Noemí Luna propone vigilar derechos de infantes en cárceles
Ciudad de México.- La diputada federal Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora general del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reforzar la supervisión de los derechos de niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios. La propuesta busca que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), en coordinación con sus homólogas estatales, vigile y garantice el acceso a sus derechos, además de actualizar la base de datos de menores que nacen o residen en prisiones.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, plantea reformar y adicionar fracciones del Artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es transparentar la información sobre hijos de mujeres privadas de libertad y mejorar sus condiciones de vida.
En la exposición de motivos, Luna señaló que, históricamente, menores han crecido en entornos carcelarios inadecuados, lo que limita su desarrollo. Para sustentar su propuesta, citó datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, elaborado por el INEGI. Según el informe, ese año ingresaron 147 mil 802 personas a prisiones federales y estatales, de las cuales 282 mujeres estaban embarazadas al momento del encarcelamiento, un 56.4 por ciento en periodo de lactancia, lo que representa un aumento del 9.3 por ciento respecto a 2022.
Además, se registraron 343 mujeres con hijos menores de seis años viviendo en reclusión, siendo la Ciudad de México la entidad con mayor concentración de casos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que 12 estados carecen de centros penitenciarios exclusivos para mujeres, obligando a las internas a permanecer en espacios mixtos. Estos estados son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
La iniciativa de la diputada zacatecana busca visibilizar las condiciones de vida de estos menores y establecer mecanismos institucionales que garanticen el cumplimiento de sus derechos.
LNY/Redacción
