La Casa de los Perros: Compartir ganancias
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El Impuesto Ecológico, propuesto por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, aprobado por los diputados de la LXII Legislatura, y que hoy enfrenta una controversia presidencial que encabeza Enrique Peña Nieto, si avanza o no por lo menos cumplió con un objetivo, poner en la mira de la ciudadanía que las empresas mineras no comparten de manera equitativa sus ganancias con los pueblos a los que, en la mayoría de las ocasiones, mantienen en la miseria.
Los amparos presentados por las empresas que se hacen multimillonarias –en dólares–, a costa de la tierra zacatecana, resultaron ser la muestra fehaciente de que, obedeciendo intereses personales que se escudan en políticas económicas globales, nunca apoyarán a quien les abrió las puertas, hoy lo vemos, de manera equivocada.
En la sesión de la LXII Legislatura, el diputado de Morena, Luis Medina Lizalde, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de que el federalismo sea una realidad y permita a las entidades decidir sobre su tierra, sus impuestos y sus políticas internas.
El legislador explicó que Zacatecas, con una enorme tradición en la extracción de minerales como oro y plata, en donde las empresas tienen ganancias multimillonarias diariamente, se hace patente el contraste al ser una de las economías más lastimadas a nivel mundial.
“En Zacatecas tenemos paraísos de extracción minera, pero se tiene también un crecimiento exponencial en los niveles de pobreza”, dijo Medina Lizalde, y tiene toda la razón.
Bajo estas premisas, la iniciativa del de Morena propone evitar ya el sometimiento de las economías locales y que a nivel constitucional exista un sistema de competencias concurrente que permita, por ejemplo, a las legislaturas locales, establecer normas que regulen la explotación, aprovechamiento y desarrollo de la actividad minera.
Si se van a llevar millones y millones de dólares, igualmente deben contribuir a, por lo menos, pagar un impuesto con el que la economía, sino saldrá avante, si se puede aminorar un poco la terrible situación por la que atraviesa, en este caso, Zacatecas.
Según datos de la propia empresa canadiense Goldcorp, en la actualidad, la inversión en el enclave minero de Peñasquito y Chile Colorado supera los dos mil 200 millones de dólares, algo así como 27 mil 60 millones de pesos, todo gracias a la noble tierra de Mazapil, que hoy es el «principal concentrador de inversión extranjera directa en Zacatecas y, uno de los principales centros de inversión extranjera en el país».
Pero cuando por alguna razón alguien camina las calles de este municipio, la pobreza y la falta de servicios mínimos se hace patente. Ni siquiera señal para celular hay, de ahí que sea un pueblo castigado hasta en la comunicación.
Obviamente, la propuesta de Medina Lizalde, al Congreso de la Unión, difícilmente pasará siquiera el primer peldaño en lo local, pero sí llama nuevamente a reflexionar en la pertinencia de exigir a Peña Nieto no sólo respeto, sino solidaridad y justicia para Zacatecas, aunque esto vaya en contra de sus amigos empresarios.
Alcaldías opacas
Durante la constante revisión que el IZAI lleva a cabo de los portales oficiales de los sujetos obligados, destaca el incumplimiento de la mayoría de los 58 Ayuntamientos, siendo este sector el que más fallas acumula.
Los pretextos de los presidentes municipales van desde el cambio de administración, hasta que los que se fueron los dejaron sin las claves para ingresar a la página Web. Aunque la verdadera razón es sólo una: Son opacos hasta el tuétano.
Y así como hay alcaldes como el de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, o de Fresnillo, José Haro de la Torre, sin dejar de lado al de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, que ofrecen total apoyo a sus Unidades de Transparencia, hay otros como el de Jerez, Fernando Uc Jacobo, al que simple y sencillamente no le importa para nada la transparencia.
Según la presidenta del IZAI, Julieta del Río Venegas, el desinterés manifestado por el jerezano es tal que ni las llamadas responde cuando se le convoca a una sola cosa: cumplir la ley.
En estos momentos, el portal de transparencia de Jerez sólo cuenta datos como el directorio y salarios, pero todo lo referente a los gastos, viáticos, licitaciones, compras, estímulos, bonos y demás fracciones lo mantiene en apenas un 50%.
En el 2016, el Ayuntamiento de Jerez recibió 153 solicitudes de información, y en lo que va de este 2017 acumula ya 22, lo que demuestra que la gente sí tiene interés por el actuar de este Gobierno Municipal, el cual no es compartido con el alcalde emanado del PRI, quien anda más ocupado en organizar comidas para el ex gobernador Miguel Alonso, que cumplir con sus obligaciones.
Cabe recordar que todos los sujetos obligados tienen hasta el 5 de mayo, para actualizar su portal y su Plataforma Nacional de Transparencia, y aquel que se haga el omiso, no podrá con las multas económicas que le llegarán a los funcionarios, pues estas deben pagarse con recursos propios, jamás con dinero del presupuesto que ejercen.
Nos vemos el lunes…
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