La Casa de los Perros: ¿Cola corta o lengua larga?
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
A nadie le queda duda que el caso de la llevada y traída nómina secreta, en donde se da cuenta del pago de bonos de productividad y estímulos a un buen número de funcionarios y amigos del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, es un caso del manejo irregular del recurso público para beneficio de unos cuantos.
Porque si bien, ahora resulta que este pago extra a los burócratas de «primer nivel» es totalmente legal –aunque lo mantuvieron oculto de manera deliberada–, no lo es el haber destinado algunos millones de pesos a mantener a sujetos que ni en la nómina del Gobierno del Estado aparecen.
Es el caso, por ejemplo, de José Luis de Ávila Alfaro, jurídico de la Legislatura, quien fungía como personal de total confianza para los diputados, y quien asistía a todas y cada de las reuniones privadas que en el Congreso del Estado se llevaban a cabo, mientras recibía de parte de Miguel Alonso, 105 mil 913 pesos mensuales –según la información entregada por la Secretaría de Finanzas–, jugando el papel de infiltrado a sueldo del Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo.
Esta situación, a la que le hacen falta todavía muchas explicaciones, no debe pasarse por alto, por ello hace bien el diputado de Morena, Omar Carrera Pérez, al llamar a comparecer al auditor Superior del Estado, Raúl Brito; lo que no está bien es querer ver sólo la paja en el ojo ajeno. Eso es doble moral.
Y es que el diputado de Morena, José Luis Medina Lizalde, se le fue a la yugular a la diputada priista Isadora Santivañez Ríos, por haber osado subir a Tribuna lo que para él es sólo «el asunto de una falta de ortografía» en las monedas conmemorativas acuñadas por el Centenario de la Constitución del 1917. El hecho lo calificó sin empacho como un «distractor».
Esto quiere decir que el manejo poco transparentar y, por lo tanto irregular, de más de cuatro millones de pesos para celebrar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano no es cosa grave, sólo lo es cuando a quien se señala es al Gobierno del Estado, a los diputados oficiales o a los cuates del gobernante en turno. Seamos serios.
Isadora Santivañez, para disgusto de los morenos y, sobre todo de la petista Geovanna Bañuelos de la Torre, hizo lo que ellos por deporte realizan todos los días y en todas las sesiones de la LXII Legislatura: señalar hasta los mínimos errores y hacer alharaca para mover las aguas y poderlos llamarlos corruptos, flojos y sinvergüenzas.
Bajo esta lógica, el haber gastado 260 mil pesos en 200 monedas para regalar a los cuates de Bañuelos de la Torre, no nos debe espantar, es más, hasta se lo debemos aplaudir, a pesar de que cada moneda acuñada hubiera costado alrededor de mil 300 pesos, lo que a todas luces violenta la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y el Acuerdo General para Regular la Recepción y Disposición de Obsequios Donativos o Beneficios en General.
Y es que bajo estos preceptos, ningún funcionario puede recibir o dar obsequios cuyo valor sea superior a los 800 pesos, más o menos. Si los llegara a recibir, debe entregarlos a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que sean registrados y canalizados, pero jamás se los pueden quedar.
Pero la cosa se pone peor si tomamos en cuenta que la propia Geovanna Bañuelos, tras aceptar que fue su error, como presidenta de la Comisión de los festejos, no haber tenido cuidado en la revisión de la moneda y percatarse de que Libertad se escribe «con b de burro», aclaró que no fueron 200 monedas, sino cien, lo que quiere decir que cada regalito entregado al gobernador del Estado, a todos los diputados, pasando por todo el gabinete y sabrá Dios quién más, costó la friolera de dos mil 600 pesos.
Y aquí hay más, pues la SFP, en el oficio SFP/UT/001/2017 de fecha 10 de abril de 2017, como resultado de una solicitud de información vía Infomex, aclara que hasta ese día, en el Órgano de Control Interno, «no obra relación de obsequios, donativos o beneficiarios otorgados al gobernador, su gabinete legal y ampliado».
Esto quiere decir, tan simple, que los beneficiados con el regalo de la petista Geovanna Bañuelos, se quedaron con la moneda, se la llevaron a su casa y la colocaron en un bonito lugar, cuando tenían que haberla regresado so pena de violentar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Además, hay que tomar en cuenta que, según la misma petista, se «recogieron» con un oficio de disculpa de por medio, 60 medallas para fundirlas y volver a acuñar, lo que necesariamente tendrá un costo extra, del cual nunca habló.
Entonces, el caso que la diputada priista Isadora Santivañez llevó a Tribuna, ya no suena tan distractor que digamos ¿Verdad?
Aquí cabe pues la frase célebre del diputado Le Roy Barragán: «¿Tendremos la cola tan corta? Yo creo que no. La lengua larga sí, eso ya se ve».
Nos vemos el lunes
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