Migración y derechos humanos

 

El fenómeno de la globalización económica ha agudizado la presencia de intensos flujos migratorios que se desplazan de sus países de origen hacia otras economías con mayor desarrollo.

 

En nuestro país, este fenómeno tiene una doble perspectiva: El numeroso sector de la población que migra de forma no documentada hacia Estados Unidos y, al mismo tiempo, ser receptores temporales de mano de obra de países expulsores de sus propios ciudadanos hacia economías más desarrolladas.

 

En nuestro país, la condición de los migrantes, tanto los connacionales que recorren largas distancias por el territorio nacional para intentar cruzar la frontera norteamericana, como los migrantes “ilegales” que arriban a México provenientes de centro y Sudamérica, principalmente; los coloca en una situación de gran vulnerabilidad y riesgo.

 

Los abusos, vejaciones y violaciones de sus derechos han llegado a un grado de verdadera tragedia, por lo que puede afirmarse que la protección de sus derechos humanos constituye uno de los desafíos más importantes en el diseño de las políticas públicas en el país.

 

Desafortunadamente, los riesgos potenciales de las violaciones a los derechos humanos son inherentes a casi todas las etapas del proceso migratorio, en especial, para algunos de los migrantes: trabajadores de escasa o nula calificación; las mujeres y quienes laboran en la economía clandestina, los trabajadores temporales e irregulares y quienes son objeto de tráfico, los buscadores de asilo rechazados y los migrantes obligados al regreso forzado, son particularmente vulnerables a una serie de abusos y arbitrariedades, que están plenamente documentados.

 

La doble connotación de país expulsor y receptor de migrantes, tiene para México rasgos particularmente marcados; el contexto que prevalece en nuestra frontera sur, motiva que los migrantes centroamericanos sean especialmente vulnerables por ser víctimas de los grupos del crimen organizado; principalmente de los que se dedican a la trata y tráfico de personas.

 

Justamente, hace un par de días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja sobre la muerte de un migrante de origen guatemalteco de 19 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado el fin de semana pasado, luego de participar en la caravana Paso a Paso por la Paz, existiendo la presunción de que el joven fue víctima de abuso de autoridad de policías municipales.

 

Precisamente, hace 15 días, los manifestantes agrupados en dicha caravana solicitaron al Senado mexicano la eliminación de la visa para los centroamericanos, la desaparición del Instituto Nacional de Migración, el mejoramiento de la recién aprobada ley Migratoria, establecer un mecanismo regional para la búsqueda de los inmigrantes desaparecidos y la identificación de los restos de quienes mueren en su intento por llegar a los Estados Unidos.

 

Los familiares de migrantes desaparecidos y activistas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador exigieron justicia por los inmigrantes asesinados y secuestrados en México.

 

Cabe recordar que, de abril a septiembre de 2010, la CNDH documentó un total de 214 eventos de secuestro de migrantes en el país, de los cuales, según explicaciones de las víctimas y testigos de hechos, resultaron afectadas 11 mil personas. Aunque pueden ser más, según reconocen las propias autoridades, debido a que los indocumentados no denuncian por temor a represalias: de acuerdo con la CNDH, el 29.2% de estos plagios se cometieron en estados del norte del país.

 

En la actualidad, el problema migratorio forma parte medular de la agenda de los organismos internacionales, de los gobiernos de los países emisores y receptores de migrantes, de centros de investigación, de las asociaciones de migrantes, de ONGs, medios de comunicación y otros sectores sociales, institucionales y políticos. Sin embargo, durante mucho tiempo, la clase política de los países receptores de inmigrantes ha concebido a los indocumentados procedentes de los países subdesarrollados, como un problema para la preservación de la identidad nacional y la cohesión social y como una amenaza para la seguridad nacional de sus países.

 

Tal es el caso de Estados Unidos, que en el primer semestre del 2011, la cantidad de leyes anti-inmigrantes creció de forma alarmante: más de 600 iniciativas de ley similares a la polémica SB1070 de Arizona, han sido presentadas para su aprobación en las legislaturas estatales; todas tendientes a criminalizar la migración. Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Texas y Utah, aprobaron en estos meses legislaciones que “criminalizan” la estadía indocumentada, sancionan severamente la contratación de indocumentados y otorgan poderes extraordinarios a las policías locales para que ejerzan funciones como agentes del servicio de inmigración.

 

A esta serie de medidas xenofóbicas, se suma el programa “Comunidades Seguras”, implementado en conjunto por autoridades federales y locales de Estados Unidos, por medio del cual, alrededor de 121 mil migrantes que no cometieron delitos graves han sido deportados en los últimos dos años, según denunció este fin de semana la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA). Razón por la cual, esta Coalición hizo un llamado enérgico a repudiar la aplicación de ese programa.

 

Asimismo, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna de EUA, el supuesto objetivo principal del programa es detener y deportar a criminales peligrosos que no contaran con documentación migratoria. Sin embargo, el resultado real ha sido la deportación de 121 mil migrantes que no son delincuentes.

 

Cabe recordar que en el vecino país del norte habitan cerca de 700 mil zacatecanos, casi la mitad de la población total del estado, quienes han conformado más de 14 federaciones y organizaciones de migrantes en EUA. Recientemente, el INM informó que entre mil a mil 100 zacatecanos son deportados mensualmente de aquel país.

 

Pese a las divisas que los migrantes aportan al país y a sus comunidades, que por cierto del 2008 a la fecha se han reducido de forma importante, el costo social de la migración es muy alto para las comunidades: en Zacatecas se observa un despoblamiento en el 92% de los municipios y la “feminización” de sus más de 4,500 comunidades (Foro Nacional para la Construcción de una Política Migratoria Integral y Democrática en el México del Bicentenario).

 

De esta forma, la alta migración en la entidad ha dejado sin hombres a por lo menos nueve municipios zacatecanos, según un estudio de Miguel Moctezuma Longoria, investigador del Programa de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ): según el análisis, en Nochistlán, Jerez, Tlaltenango, Sombrerete, Teúl, Apozol, El Plateado, Moyahua y Huanusco, hay en promedio 40 hombres por cada cien mujeres.

 

Finalmente, Estados Unidos debe reconocer al papel enriquecedor de los migrantes para su vida social y productiva; las autoridades mexicanas, por su parte, deben invertir mayores recursos en proyectos de desarrollo de la base nacional, así como invertir más recursos en nuestra frontera sur y tomar en consideración las demandas de las asociaciones defensoras de migrantes, porque hasta ahora no han sido capaces de garantizar la integridad de los migrantes.