Inmujeres podría convertirse en una oficina técnica
SARA LOVERA
En el nuevo régimen que hoy llega a sus 100 días, absorberá las instituciones pensadas, construidas e intervenidas por el movimiento social feminista. De este modo la tendencia es que Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), institución rectora de la política de género, cuya ley aún es vigente, no tardará en convertirse en una oficina técnica, coadyuvante en las trayectorias de lo que en este régimen será la política pública para el avance de las mexicanas.
Es el Ejecutivo quien concentrará esa política, lo hará desde la Secretaría de Gobernación que encabeza la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, a quien el Presidente de la República le ha encomendado lo que él define, todas las “cosas de mujeres”, y desde ahí operará el programa que más importa, que es el de emergencia nacional para atemperar la violencia contra las mujeres, porque una violación sexual se da cada hora y el feminicidio en 2019 llegó a 10 al día.
Será así la Secretaría de Gobernación, la fuente, el principio, la política, los programas, todos de carácter gubernamental, sin apoyo y concurso de las Organizaciones Sociales y Civiles feministas. Vimos el 8 de marzo a la ministra en retiro encabezar la marcha de campesinas y no de la ola verde.
Se concentrará en la presidencia todo o casi todo. Desde ahí el gobierno de la 4T se ocupará de la desigualdad entre mujeres y hombres y diseñará las políticas públicas. Eso aún cuando Inmujeres es, todavía, el órgano de la rectoría oficial que quien debe desarrollar la política de género. Una institución capaz de operar y vigilar lo que conocemos, aún, como Programa Nacional de Igualdad (PROIGUALDAD). Inmujeres es la institución creada hace 18 años; la misma que creó y definió las políticas públicas de género; una institución que concentró las directrices de una política prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo; él organismo donde el Gobierno de la República concentró, además, dos fondos sustantivos, el “Proequidad”, con recursos para la sociedad civil, hoy suspendido y otro, el de “Transversalidad”, el apoyo económico para el funcionamiento de los Institutos o Secretarías de los estados de la República, cuyos fondos, aprobados por el Presupuesto Federal 2019, pueden ir, como otros, a programas sociales, a las personas de manera directa, como decida el Presidente de la República, como ya ha sucedido con los recursos de los centros de desarrollo infantil; los fondos para detener la pandemia del VIH Sida o los programas de los cánceres femeninos, o la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres; o los convenios con los gobiernos de la República, o aquéllos que han llegado con mandato a cada una de las Secretarías de Estado. El Inmujeres se encargó del diálogo con las feministas y el movimiento amplio de mujeres. Ahora lo hace la ministra en retiro, como lo hizo ya con los consejos de Inmujeres recientemente, para definir la presidencia del Instituto. Con ella dialogaron y acordaron.
La presidenta de Inmujeres, desde que éste Instituto nació con una Ley General en 2001, ha sido quien coordina los esfuerzos de la República para la igualdad; desde donde se instrumentan en diálogo nacional, los asuntos para prevenir, atender, penalizar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es el rector del Programa Nacional de Igualdad, que hoy no sabemos si se hará en el nuevo régimen. Programa rector del gobierno federal, que dio instrucciones para toda la República, a través de los gobiernos estatales y municipales. Tampoco es claro si será de Inmujeres o de la Secretaría de Gobernación, la operación y el trabajo de una red de enlaces de género, tanto en las dependencias del gobierno y su gabinete, o dependerán de la Secretaría de Gobernación, cuya titular es claramente hoy es la vocera de género de la 4T.
Lo que se anuncia es un cambio de gran calado, por supuesto que deberá discutirse en la Cámara de Diputados, al requerir cambios legislativos, también anunciados. Que pueden hacerse sin problema con la mayoría en el Congreso, del partido del Presidente de la República, MORENA.
Para mi es clara la tendencia. Ahí están las palabras del presidente López Obtador, al afirmar que el Estado se apresta a “recuperar”, todo aquello que aparece, disperso en instituciones, consejos, fondos económicos que se entregan a la “sociedad civil” y que son de hasta 400 mil millones de pesos, así lo dijo el Presidente. Y que, en sus palabras se desviaban las ayudas -él sólo piensa en dinero- no llegaban a quienes lo necesitan, por su condición de pobreza.
Así las cosas no puede obviarse la declaración de la Secretaría de Gobernación al dar posesión a Nadine Gasman Zylbermann, como presidenta de Inmujeres: Olga Sánchez Cordero dijo “le pondré dientes a Inmujeres” y apenas el 7 de marzo, fue otra vez, Sánchez Cordero, quien informa y se hace cargo del Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres, mientras, Nadine Gasman Zylbermann, lo explicó. Siempre como si Inmujeres no fuera autónomo.
Cómo otras muchas políticas públicas, promovidas por el movimiento feminista en las últimas casi cinco décadas, ahora, en palabras de López Oabrador, lo que él llama ayudas, pasará al control del Estado, sin intermediarias, sin organizaciones ciudadanas, que se conocen como sociedad civil. Sin oír, analizar, considerar, tomar en cuenta, que cada política pública, como se dice, para el avance de las mujeres nació de la experiencia y el trabajo a rras de tierra de las organizaciones independientes de las mujeres, dentro del movimiento feminista o de los feminismos mexicanos.
Hasta ahora, cuatro importantes políticas públicas de género. Las estancias infantiles; la dirección y contenidos, programas y protocolos de atención para mujeres violentadas, que dieron lugar a los refugios para las mujeres y sus hijos así como los servicios externos; los recursos y la atención al VIH Sida, que afecta a miles de mujeres; y la atención a los cánceres femeninos, que sí, tenían recursos del gobierno, pero no solamente, los recuperará el Estado, dijo el Presidente. Es, dejó en claro, la tarea del gobierno, no de quienes no tienen representación. También ha reducido recursos para el Instituto Nacional de la Juventud –ahora serán becas directas desde Hacienda a los jóvenes- sin tocar el tema del embarazo en adolescentes y el de personas con discapacidad, cuyo Consejo que es Estatal, también será reducido al mínimo, o desaparecerá.
De la misma manera concentrará el Ejecutivo la atención a la violencia, que sólo en enero de 2019 pasó de 9 a 10 asesinatos diarios. Estadísticas que se lograron en coadyuvancia con el Inmujeres y el INEGI en una reunión anual. También la estadística, del INEGI, tiene recortes presupuestales importantes. No sabemos si habrá nuevas encuestas en los hogares, desde donde se podía planear y atender la violencia en los hogares.
Toda la política de género, cuya rectoría se hacía desde Inmujeres, que según su ley de 2001, está por trasladarse al Ejecutivo, en la Secretaría de Gobernación.
Por ello hechos y no discursos, nos hace suponer que el Inmujeres será desmantelado. Naturalmente por ahora tendrá ese nombre, oficinas y personal. Pero si no tiene la rectoría, y están por desaparecer sus fondos, hace pensar que podría convertirse en una oficina técnica, exclusivamente; no sólo -que es mucho- con reducción de recursos y personal, sino de presencia política.
Por ejemplo desde Inmujeres, desde hace 18 años, se promovía y era rector de los sistemas nacionales de Igualdad y el de Violencia; y fue desde este instituto, en una acción dialogada y política como se logró la Ley de Paridad Electoral. Era desde Inmujeres donde se acordaban acciones, aunque no las hiciera directamente; si era desde donde se ponían metas, de igualdad, por ejemplo. La Presidenta de Inmujeres, sin intermediarios, directamente en diálogo con el Presidente de la República; empujaba programas, como el de prevención del embarazo en adolescentes y por supuesto fue ahí donde se discutieron con las Universidades -con pocos resultados- pero importante, los protocolos de prevención de la violencia.
El Proigualdad, ha sido en 18 años, el programa de género para el gobierno de la República, pero el espacio de autonomía del Inmujeres permitía diálogos directos con los gobernadores, con las presidencias municipales, con el empresariado; con las organizaciones de la sociedad civil, etc. Acción que ahora estará en la cancha de Olga Sánchez Cordero, hoy responsable de desarrollar y operar, esa política de género. Las preguntas son varias: quién delineará la política de los centros de justicia – ahora casi 32-, de donde se tomará la dirección para programas aspiracionales tan importantes como la cultura institucional de género; cómo será y quien delineará la coordinación de los tres niveles de gobierno para hacer crecer, desarrollar, cambiar, evaluar las políticas estatales y municipales para la igualdad.
Hay que esperar los cambios legislativos en curso, para Inmujeres, para la política de atención a las trabajadoras; quién hará los acuerdos con el sector privado para la igualdad; cómo se negociarán y darán seguimiento a los acuerdos internacionales.
En este momento la presidenta de Inmujeres está en Nueva York, en la llamada CSW63 (2019) o el Sexagésimo tercer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que tendrá lugar del 11 al 22 de marzo 2019 en la Sede de las Naciones Unidas. Qué cosas sí podrá discutir y comprometer la doctora Nadine Gasman Zylbermann, y cuál será su autonomía. Me pregunto ¿si su interlocución será con la secretaria de gobernación? o con el Presidente de la República.
En fin. Ni negativo, ni positivo. Es simplemente un cambio anunciado. Ya en Veracruz, el Instituto de las Mujeres, perdió su presupuesto, casi totalmente, y ahora el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, pasó el dinero y buena parte de las funciones de ese instituto a la Secretaría de Gobierno, como dice el dicho, para muestra basta un botón. Veremos.
