La Casa de los Perros: Empresas fantasma
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Soledad Luévano Cantú, escoltada por varios representantes de los medios de comunicación, llegó hasta la Procuraduría General de la República (PGR) y presentó la anunciada denuncia en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, quien hoy disfruta de oficina nueva en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Y como se informó en lasnoticiasya.com la denuncia incluye al ex secretario de Sinfra, Mario Rodríguez Márquez; al actual titular de esa área, una de las caras viejas de este Gobierno Diferente, José Francisco Ibarguengoitia; al ex de Finanzas, Fernando Soto, y claro está, al ex contralor y ex tesorero, Guillermo Huizar.
La acusación es por la probable comisión de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, ejercicio abusivo de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por una simple razón: Simulación de operaciones con comprobantes fiscales.
El daño es por más de 307 millones de pesos.
Y es que, según la denuncia, empresas que prestaron servicio en la administración del ex gobernador se dedican solo a vender facturas, como quien dice, están en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Soledad Luévano exhibió su propia lista de 24 personas físicas y morales, de las cuales al menos siete sí está boletinadas, y las restantes 17 están bajo sospecha de las autoridades tributarias.
Algunas de ellas son: Construcciones La Cobadonga SA de CV; Construcciones y Administradores del Centro SA de CV; Construcciones y Administradores del Centro SA de CV; Virvaz Construcciones SA de CV. Son sospechosas y sí tuvieron relación millonaria con el Gobierno de Zacatecas.
Ayer mismo, circuló la versión de que José Arellano Cervantes, de la empresa Hábitat S de R de L, es uno de los mirreyes que no dejaban dormir a los vecinos de La Alameda con su bar La Diez.
Discusión
Esta situación originó una discusión en el pleno de la LXII Legislatura, en donde sólo Carlos Peña Badillo y Lyndiana Bugarín salieron en defensa del ex mandatario. Los demás guardaron silencio.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, fustigó a Miguel Alonso y señaló que los señalamientos no son al final de cuentas una leyenda urbana, ya que la situación ha sido reconocida por el mismísimo inquilino de La Casa de los Perros.
Y además hizo referencia a la publicación del diario Huffington Post de Estados Unidos, donde destaca al Drem team de los gobernadores corruptos en México. El «11 ideal» lo componen: Fausto Vallejo, Rubén Moreira, Ángel Aguirre, Javier Duarte, César Duarte, Jorge Herrera, Rodrigo Medina, Egidio Torre, Roberto Borge, Guillermo Padrés, y «la cereza del pastel: Miguel Alonso Reyes».
Carlos Peña subió a Tribuna a «defender lo indefendible», y con ello asentó que Miguel Alonso no se equivocó al apoyarlo en su candidatura a diputado. Los otros, nada qué ver, son de corta memoria.
Sujetos obligados
Sólo quedan cinco días para que los sujetos obligados conformen su respectivo Comité de Transparencia y notifiquen al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI). De no hacerlo, se hará uso de las medidas de apremio que se establecen en la Ley de Transparencia Local.
Por lo pronto, y a pesar de los múltiples llamados, son 16 los municipios que no han acatado las disposiciones de Ley. Ellos son: Cañitas de Felipe Pescador; Chalchihuites; Florencia de Benito Juárez; Genaro Codina; Enrique Estrada; Juan Aldama; Mazapil; Melchor Ocampo; Miguel Auza; Morelos.
También están en la misma sintonía Ojocaliente; Pánuco; Sain Alto; Tabasco; Teúl de González Ortega, y Villa González Ortega.
Y si bien, los los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hicieron lo propio, como también los órganos autónomos, son dos sindicatos de los que hasta ahora no se sabe nada de su Comité de Transparencia. Estos son: el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Zacatecas.
De cualquier forma, el balance hasta hoy es positivo, pues de 153 sujetos obligados, 153, un 86.6% ya están a mano con la Ley y la ciudadanía; se está a la espera del 13.3% para concluir con este proceso.
Por cierto, para quienes creen que la autonomía de la Máxima Casa de Estudios del estado lo exime de su obligación de transparentar está muy equivocado. Al recibir recursos públicos, al cobrarse un impuesto para su sostenimiento, lo menos que tienen que hacer es entregar las cuentas claras a la ciudadanía. Faltaba más.
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