Vulnerados los Derechos políticos de las mujeres
SARA LOVERA
En 1995, Martha Morales Vázquez, esposa de Reynaldo Soria e integrante de una familia al lado de la izquierda, fue asesinada en la represión de la matanza de Aguas Blancas. Las hijas de Reynaldo, ahora compañero de Basilia Castañeda Maciel, fundaron Morena en Guerrero. Hoy, por reclamar las amenazan de muerte. Ellas reprochan a su partido proclamar como candidato al gobierno de la entidad a un acusado de tres violaciones sexuales y con una conducta de hostigamiento y abuso sexual.
Militante de Morena es Basilia Castañeda Maciel. ¿Qué es lo que está de fondo en la denuncia? No se trata de un individuo ni de un partido político, menos de una campaña dirigida. No se trata de politiquería, sino de los derechos políticos de las mujeres y la aplicación de la ley, aprobada unánimemente en el Congreso, del que formaban parte Mario Delgado y Félix Salgado Macedonio, y votada por todos los partidos políticos para erradicar la violencia política contra las mujeres.
Todos los partidos, firmaron la iniciativa “3 de 3”, contra la violencia, para este proceso electoral, buscando garantizar candidaturas dignas y respetables. ¿Por qué un partido niega proteger a sus militantes?
Abogadas de Basilia Castañeda Maciel solicitaron a la Secretaría de Gobernación medidas precautorias, ya que las persiguen, solo por el derecho a defender derechos. Es peligroso criminalizar inopinadamente, obviar principios partidarios y promesas. El mensaje es: “Todos pueden violar la ley”. Preocupa que un mar de señalamientos a otros aspirantes no se atienda y surja acoso y linchamiento a quienes osan demandar derechos. Poco serio hablar de “politiquería”, manipulación y desaire al “pueblo”.
Estoy convencida de que no puede restringirse a la militancia simpatizar por un candidato o candidata libremente. Cualquiera tiene ese derecho. ¿Por qué tanto encono? A las hijas de Basilia les publicaron fotos privadas de su Facebook y amenazas. Circulan libelos para atacar a las defensoras.
Información del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que el padrón de posibles violentadores llegó a 21; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quitó la precandidatura a un individuo en Durango; en Jalisco, un funcionario público fue separado de su encargo por hostigamiento sexual. Es decir, el acuerdo para que ningún impresentable integre las listas electorales, camina. Es un derecho señalar e investigar.
Hasta ahora, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no tiene un veredicto. Con menos burocracia en el PRD, sí; otros casos se analizan en Movimiento Ciudadano. Es claro: no se trata de una campaña orquestada contra el gobierno de la República ni contra su partido político que gobierna legítimamente, pero sigue teniendo sentimientos de acoso como cuando era oposición, en lugar de hacerse cargo de las instituciones y cumplir la Constitución ¿Por qué lo vive todo como una conspiración?
En el respeto a los derechos políticos de las mujeres para participar en la vida pública libres de violencia y con sus derechos humanos, el acuerdo es de todas las fuerzas políticas. Pero, la Comisión de Morena no responde a tres escritos de las militantes pidiendo protección. ¿Por qué se resiste? No entiendo esta postura. Es una defensa irracional que pone en peligro a todos y todas las militantes, por encima de promesas de honestidad y transformación. Grave y contradictorio. Veremos.
*Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx
