Reforma administrativa=Poder dictatorial
NOEMÍ LUNA AYALA
El presidente Andrés Manuel López Obrador no detiene sus intentos por apoderarse de México. Gracias a la oposición en el Congreso de la Unión sus actos han quedado en meros deseos.
Sin embargo, el aspiracionista a dictador, en días pasados retomó sus ataques y encendió las alarmas en prácticamente todos los sectores gubernamentales, sociales y económicos, no sólo de nuestro país, sino a nivel internacional, con la propuesta presidencial de Reforma Administrativa, con la que pretende modificar 23 leyes.
Esa iniciativa bien podría llamarse el “paquete del intervencionismo, abuso del Poder y fomento a la mediocridad”. ¡Qué, por cierto, como se trata sólo de modificaciones a leyes secundarias ya la aprobaron! ¡Ya la pasaron! ¡En fast track! ¡Sin ir a comisiones!, porque, obvio, cuentan con los votos del grupo oficialista de Morena, PT y PVEM.
Bajo la “supuesta” reducción de la Administración Pública Federal y el ahorro de recursos, López Obrador alienta la corrupción, se otorga poderes dictatoriales y concede a funcionarios públicos un poder discrecional y desmedido, para determinar unilateralmente el beneficio a sus compinches o perjuicio a sus opositores, bajo una total opacidad.
AMLO pondrá en entredicho la palabra del Estado Mexicano, con tal de cumplir su capricho de determinar a quién quitarle licencias, permisos y concesiones. Este escenario pondrá en una situación de indefensión a privados que hacen negocios con el gobierno federal. De por sí, la iniciativa privada internacional ya tiene desconfianza de invertir en la nación desde el intento de la Reforma Eléctrica, que la oposición logramos detener.
Además, desea evadir el pago de indemnizaciones, permitir el incumplimiento de contratos, designar proveedores y asignar contratos sin contrapeso. Para esto quiere modificar las leyes y hacer uso faccioso de figuras como: juicios de lesividad, procedimientos de nulidad, cláusulas exorbitantes y obligatorias, designaciones a modo e indemnizaciones limitadas.
Y ¿Por qué bajo el manto de la opacidad? Porque con la reducción de la estructura administrativa el Presidente propone eliminar de tajo al Sistema Nacional Anticorrupción para actuar a su negro y libre albedrío.
También pretende fusionar con Secretarías de Estado al Sistema Nacional de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes; al Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y los institutos nacionales de la Juventud, de la Economía Social y de las Personas Adultas Mayores. Así como varios institutos relacionados con la actividad del campo, el agua, el cambio climático, la minería y de atención a personas indígenas, por mencionar sólo algunos.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) estamos en desacuerdo y, por supuesto, contundentemente votamos en contra la iniciativa para reformar, adicionar y derogar disposiciones en un montón de leyes: Orgánica de la Administración Pública Federal, de las Entidades Paraestatales, de Procedimiento Administrativo, Reglamentaria del Servicio Ferroviario; y Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Procedimiento Contencioso Administrativo; Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; de Expropiación; General de Bienes Nacionales; de Vías Generales de Comunicación; de Remuneraciones de los Servidores Públicos; de Austeridad Republicana; de Responsabilidades Administrativas; del Banco de México; y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Así como de las leyes del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Fiscalía General de la República; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de Competencia Económica; y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
