Senadores del PRI y PT presentan iniciativa; buscan dar recursos a medios para prevenir ataques
México, DF.- En medio de las recientes caso de violencia contra periodistas en el norte del país, que inclusive los han obligado a ceder a la amenazas y guardar su pluma para salvar la vida, senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa que busca garantizar la protección integral de los medios de comunicación.
El priista Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el Senado, planteó ir más allá que colocar una o dos patrullas cerca de las redacciones y casa editoriales.
Propuso instalar puestos de revisión en las inmediaciones, video vigilancia, identificación del modus operandi, diseñar una arquitectura defensiva en función del tipo y calibre de las armas empleadas. “Lo mismo como se protege en la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se busca que el medio, el inmueble sea protegido, porque en éste hay personas”, precisó.
En la víspera, el grupo mexicano de prensa Zócalo anunció que dejaría de publicar información relacionada con el crimen organizado, en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, todas ciudades de Coahuila, porque “no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo”, lamentó.
En un editorial, el grupo explicó que busca garantizar “la integridad y seguridad” de su personal, que se compone de más de mil trabajadores y sus familias. Según datos de la Comisión Especial, desde el 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de periodistas, contabiliza 28 agresiones a edificios sede de estaciones de radio, periódicos o difusoras de televisión y atendió -hasta el 30 de noviembre de 2012- 658 quejas de comunicadores por presuntas violaciones a sus derechos, seguridad jurídica, libertad, integridad y seguridad personal.
En las últimas semanas, varios medios del norte de México han sufrido una nueva oleada de ataques violentos, entre ellos el que causó la muerte de Jaime Guadalupe González, director del diario digital Ojinaga Noticias, en Chihuahua, que lo convirtió en el primer periodista asesinado durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
También en Chihuahua, el 6 de marzo varios sujetos armados dispararon contra el Diario de Ciudad Juárez y la sede del Canal 44 de televisión sin causar heridos. En Coahuila, los días 26 y 27 de febrero El Siglo de Torreón sufrió dos ataques contra sus instalaciones que causaron la muerte de una persona civil y heridas a otras dos.
Estas agresiones se suman a otros dos ataques que sufrió este diario de la región de La Laguna en 2009 y 2011. Incluso cinco trabajadores del periódico fueron levantados por un grupo armado y regresados sanos y salvos al día siguiente.
El presidente de la Comisión Especial para atender las Agresiones contra Periodistas agregó que con mayor frecuencia los ataques a los medios de comunicación se producen en un entorno de violencia extrema contra los periodistas.
“Hemos mantenido una permanente comunicación entre los medios agraviados, los medios que sienten que podrían serlo y los órganos de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, así también como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, detalló.
Para muestra, basta recordar que el 11 de julio del 2012 dos instalaciones del diario El Norte de Monterrey, Nuevo León, fueron atacadas, una con una granada y otra con fusiles de asalto AK-47. Y que el diario El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, anunció en julio de 2012 que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas. Senadores del Partido del Trabajo se solidarizaron con los periodistas y con la iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, presentada por el PRI.
“Creo que esta iniciativa es para proteger y salvaguardar la integridad de este gremio que tiene en sus manos la comunicación, y que es quien lleva a la población, quien baja las políticas públicas, las leyes, la Constitución, las injusticias y también la impunidad”, declaró la Senadora petista Martha Palafox Gutiérrez.
En este marco, la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) urgió al Estado mexicano que elabore un plan de acción básico, con respuestas mínimas pero eficaces, para evitar que la continúe la violencia o, peor aún, se agrave.
Consideró que la vida de los periodistas continuará en riesgo mientras la impunidad siga siendo el principal instrumento para quienes ven amenazados sus intereses particulares o buscan ocultar información.
Por ello, exigió al Gobierno Federal establecer mecanismos institucionales para dar garantías de seguridad y respeto a la libertad de expresión de los periodistas y del derecho a la información de los ciudadanos.
