La Casa de los Perros | Crónica de una Banda Desafinada
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La historia de un pueblo también se cuenta por el sonido de sus bandas. En Zacatecas, ese sonido lleva diez meses en silencio, amortiguado no por la ausencia de talento, sino por el estruendo de un conflicto que desnuda la entraña podrida de la política cultural mexicana.
A días del inicio del Festival Cultural de Zacatecas 2025, el escándalo alrededor de la Banda Sinfónica del Estado no es un accidente: es el eco de viejas rencillas, de venganzas camufladas y de una gestión pública que desafina más que armoniza.
Como si fuera obra del destino —o del demonio que habita en los pequeños despachos de La Casa de los Perros—, este drama comienza con una inhabilitación dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa contra Salvador García, exdirector de la Banda.
Según el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, el maestro habría recibido depósitos irregulares de algunos municipios. La acusación, sin embargo, no nace en esta administración, sino en la del priista Alejandro Tello. Y, como en toda buena tragedia mexicana, el castigo no llegó cuando debió, sino cuando más convino políticamente.
González Romo aseguró que el relevo sería mediante un concurso de talento. Pero luego, sin rubor, confesó que se propuso también la designación directa de uno de los hijos del maestro.
“Nada excluye al hijo, solo lo pone a competir”, dijo, como si la institucionalidad se resolviera en la ruleta rusa de la conveniencia personal. Palabras tibias para una hoguera que arde.
Y esa hoguera tiene nombre: Arturo García Ortega, hermano del inhabilitado y, a juicio de sus documentos oficiales y de un juez federal, aún director de la Banda Sinfónica.
Pero para el Instituto Zacatecano de Cultura —dirigido por María de Jesús Muñoz Reyes—, el director será otro, invitado y externo, para el tradicional concierto de Jueves Santo. Un concierto que, dicen los músicos, se prepara en secciones y con la amenaza de boicot.
¿Quién desafina en esta partitura institucional? ¿Quién ejecuta el solo de poder por encima de la legalidad? Porque si hay una suspensión definitiva, otorgada por un juez federal, que impide remover a García Ortega y obliga a mantener el statu quo, entonces cualquier intento de imponer un nuevo director raya en el desacato.
La diputada panista Maritere López y el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) Alejandro Rivera Nieto han hecho de este escándalo su estandarte.
Exigen transparencia. Claman por la destitución de la directora del IZC. Preguntan, como todos deberíamos preguntar: ¿dónde están los recursos de la Banda que lleva meses sin sonar? ¿Por qué se insiste en romper con casi un siglo de tradición para imponer decisiones sin consenso y sin respaldo legal?
La historia no sería tan amarga si no se repitiera tanto en nuestro país. La cultura, maltratada por la politiquería, usada como botín o escudo, según convenga al gobernador de turno o al partido de ocasión.
Aquí no se trata solo de músicos desplazados ni de un juez ignorado. Se trata de una sociedad que ya no sabe si escuchar a su sinfónica o a su clase política. De una partitura que fue escrita para la armonía, pero que hoy suena como marcha fúnebre.
“Es mucha saña contra una familia”, dijo Arturo García. Pero es más que eso. Es saña contra la legalidad, contra la memoria y contra la música como símbolo de identidad. Es un país que se juega el alma por una flauta, un director y una Plaza de Armas. Porque cuando calla la Banda, grita el desgobierno.
Y en Zacatecas, el silencio empieza a sonar a resistencia.
El silencio del patrón
Más de dos mil voces caminaron juntas por el corazón de la capital: maestros, estudiantes, padres. Todos bajo un mismo sol, todos con la misma consigna: el salario no es dádiva, es derecho.
La fallida nueva gobernanza, enmudecida por el peso de su propia incompetencia, observa desde su fortaleza administrativa.
Ni la resolución del Juzgado I de Distrito, ni la disposición del gobierno federal a poner su parte, ni el clamor popular que se cuela por las ventanas del despacho del inquilino de La Casa de los Perros han sido suficientes para destrabar los 18 millones de pesos que faltan.
¿Y por qué? Nadie lo dice claro. El poder, como siempre, se encierra en su laberinto de excusas.
Aquí no se discute un bono, sino el alimento que falta en la mesa de mil quinientas familias. Se trata de once meses de promesas sin firma, de una educación pública que sangra lentamente, de un paro que ya tiene un mes y una generación de jóvenes sin clase.
El gobierno acusa corrupción, pero no muestra pruebas. Retiene el salario, pero no el discurso. El líder sindical reta, el pueblo apoya, los alumnos gritan. “David ojete, ya paga el billete”, se escucha. Grosero, sí, pero más grosera es la desidia. Aquí no cabe la mesura cuando el aula está vacía y el maestro en la calle.
Ya cayó la directora del Cobaez, Mirna Garza Ramírez, como caen los fusibles cuando la sobrecarga es insostenible. Pero no basta con quitar nombres si el sistema sigue enfermo. Porque, como dice el refrán, cuando el río suena, es que agua lleva, y en este caso el agua arrastra años de abandono institucional y desprecio por los que educan.
Lo grave no es que los trabajadores estén en pie de lucha. Lo grave es que el patrón se esconda y no dé la cara.
Porque en Zacatecas, hoy más que nunca, el silencio también es violencia.
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