y cumplieron con los requisitos para ocupar la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.
Y ayer mismo, los diputados coincidieron, en una primera instancia, en que la lista de ocho elegidos que será enviada al Ejecutivo para que, a su vez, la regrese sólo con cinco nombres, estaría integrada por: Margarita Ureño Medina, Araceli Esparza Berumen, Hilda Lorena Anaya Álvarez, J. Guadalupe Chiquito Díaz de León, Armando Ávalos Arellano, Guadalupe Alejandro González Navarro, Miguel Rivera Villa y Diego Alfonso Dávila.
De estos ocho palomeados, los que, según los legisladores, tendrían más oportunidad de acceder a este jugoso hueso que deja Uriel Márquez Cristerna son el magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Armando Ávalos Arellano, y el exdirector de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de las herencias malditas, Miguel Rivera Villa.
Este es el acuerdo al que habrían llegado ya los diputados, el problema es cuando hace acto de presencia la secta y todo, absolutamente todo lo echa a perder.
Y eso que todavía falta lo referente al titular del Órgano Interno de Control y, viene lo bueno, el Paquete Económico 2023.
Corneados
Cuando el senador Ricardo Monreal Ávila se lamenta y exige indignado castigo severo en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por aquello de que ignoró olímpicamente una orden judicial, a todos viene a la mente lo sucedido con el Serial Taurino de la fallida Feria Nacional de Zacatecas 2022.
Pero como Zacatecas es tierra aparte…
La cuestión es que lo sucedido con el Serial Taurino no tiene visos de llegar a su fin de buena manera. Por lo pronto, el Juzgado Segundo de Distrito resolvió sobreseer el Juicio de Amparo del Festival Taurino por el simple hecho de que, como se explica en la sentencia, los actos que originaron el pleito se consumaron irreparablemente.
Hubo corridas y se sacrificaron toros frente a un público, así haya sido muy escaso, por lo tanto, hubo desacato a la orden judicial. Ni vuelta de hoja.
Por eso la juez Verónica Araceli Loera Raudales prefirió aplicar la de Poncio Pilatos y mejor ordenó dar vista al ministerio público federal, de ahí que el incumplimiento a la suspensión definitiva sigue su curso y la carpeta de investigación está ya en la Fiscalía General de la República –uno de los brazos armados del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Que nadie se confunda, el caso no está cerrado y ya fue turnado a las Oficinas Centrales de dicha dependencia para continuar con la indagatoria.
Todo este terrible embrollo, originado por un capricho, tiene en jaque al grupo que conformó el Comité de Organización de la Feria Nacional de Zacatecas.
Por lo pronto, trascendió, los funcionarios de la nueva gobernanza habrían sido citados a Palacio Nacional en donde se analizó el asunto. Ahí, se firmaron algunos documentos y se les recordó la máxima de la 4T: Si te descubren te callas y te echas la culpa.
La Asociación Colecna ya solicitó el reconocimiento cómo víctimas dentro de la denuncia penal y no quitará el dedo del renglón. Es más, como al llegar este caso a terrenos de la 4T en la Ciudad de México, el que se politice es el siguiente paso, el Colectivo Nacional Anticorrupción ha solicitado el apoyo de grupos antitaurinos de México, Colombia y España que están listos para hacer el escándalo que se tenga que hacer.
Hay que señalar que la jueza Loera Raudales, muy lista, no agregó en el caso al inquilino de La Casa de los Perros, a pesar de ser la cabeza de la organización y quien rindió el informe justificado ante la instancia judicial.
Como es costumbre en la 4T, todo caerá sobre los de abajo, que en este caso serían el director del DIF, Víctor Humberto de la Torre Delgado, y la coordinadora general de la Fenaza, Yaset Hernández Huerta.
Aunque también están en el mole, el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo y hasta Ángel Muñoz Muro, de la Función Pública, pasando obviamente por el (des)coordinador jurídico Humberto Hernández León.
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