Otro presunto culpable
JAVIER CORRAL JURADO *
Desde hace dos décadas se insiste en diversos foros, académicos y de investigación jurídica, sobre la necesidad de convertir a la institución del Ministerio Público -PGR o fiscalías locales- en órganos constitucionales autónomos. Se busca que el nombramiento de sus titulares responda no sólo a una amplia experiencia e idoneidad, sino que su actuación esté desprovista del interés o el sesgo político-partidista con el que la mayoría de los gobiernos orientan sus acciones, incluida, por supuesto, la importantísima tarea de investigar los delitos y procurar justicia.
Aunque en la actualidad tanto el presidente de la república como los gobernadores de los estados comparten el nombramiento con sus respectivos congresos, ello no se ha traducido en una actuación más independiente o autónoma, sobre todo en las entidades federativas, donde los congresos locales actúan como vergonzosas extensiones administrativas del despacho del gobernador. Considero que ese nombramiento debiera pasar ya a la esfera exclusiva del Poder Legislativo, a través de concursos transparentes y certificados, con participación efectiva de la ciudadanía. Entre los requisitos para ser procurador de un país, o de un Estado, debiera contenerse la prohibición precisa de los lazos o vínculos políticos partidistas con el titular del Ejecutivo.
Es urgente y esencial dotar al Ministerio Público de esa independencia política, para una mayor armonía social y lograr la confianza ciudadana en sus autoridades, dispuesta a cooperar, a colaborar no sólo en la prevención de los delitos, sino en la denuncia e incluso en la pesquisa.
Cuando la gente percibe la politiquería se derrumba la idea de imparcialidad. Por eso los procesos de averiguación para la persecución de los delincuentes nunca deben convertirse en treta o revancha partidista, mucho menos en la fabricación de culpables con fines mediáticos, o para salir al paso de las tensiones sociales que agitan cada vez más por todos rumbos del país la exigencia de justicia; cuando eso sucede largos aiños de construcción de confianza se vuelven añicos. Si alguna diligencia debe ser exigible, si algún rigor debe ser acreditado, si algún profesionalismo debe ser requerido, es en la actuación de la autoridad cuando investiga la comisión de delitos, porque de ello depende que una persona sea presentada ante un juez -y luego ante toda la comunidad- como un presunto culpable. Y aun así, la justicia le estará esperando hasta el mal en calidad de presunto inocente, si logra desvanecer las imputaciones que se le hagan.
Todo lo anterior viene a cuento porque se agitó en Chihuahua, en los días recientes, una polémica en tomo de la detención del presunto asesino de Marisela Escobedo, la activista de derechos humanos que fue asesinada a las puertas del Palacio Estatal de Gobierno, el 16 de diciembre de 2010, mientras mantenía una protesta contra el gobernador César Duarte por el asesinato -impune hasta ahora- de su hija Rubí. El caso ilustra la necesidad de dar autonomía al Ministerio Público, por donde se le vea, esencialmente por la desmesurada y politiquera reacción que tanto el gobernador del estado como su fiscal han tenido en relación con quienes han cuestionado la manera en que se ha iniciado el proceso en contra de José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, como autor material del asesinato ocurrido.
A dos meses de cumplirse el segundo año del asesinato de Marisela, la fiscalía decidió privilegiar una estrategia mediática de presentación del presunto autor material del homicidio, antes que llevarlo con la juez del caso, como lo estipula la ley y claramente prohíbe como se hizo. Desplegó anuncios de media y plana completa en los principales diarios de la ciudad de México y ha basado toda su explicación pública en la confesión del indiciado, al parecer un sicario, ligado a la matanza en un bar donde fueron abatidas 16 personas, entre ellas dos periodistas. En la narración del presunto culpable el fiscal estatal encontró «los elementos técnicos y científicos» para acreditar su responsabilidad.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) a cuya protección y coadyuvancia legal se acogió la familia de Marisela Escobedo Ortiz, cuestionó la detención y emitió un comunicado de prensa exigiendo al gobierno transparencia en la investigación del caso de Marisela Escobedo, al advertir que la fiscalía había presentado el 15 de diciembre del 2011 a un autor material y el arma con la cual fue asesinada, y el 7 de octubre del 2012 presentó a un nuevo autor material y en ambos casos la fiscalía manifestó tener pruebas científicas y los consideró responsables del feminicidio de Marisela.
Este cuestionamiento fue suficiente para que se desatara una andanada de insultos, descalificaciones y francas amenazas en contra de la abogada Luz Estela Castro, coordinadora general del Cedehm, y en contra del hijo de la madre asesinada. Embate mediático encabezado ni más ni menos que por el gobernador del estado, César Duarte, y el fiscal general de la entidad’ Manuel Salas, con declaraciones vergonzosas. La duda de la abogada y del hijo les produjo una reacción inaudita, y esa manera de reaccionar ha aumentado la desconfianza que se tiene en amplios sectores de la sociedad, porque se la han ganado a pulso, por el manejo político que han dado a la actuación del Ministerio Público en decenas de casos que, en tan sólo dos años, documentan terribles pifias e injusticias de personas que han sido acusadas de asesinatos de mujeres y han quedado absueltas por jueces de garantía y magistrados.
* Senador
