La Casa de los Perros | El segundo piso que sepultó a un gobernador

CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ

Una maquinaria de hierro y soberbia será finalmente retirada por completo del corazón de Zacatecas. No fue la fuerza del gobierno, ni el ímpetu de una administración eficaz lo que la desmontó: fue la voluntad ciudadana, esa marea silenciosa y terca que, frente a la imposición y el desprecio por la ley, alzó la voz y venció. Se acabó, por ahora, la pesadilla del segundo piso. Pero que nadie cante victoria aún: la historia no termina con la retirada de las grúas, sino con el esclarecimiento del daño causado.

Desde 2022, el gobierno del inquilino de La Casa de los Perros alimentó un fideicomiso destinado a la construcción de este viaducto elevado. No con recursos extraordinarios, no con fondos etiquetados para infraestructura, sino con el dinero que debía atender necesidades básicas. Se desvistieron escuelas, clínicas, calles, y comunidades para vestir a un capricho que nunca tuvo legitimidad. Para diciembre de 2024, ese fideicomiso había recibido mil 506 millones de pesos. Hoy, el monto actualizado se desconoce. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuánto se entregó a la empresa? ¿Qué contratos, qué pagos, qué cláusulas deben cumplirse aún? Nadie en el gobierno ha respondido. Nadie ha mostrado un informe financiero íntegro. Y el silencio, aquí, no es ignorancia: es encubrimiento.

El iluso secretario general, Rodrigo Reyes Mugüerza, quiso girar el reflector hacia una presunta «corrupción judicial». Acusó, sin pruebas, a jueces federales de actuar en colusión con actores políticos, de bloquear el desarrollo por intereses partidistas. Como si la ley estorbara. Como si el debido proceso fuera un estorbo menor ante el mandato de la necedad. Se atrevió a hablar de una «estrategia bien planeada» entre jueces y oposición, mientras su administración jamás exhibió los permisos federales que decía tener, ni el consenso social que fingía encarnar.

El alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, resistió. No se dobló ante las presiones del poder estatal ni ante la embestida de una estructura política que todo lo quiere someter. Fue claro y firme: la obra no tenía permisos municipales, violaba normativas y carecía de respaldo ciudadano. Hoy puede decir que Zacatecas ganó, no por él, sino gracias a su decisión de no traicionar al pueblo que gobierna. En tiempos donde la cobardía se disfraza de institucionalidad, su postura fue un acto de integridad.

El gobernador David Monreal, en cambio, se aferra a su retórica del mártir del progreso. Se llama a sí mismo “necio” y lo confirma con cada declaración. Repite que la obra se hará “tarde o temprano”, como si gobernar fuera una cruzada personal, no un ejercicio democrático. Como si la legalidad fuera flexible y el pueblo un obstáculo a esquivar. Repite frases huecas sobre el desarrollo, mientras es incapaz de rendir cuentas claras. No se trata ya de infraestructura: se trata de verdad, de responsabilidad y de justicia.

Porque lo que se ha revelado es un fracaso monumental. No sólo técnico o jurídico, sino ético. Un proyecto sin sustento, sin planeación, sin legalidad ni respaldo social. Un proyecto que consumió recursos vitales mientras Zacatecas se desangraba en inseguridad, pobreza y abandono. El segundo piso ha sido cancelado, sí, pero sus consecuencias siguen de pie. El daño está hecho, y no puede ser sepultado bajo discursos vacíos ni promesas de “reconfiguración”.

Es momento de exigir lo esencial: transparencia total del fideicomiso, auditorías independientes, rendición de cuentas públicas y, si corresponde, procesos legales contra quienes manejaron recursos del pueblo como si fueran suyos. No basta con cancelar el contrato: hay que responder por cada peso, por cada metro intervenido, por cada afectación causada.

En este episodio no se disputó sólo una obra, sino la idea misma de gobierno. Ganó Zacatecas, pero el precio fue altísimo. Y el rostro del derrotado no es sólo el del gobernador que hoy se esconde tras excusas: es el de un régimen que creyó que el poder es impunidad.

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