Órganos electorales
JUAN GÓMEZ
A mitad del período del sexenio de Miguel Alonso Reyes el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, están en el proceso de renovación de sus integrantes, a excepción de sus respectivos representantes.
El pasado martes 29 de octubre fueron ratificados los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas José González Núñez y Felipe Guardado Martínez, pero Manuel de Jesús Briseño Casanova no logró los votos requeridos en el congreso estatal para permanecer por un período de cuatro años más en el citado organismo.
En la sesión de esta noche de miércoles 30 de octubre las distintas fracciones parlamentarias decidieron no ratificar a Ricardo Humberto Hernández León, Esaúl Castro Hernández, Samuel Delgado Díaz, Luis Gilberto Padilla Bernal, Adelaida Avalos Acosta y Sonia Delgado Santamaría, quienes podrían recibir una indemnización grupal de 1.5 millones de pesos.
Los seis consejeros(as) han acompañado a la actual consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Leticia Catalina Soto Acosta, en las vicisitudes de los procesos electorales registrados recientemente, lo que sin duda obliga a reflexionar en los comicios que habrán de celebrarse en el 2016, en la renovación de la gubernatura zacatecana.
La propuesta de ratificación es una facultad que la normatividad otorga a los magistrados y consejeros electorales, pero depende de la circunstancia política, de los acuerdos con las cúpulas partidistas y de la fortaleza de un gobernador para poder conducir esos procesos.
Los momentos políticos que hoy se viven en Zacatecas no le garantizaban al Ejecutivo del estado mantener una ratificación en ambos organismos electorales, pero de haberse dado le habrían permitido transitar con más tranquilidad en los umbrales de los comicios de renovación gubernamental, sin duda.
Sin embargo el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes y el priismo tendrán que ceder posiciones al resto de los partidos políticos en la designación de magistrados y consejeros electorales, pues de no llegar a una negociación satisfactoria con la oposición en el congreso, las posturas se endurecerán en el análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública 2014.
El mandatario estatal no podrá transitar de manera unipersonal en esta última etapa de su administración, necesita no solo de la alianza con el Partido Verde Ecologista de México y de Nueva Alianza, sino también del apoyo de una oposición razonable con la que pueda llegar acuerdos.
El Partido de la Revolución Democrática planteó una postura firme en contra de una designación unilateral de magistrados y consejeros electorales, a través de su dirigente estatal, Gerardo Espinoza Solis, lo cual contribuyó a modificar el criterio de la oposición representada en el congreso estatal y rechazar la línea en la ratificación.
Este episodio parlamentario que hoy se vive en la 61 legislatura es una evidencia de que la oposición tiene la fuerza suficiente para impulsar los cambios, modificar decisiones, o representar auténticamente a la sociedad civil en el congreso.
La alianza PRI, PNA, Verde Ecologista, representa a la mayoría parlamentaria en el congreso, lo que sería suficiente para sacar adelante sus iniciativas y nombramientos, pero es un hecho de que en adelante requerirán también de la legitimación política y social.
En este momento el equilibrio entre las distintas fuerzas se impone debido al escenario de efervescencia que se vive en Zacatecas, lo que constituye una oportunidad para una oposición que también ha propuesto un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, el cual no solo debería ser contemplado entre las cúpulas partidistas sino también entre expresiones de los sectores productivo, académico, cultural y social del estado.
En ese contexto el gobierno de Miguel Alonso Reyes obtendría oxigeno en un ambiente en el que la administración estatal ha sufrido un serio deterioro.
Es difícil que eso suceda, pero quien logre ejecutarlo habrá dado un paso muy importante en la participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentes de un estado, en el que el ciudadano es el último tomado en cuenta.
La participación social no debe ser solo una mera apariencia o manipulación de una ciudadanía que no es representada en los órganos de toma de decisión del poder, sino que su involucramiento debe servir para enriquecer los proyectos y sobre todo, para darle transparencia al uso de los escasos recursos públicos y eficacia a las acciones de obra pública.
Es un hecho que los representantes ante el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas no son ajenos a los partidos políticos, puesto que son propuestas hechas por estas organizaciones, pero una vez que son aprobados por el pleno de la legislatura en turno, deberán considerar que su responsabilidad es con la democracia y con una sociedad que demanda menos engaño y simulación y más participación.
Al tiempo.
