La Casa de los Perros | La farsa electoral al descubierto
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El Consejo General del INE actuó con contundencia al remover a Israel Guerrero de la Rosa, consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), por votar a favor del registro de su suegra como candidata suplente de la coalición PAN-PRI-PRD en Guadalupe, Zacatecas.
La decisión, aunque técnica y basada en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no oculta el hedor a podredumbre que emana del sistema electoral local.
Guerrero de la Rosa no solo incumplió con excusarse —obligación elemental ante un conflicto de interés—, sino que alegó ignorancia, como si su cargo no implicara revisar meticulosamente los registros que avala.
Revelador resultó no su falta de ética, sino su patética defensa: alegó que los documentos le llegaron una hora antes de la sesión y «no tuvo tiempo» de revisarlos.
¿Acaso los consejeros electorales, custodios de la democracia, aprueban candidaturas sin leer? ¿Votan a ciegas, como si eligieran menú en un restaurante y no representantes públicos?
El INE actuó correctamente al destituirlo, pero el problema es más profundo. Israel Guerrero no era un funcionario improvisado: era parte de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, encargada precisamente de garantizar que los procesos fueran limpios y legales.
Si ni siquiera él, supuesto experto, revisó los expedientes, ¿qué esperar del resto? Su excusa no lo absuelve; lo condena. Deja ver un sistema donde la prisa, la dejadez y la opacidad son la norma. Si los documentos se circulan a última hora, no es por casualidad: es para que nadie los examine.
Eso sí, la sanción es selectiva. Mientras Guerrero de la Rosa cae, otros consejeros —el presidente Juan Manuel Frausto, y Sandra Valdez, Yazmín Reveles— fueron absueltos pese a las denuncias de parcialidad. Más aún: los exconsejeros Brenda Mora, Carlos Casas y Arturo Sosa escaparon al sobreseimiento, evidenciando que la rendición de cuentas en el IEEZ llega tarde o nunca.
El INE, eso sí, se apresuró a aclarar que no hubo pruebas de que Israel Guerrero manipulara el recuento de votos. ¿Consuelo? No. Sólo la confirmación de que la corrupción electoral opera en sombras, no siempre rastreables.
Morena, con razón, pero también con hipocresía, celebra la remoción como un «hecho histórico».
Su dirigente Rubén Flores Márquez clama que el PAN tenía «comprados» a los consejeros, mientras Roxana Muñoz González tilda de «farsa» la imparcialidad del IEEZ.
Pero su indignación es oportunista y cíclica: cuando pierden, el sistema está podrido; cuando ganan, callan. Flores Márquez incluso acusa, siempre sin pruebas, al alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, de «mafias» y fraude, aunque olvida que Morena es un as en esas tácticas. La crítica no limpia su propio lodazal.
Lo grave aquí no es únicamente la falta de ética de un consejero, sino la estructura que lo permitió.
El INE exige excusas formales, pero no vigila los intereses ocultos. Morena denuncia, pero no propone. Y los partidos tradicionales —PAN, PRI, PRD— siguen tejiendo alianzas en los consejos electorales, como si la democracia fuera un trueque de favores.
Zacatecas es un espejo: refleja un sistema donde la justicia llega sólo cuando conviene, y donde la desconfianza ciudadana no es paranoia, sino diagnóstico.
Zacatecas es un microcosmos de la democracia mexicana: frágil, manipulable y llena de actores que improvisan. Si los consejeros no leen lo que aprueban, si los partidos sólo denuncian corrupción ajena y si el castigo siempre llega tarde y a medias, entonces el problema no es un hombre, sino un sistema podrido.
La ciudadanía merece más que funcionarios que votan sin mirar y gobernantes que únicamente ven sus propios intereses.
La traición al magisterio
El discurso oficial insiste en que la educación es la base del desarrollo, pero en México y Zacatecas los maestros han sido tratados como piezas desechables de un sistema burocrático que los asfixia.
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en teoría un mecanismo de evaluación justa se ha convertido en una máquina de frustración y precarización laboral.
Promesas de transparencia que se desvanecen en listas de prelación opacas, ascensos que parecen rifas y una estructura que castiga la experiencia en lugar de premiarla.
El senador Saúl Monreal Ávila ha levantado la voz con una iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional, una propuesta que no solo pretende corregir las fallas del sistema, sino saldar una deuda histórica con el magisterio.
No es un simple ajuste burocrático: es una respuesta a años de indignación acumulada.
La reforma busca acabar con la discrecionalidad en el ingreso al servicio educativo, garantizar igualdad de oportunidades y establecer un sistema de estímulos que valore la trayectoria de los docentes. En otras palabras, devolverles la dignidad que se les ha arrebatado.
Pero no basta con reformar: hay que extirpar de raíz el problema.
Monreal exige la eliminación del USICAMM, una estructura que ha sido denunciada una y otra vez por su arbitrariedad. Las plazas se asignan con criterios opacos, los puntajes de evaluación resultan incomprensibles y el descontento crece a niveles insostenibles. ¿Cómo es posible que maestros con expedientes impecables sean desplazados por un algoritmo impersonal y fallido?
No se trata solo de un asunto administrativo, sino de un problema de fondo: si México no respeta a sus maestros, no tiene futuro.
La educación no puede estar en manos de un sistema que premia la mediocridad y castiga el mérito. Si la reforma avanza, será una victoria para los docentes y para el país; si se queda en el cajón de las promesas incumplidas, será otra traición más a quienes sostienen el sistema educativo con su esfuerzo diario.
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