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Justicia para las ciudadanas

LUCÍA LAGUNES HUERTA

Marisela Escobedo no debió de haber sido asesinada si la justicia de Chihuahua hubiera hecho su tarea. La impunidad y la corrupción la mataron.

El próximo 16 de diciembre el homicidio de la defensora Marisela Escobedo cumplirá una década de haber ocurrido en plena plaza pública frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua.

Crimen que hasta el día de hoy sigue impune al igual que el de su hija Rubí, con las graves consecuencias que esto ha tenido para la familia de Marisela.

La impunidad ha sido uno de los agravantes más dolorosos en cuanto a la violencia contra las mujeres y también uno de los más indignantes.

Lograr ganarle la partida ha sido una tarea titánica para cada víctima. Por eso es tan esperanzador que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, haya aceptado la investigación sobre los asesinatos de Maricela Escobedo Ortiz y de su hija Rubí.

El Estado Mexicano ha sido notificado de la denuncia ante el sistema interamericano y tiene tres meses para responder.

No dudo que la respuesta sea responsabilizar a la autoridad estatal y al gobierno del pasado. La pregunta es, si en el presente existe un cambio sustancial para evitar que existan otras Mariselas y otras Rubís, y me parece que la respuesta es no.

Garantizar la justicia para la ciudadanía de a pie, para las mujeres cotidianas que se enfrentan a la corrupción y a la colusión machista de las autoridades, es el gran pendiente y donde prácticamente nada ha cambiado.

No basta con atrapar a los grandes cabecillas como García Luna o Lozoya, la misma dedicación la necesitamos en la justicia de a pie, a la que acudimos todos los días las ciudadanas y nos encontramos con lo mismo de siempre: el desdén y la corrupción.

El ingreso del caso de Marisela Escobedo y de su hija Rubí, asesinada en 2008, en este mes de noviembre nos lleva a colocar nuevamente en el centro los impactos de la impunidad en la vida de las mujeres y en la repetición de la violencia contra nosotras.

Marisela estaría viva si la justicia de Chihuahua en lugar de liberar al asesino de su hija lo hubiera condenado. La historia sería diferente y el documental nos hablaría de la victoria.

Muchas mujeres estarían vivas hoy si el sistema de justicia hiciera su trabajo y condenara a los agresores y protegiera a las víctimas.

En este país donde cada día son asesinadas 10 mujeres y donde la información gubernamental estima que cada hora, ocurren 20 delitos por violencia familiar, es decir, 482 casos en un día. No atenderlo, es criminal.

Cifras que quedan en eso porque no hay una corresponsabilidad gubernamental para hacerle frente en serio, porque pese a la gravedad que enfrenta el país de violencia contra las mujeres sólo 177 ministerios públicos están especializados en delitos contra las mujeres, de los tres mil 552 ministerios públicos que hay en el territorio nacional.

Y como sabemos 97 por ciento de los delitos contra las mujeres están en la impunidad.

Los datos están, las víctimas están, las consecuencias de la violencia machista están más que diagnosticadas, sin embargo, la que no termina por hacerse presente es la Justicia que sigue secuestrada por un sistema corrupto.

La noticia del ingreso a la Comisión interamericana es el primer paso para lograr llegar a la Corte Interamericana y juzgar al Estado Mexicano por su omisión en garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia y proteger a las familias.

Este mes de noviembre en el que se Conmemora el Día Internación parala Eliminación de la violencia contra las mujeres,  las mexicanas no quieren discursos, quieren acciones concretas con recursos suficientes y metas claras, para ganarle el terreno a la impunidad.












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