Susana Prieto Terrazas apresada por defender a la clase trabajadora

SARA LOVERA

En los años 80, como reportera, recorrí la frontera norte de México, patrocinada por el diario donde laboraba, para poder contar cuál era la situación de las y los trabajadores de la Industria Maquiladora hoy conocida como Manufacturera de exportación. Entonces pude constatar, con decenas de visitas a las plantas y decenas de testimonios que en esas empresas, algunas llamadas “golondrinas”, había un régimen laboral de excepción, en donde, entonces, hasta el 90 por ciento de la mano de obra era de mujeres.

Hoy una mujer, abogada, Susana Prieto Terrazas, por defender a las y los trabajadores de esa industria que se manejó a su antojo durante 66 años, que todavía escatima salarios, condiciones de higiene laboral y no cumple los mínimos de protección laboral. Cosa extraordinaria en tiempos en que la defensa de la clase obrera parece anticuada. Cuando en lugar de la clase se defiende a las y los pobres. En momentos donde no importa el empleo, porque cuando es formal, se deja sentir, como un privilegio.

De ahí la gravedad de su detención, por delitos más que subjetivos: “asonada, amenazas, coacción y delitos cometidos contra servidores públicos”, y detenida en forma sorpresiva cuando iba a comer con su hija, uno de esos días que estuvo sola. Parece un cuento, que yo viví hace muchos años, cuando “cubrí” la fuente obrera y pude conocer de primera mano los entresijos de la injusticia obrera y la corrupción de las juntas de conciliación y arbitraje.

Susana Prieto Terrazas no se prestó a los intereses de una industria que los distintos regímenes han cuidado al extremo; industria clave en el acuerdo comercial con los Estados Unidos, en un momento tan controversial como la apertura de empresas, donde no se han hecho las previsiones sanitarias para es que llaman “nueva normalidad”.

Dicen quienes ya han logrado la solidaridad internacional para la abogada, que gestionan apoyos de organismos de derechos humanos internacionales y están en espera de un posicionamiento del gobierno de la 4T y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, que se ha cometido una canallada.

Historia

En 2012 escribí “miles, millones de trabajadores y trabajadoras en México laboran por contrato, sin derechos, estos contratos se renuevan cada 3 meses, quienes los firman como empleados, no pueden acceder a los derechos de vivienda, seguro, huelga, sindicato, ni nada. La precarización es inimaginable.

“En 1964 se inauguró en México la empresa maquiladora, hoy llamada empresa de productos para la exportación. Este tipo de empresas que no pagan aranceles, y fueron construidas fuera de la ley, crecieron y se multiplicaron de la frontera norte de México a todo el país.

Hace casi 50 años – hoy más de 66- estas empresas fueron diseñadas con un régimen laboral “especial”, violando la Ley Federal del Trabajo de 1931. Empresas que principalmente contratan mano de obra femenina –hubo épocas en que era hasta de 90 por ciento sólo de mujeres- y al margen de cualquier control del Estado.

“Aparecieron en la frontera norte tras la suspensión del Programa Bracero como parte del Programa Nacional Fronterizo. Entonces su objetivo, dijeron el gobierno y los empresarios, era dar empleo permanente a los trabajadores temporales (braceros) que cruzaban la frontera para trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos.

En 1982, al finalizar el gobierno de López Portillo existían 585 maquiladoras en México. El modelo creció, se instaló en decenas de ciudades, zonas francas y fronterizas de América Latina, su característica es abrir y cerrar a su antojo y al ritmo del mercado, nunca procuraron el bienestar de quienes ahí laboraban. En 2018 datos oficiales y del Colegio de la Frontera Norte, señalan que hay más de 6 mil empresas maquiladoras de exportación, con cerca de 250 mil obreras y obreros.

Fui a Matamoros tras un escándalo mediático, ya que se decía que una sustancia usada en alguna de las empresas afectaba gravemente a mujeres embarazadas. Nunca se pudo documentar la razón de nacimientos anticipados y dolorosos. Lo cierto, es que bien recuerdo algunos acontecimientos. Las obreras de Matamoros, tenían una red potente, para evitar el cierre inesperado, abusivo de las empresas “golondrinas”.

Había un sindicato   de la Confederación de Trabajadores de México CTM en Matamoros, su dirigente, Agapito González Cavazos, líder del regional Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI), llegó a aglutinar hasta 60 mil obreras y obreros de aquella zona. Y quien a contra corriente del estilo sindical de entonces, lograba al menos, firmar contratos de trabajo, que para la maquila eran impensados. Se dijo que Agapito actuó en forma controversial para el logro de algunas conquistas, que dieron como resultado su aprensión en 1992. Estuvo en la cárcel, varias semanas, posteriormente fue liberado.

Así, pienso, se formó la clase obrera en Matamoros. Desestimada durante los decenios que vinieron. Pero, como yo, hay personas con recuerdos acumulados, formadas con esa clase trabajadora, gente con valor, antecedentes, biografías, enseñanzas. Saben que nunca ha sido fácil mantener empleos y salarios. De los escombros de los años 90 vienen su valor y convicción.

Por ello la detención y prisión preventiva contra la abogada laboralista Susana Prieto Terrazas, de carácter decidido, con principios y jornadas laborales inmensas, decidió en Matamoros, Tamaulipas, que había que desarrollar la defensa de las y los trabajadores de las empresas maquiladoras de aquella ciudad fronteriza. Hoy se da, desde los de siempre, una respuesta insultante a las legítimas demandas obreras.

Hace año y medio, Susana Prieto asesoró un paro de 30 mil obreras y obreros en 42 de las 96 empresas ahí situadas. Esas que en 1992 lograron doblegar a don Agapito González y al mismísimo Fidel Velázquez. Las mismas.

Hoy todo está en desuso. La zaga de Susana Prieto Terrazas buscó un aumento de 20 % al salario y un bono que creciera al mil por ciento. Era enero de 2019, recién inaugurado el gobierno de la 4T y las demandas se unieron al anuncio del aumento al salario mínimo. El bono era de 32mil pesos al año por trabajador. Había descontento, hubo paros, movilizaciones y finalmente se dieron los aumentos. No para todas y todos.

El episodio terminó cuando el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) dio a conocer que se levantaron huelgas en 12 empresas, con quienes se lograron acuerdos. La negociación ha sido igual para todas las maquiladoras, con un 20% de aumento directo al tabulador y un bono de 32,000, informó el SJOIIM. Pero ahí no terminó todo.

La detención y la exigencia por liberarla

Hoy se ha formado en México y en el extranjero un Comité que busca su liberación y sostiene claramente que “fue encarcelada haciendo uso de todo el aparato gubernamental y de justicia estatal”, por lo que representa. De las huelgas de enero de 2019 a la fecha se formó una nueva organización sindical, Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) Movimiento 20/32.

Ellos, ellas, del sindicato y el grupo de solidaridad sostienen que su detención es resultado de su conducta: “La encarcelaron porque codo a codo con miles de obreros y obreras, sacó a la luz una serie de graves irregularidades, corruptelas, arbitrariedades y malos tratos de las diversas empresas trasnacionales que desde hace décadas se han burlado de los derechos de sus trabajadores, cobijados por gobiernos y sindicatos charros”.

Susana Prieto Terrazas es una abogada egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es una defensora de las y los trabajadores en Matamoros.

El Movimiento Laboral 20/32, tuvo 3 fases: a partir del 12 de enero de 2019  se inició una lucha legal por un aumento salarial más allá de los 176 pesos declarados por el gobierno federal, y por el pago de un bono anual de 32 mil pesos sustentado en un convenio anexado a los contratos colectivos  de trabajo. Una segunda etapa inició a finales de enero y durante febrero (2019), cuando se consiguieron los aumentos.

La tercera etapa inició el 23 de febrero, en donde Susana Prieto Terrazas anunció la formación de un nuevo sindicato y el 2 de marzo,  se concretó el apoyo al nuevo sindicato maquilador con una Federación de Organizaciones Sindicales de Tijuana y la Nueva Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Fue nombrada representante de los trabajadores y se deslindó de la influencia del sindicato minero y cualquier instancia federal, como la Secretaría del Trabajo.

Hoy Está presa en una cárcel de Ciudad Victoria. Fue detenida el pasado 8 de junio. Los cargos de la a fiscalía de Tamaulipas, son, como dije “de asonada, amenazas, coacción y delitos cometidos contra servidores públicos” en agravio de los integrantes de la Junta Especial 6 de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, ocurridos el 10 de marzo. Sin embargo, se documentó que ella ni siquiera estuvo presente en la junta de conciliación ese 10 de marzo.

Pidiendo su liberación, el sábado pasado hubo marchas y mítines, en Matamoros, la Ciudad de México y de manera simultánea en: Mexicali, Tampico, Ensenada, Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez y Oaxaca.

A Susana sus seguidores la quieren. En tiempos de la 4T no hay, tampoco una clara política laboral, dicen que deben intervenir la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El viernes pasado, quien la defiende expuso el caso al presidente López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina. El mandatario respondió que es un asunto local. Sin embargo, mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos seguramente abrirá una investigación de oficio y la secretaría del Trabajo y Previsión Social podría intervenir en la conciliación de las partes. ¿Cuáles partes? Veremos.​