Periodistas: crímenes sin solución, 7 asesinatos en poco más de 100 días

SARA LOVERA

El asesinato de periodistas es un asunto continuado hace muchos años. Los gobiernos no los han considerado prioritarios. Sólo entre 2006 y 2018, 102 periodistas fueron asesinados y 14 desaparecieron. El tema es que estos crímenes no paran y la 4T, no tiene plan, tras siete meses de gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido tiempo para mirar estos crímenes y todos los días, en su conferencia mañanera pone a la población en contra de los periodistas y los medios. Les llama de todas las formas, les falta al respeto.

En estas páginas el periodista Rogelio Hernández informó que el 12 de marzo, el presidente dejó plantados a los dirigentes de Periodistas sin Fronteras, que se trasladaron de Europa a México sólo para discutir con él la grave situación de los crímenes contra las y los periodistas. No los recibió.

Los crímenes son atribuibles a la pasividad, indolencia, omisión de autoridades. Y es claro que los crímenes cometidos contra ellos se deben a su labor informativa. Sin embargo, la mayoría han quedado impunes.

Este 24 de marzo fue asesinado en Sinaloa Omar Iván Camacho, periodista de varios noticiarios y periódicos digitales, especializado en deportes. Es la séptima persona del oficio periodístico que asesinan entre el 1 de diciembre de 2018 y este marzo de 2019. La seguridad en México, para la libertad de expresión o siendo mujer, es algo que parece algo inalcanzable. Como lo es para el feminicidio. Como se deja pasar en Oaxaca, donde a nadie le interesa solucionar el asesinato de la fotoperiodista, colaboradora de SemMéxico, Ma. del Sol Cruz Jarquín.

La mañana de este 25 de marzo, tras el nuevo homicidio del periodista de Sinaloa, luego que cínicamente se afirma que el crimen en Sonora fue “pasional”, sin pena ni gloria el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de  Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que, entre otros asuntos que ponen a las y los periodistas en esta situación, esa que  los mecanismos de protección, especialmente el del gobierno de la República, tienen deficiencias en su operación. Tanto que los crímenes no se pueden prevenir y la impunidad es del 93 por ciento.

La cuenta es tremenda. Del 1 de diciembre al 24 de marzo, siete periodistas han sido asesinados, pero únicamente uno estaba bajo el mecanismo de protección. Y bajo este mecanismo fue baleado la semana pasada Hiram Moreno, de la zona istmeña de Oaxaca quien logró sobrevivir. Es decir, pensar en mecanismos de protección, en forma aislada, parece no ser la solución. Pero la 4T tampoco sabe qué hacer.

Encinas señaló que ha habido, además, nueve asesinatos de defensores de los derechos humanos e hizo especial mención del asesinato de Sinar Corzo. Se confirma que la violencia no ha cesado y que lo que rodea a la violencia insensata es mucho más profundo.

Sólo para este grupo y el que forman las y los defensores de derechos humanos es un asunto nacional. Igual cuando hablamos de feminicidio y cuando estamos mirando las tremendas cuentas. Alejandro Encinas, informó, además, que actualmente hay 790 personas bajo el mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, y reconoció que existe poca credibilidad y confianza en las autoridades.

Lo que me parece inaudito es la nueva manera de enfrentar los graves problemas, como éste que duele al gremio, duele a la sociedad porque se pretende acallar la crítica y la información, ello ofende a la inteligencia y es que Encinas afirma que el mecanismo de protección no funciona porque lo opera la iniciativa privada. Es como cosa de locos. Esquizofrénico el tema, como o igual a la carta enviada al Rey de España, invitado a la toma de posesión del jefe de la 4T y luego donde se invoca a la conquista como la gran ofensa. Más de 500 años después.

Igualito. Pienso en las mujeres. Pienso en la gente. Ofendida la iniciativa privada sin pruebas ni nombre, iniciativa conculcada y señalada como corrupta, peor si pertenece a la sociedad civil organizada. Ofensas van y vienen.

Ayer, en televisión nacional, en la número 80 y tantos de la mañanera, en Palacio Nacional, Encinas informó que de esas 790 personas con medidas precautorias, 292 son periodistas y 498 son activistas y defensores de los derechos humanos.

Luego como cosa de nada, sin decir qué ha hecho como gobierno estos tres meses oficiales, más los cuatro anteriores de la transición en que llegaron a pedir sin más ni más, centenas de renuncias, afirmó que existe una empresa privada que otorga las medidas de protección para los periodistas y defensores de derechos humanos pero que tiene reportes de “deficiencias en su operación” y en los dispositivos tecnológicos de su personal. Por esa razón, indicó, se llevará a cabo una auditoria y el Gobierno tomará la responsabilidad de brindar esa protección. ¿Cuándo? cuando contemos otros 10 o 15 crímenes. Me parece una justificación de preparatoria o de mi época, cuando las y los jóvenes nos rebelamos contra nuestros padres, para no tomar ninguna responsabilidad.

Y frente a sus muertos, los de la 4T, afirmó que todo se debe a la situación anterior generadora de desconfianza en la autoridad, razón por la que los periodistas no utilizan el botón de asistencia disponible para emergencias. Por fin ¿son deficiencias o no son deficiencias? No entiendo, de esos privados, X que no actúan para nada bien. O si, y sus botones no los usan las y los periodistas o las y los defensores. A ver, no entiendo.

“Voy a ponerles un ejemplo – dijo Encinas-, tiene que ver con el uso de los 792 botones de asistencia disponibles. De ellos, 209 usuarios tienen apagado el botón durante más de 150 días al año. Cien más lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año. Y sólo 230 lo tienen activo de forma permanente. Lo entendemos como parte de la falta de confianza en la autoridad que existe”, agregó. O sea , la culpa es de las y los periodistas. O sea, ni siquiera explicó las deficiencias. Y si supiera que los botones no funcionan, porque tras ellos no hay quien responda. En fin, me parecen infantiladas, ante eso, sí, un gravísimo problema, donde la nueva administración no tiene nada que ofrecer.

Y se justificó Encinas al querer explicar: “¿Cuál es el argumento que nos han dado? Que no quieren que la autoridad sepa en donde están”, o sea, ¿? ¿? Y luego, esquizofrénico añadió: otro motivo es la falta de cobertura y señal del dispositivo que provee la empresa. Por fin, no los usan por desconfianza o no funcionan, no me quedó claro.

Luego el discurso, de la política de siempre. El Gobierno buscará involucrar a los dueños de los medios de comunicación para garantizar la seguridad de sus colaboradores ya que, en ocasiones, a los periodistas que se ven en situaciones de riesgo: los despiden y ‘boletinan’, obligándolos a emigrar, otra vez tengo un cúmulo de preguntas. Y que hicieron en la transición iniciada en agosto. Que hicieron, con los dueños de los medios, que han estado haciendo en siete meses. Dejaron que se viole el contrato colectivo de La Jornada y dejaron que algunos trabajadores estén demandados penalmente y les deben millones de pesos ¿Qué dice de eso la 4T, tan apurada por responsabilizar trabajadores de los medios y algunos patrones?

Pero AMLO no oye

El magnífico texto publicado aquí de Rogelio Hernández el 18 de marzo cuenta  que el 12 de marzo a los Reporteros sin Fronteras no los escuchó el presidente de la República, el de la paz y el perdón.

Rogelio dice: Los citaron desde las 6 de la mañana en Palacio Nacional ese martes. Estuvieron confiados en que verían al presidente, como pactaron  semanas antes. Salieron al mediodía sin esconder su desconcierto. Se prepararon durante semanas. Pocas veces se juntan para un encuentro así esos tres importantes de Reporteros sin Fronteras (RsF), la organización de origen francés. Christophe Deloire voló directamente de la Haya en los Países Bajos; Emmanuel Colombié se movió desde Chile, Balbina Flores fue la gestora como corresponsal en México. Les reforzaba Sara Mendiola de Propuesta Cívica.

Los cuatro y su traductora esperaron confiados durante horas. Intercambiaron datos y maduraron más la petición y la propuesta que harían; portaban copia del expediente de casi 400 páginas que RsF entregó formalmente un día antes en La Haya.

Querían pedirle al Presidente de México reconocer que la seguridad de los periodistas mexicanos está en situación de emergencia y que, eso requiere un plan urgente; también le propondrían que como Jefe de Estado y de Gobierno reforzara esa comunicación que inicia procedimiento de juicio, en La Haya (equivalente a demanda de acción penal) para que la Corte Penal Internacional (CPI) tenga más elementos para intervenir en México.

El procedimiento que iniciaron en la CPI fue documentado por analistas de Propuesta Cívica. Se basa en el artículo 7º del Estatuto de Roma para que juzgue delitos por lesa humanidad cometidos intencionalmente contra una población específica –los periodistas- de un país.

En este caso por existir “pasividad, indolencia, omisión de autoridades ante 116 crímenes cometidos entre 2006 y 2018 contra un grupo social o población específica, como son los periodistas “debido a su labor informativa” (102 asesinatos y 14 desapariciones) y por la posible complicidad con la delincuencia organizada en cinco casos de Veracruz, también documentados.

Les interesaba que el actual presidente reforzara el informe-comunicación y agrandara las posibilidades de enjuiciamiento a los dos expresidentes más recientes. “Así ayudaríamos contra la impunidad”, se repetían.

73% de las periodistas ha vivido alguna situación de acoso sexual en su trabajo.

Y este 25 de marzo, el día Naranja para recordar la violencia contra las mujeres, periodistas, fotógrafas, diseñadoras, editoras levantaron la voz en redes sociales y denunciaron el acoso sexual y laboral del que han sido víctimas por parte de periodistas, fotógrafos, reporteros, y docentes de esta materia.

Claro a ello Encinas, ni piensa. La colectiva Periodistas Unidas Mexicanas sacó a la luz datos sobre el acoso sexual y laboral que enfrentan las mujeres en los medios, señalando que de acuerdo a un sondeo en línea en el que participaron 392 mujeres que trabajan o han trabajado en medios, el 73 por ciento ha vivido alguna situación de acoso sexual en su trabajo. Las formas más frecuentes son opiniones sobre su vestimenta, miradas lascivas, comentarios sexuales o en doble sentido, y tocamientos.

Los testimonios acerca del acoso en los medios muestran que las mujeres no han encontrado, en su mayoría, formas de denuncia, que han tenido que soportar esta violencia que ha afectado su desarrollo profesional. Muchas han tenido que renunciar, muchas perdieron su trabajo, la gran mayoría han tenido que soportar insinuaciones, tocamientos, insultos o golpes sin poder tomar cartas en el asunto.

Nombres han salido a la luz. Entre ellos destaca el de Arturo Zárate Vite, periodista que fuera Coordinador de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que en 2012 fue denunciado por los delitos de hostigamiento y abuso sexual. Condenado, una y otra vez, protegido, por quién sabe quién, sistemáticamente. Con orden de apresamiento.

Este caso es uno de los pocos en los que hay un acceso parcial a la justicia para las dos víctimas. De acuerdo a la última sentencia de este caso, emitida por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el Toca Penal 21/2018, el 31 de diciembre de 2018, Arturo Zárate Vite fue condenado por los delitos de hostigamiento y abuso sexual por lo que se le ha impuesto una pena de prisión de seis años, que las víctimas están en espera de que se cumpla.

Aparecen otros muchos nombres como Amador Narcia (Televisa), Alejandro Asmitia (El Heraldo); Saúl Rivera Gil (Grupo Imagen, Efekto TV y Televisa); Pablo Hiriart (El Financiero); Paul Lara (Excélsior); Andrés Roemer; Pascal Beltrán del Río (director editorial de Excélsior); Ilich Valdez (Milenio y Multimedios); Jesús Rangel (Milenio Diario); José Luis Caballero (El Economista); Juan José Olivares (La Jornada).

Pero el tema de las y los periodistas para el presidente, sus colaboradores y colaboradoras no es importante. Tenemos que seguir haciendo la lista. Infinitamente. También hay muchos nombres de las entidades del país. Leer…

Lo cierto es como dice Rogelio Hernández: La violencia contra periodistas seguirá haciendo fila en la agenda presidencial. Ahora resulta que otra vez, la culpa es de las agencias privadas. ¿Y porqué  no hacen algo? Sólo discursos.

Más

Y tampoco, tras miles de anuncios. Tampoco se preocupan por su trabajo, ni por su salario. Es de las empresas públicas de comunicación la protesta de corresponsales de Notimex que no son escuchados y no tienen salario desde diciembre.

También el periodista Ricardo Rocha habla de quienes trabajan en las televisoras públicas. Mientas todo ello sucede, las y los periodistas en esta 4T son hostigados, fustigados en las redes sociales, son llamados por el Presidente para que sigan investigando, como lo han hecho, la corrupción y los malos gobernantes. Pero ellos, trabajadores y trabajadoras, no merecen ni un minuto de oído.

Naturalmente, sólo palabras. Los venidos del mundo, de Reporteros sin Fronteras; quienes protestas, sean Periodistas Unidas o Periodistas de a Pie, sólo oyen al Subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dice que hay planes de protección a periodistas, datos que hasta ese momento no son públicos. A cambio continúa el discurso de odio a los gobiernos que ya se sabe, que son eso y más, por eso la gente votó por la 4T. Habrá que esperar como se revierte la altisonante luna de miel. La realidad es toda otra.

Veremos

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