Máxima Tribuna: Paridad e igualdad sustantiva

MIGUEL OVALLE

Zacatecas ha dado pasos hacia adelante para garantizar la paridad de género. Uno de los más relevantes fue reformar la Constitución Política del Estado en materia de paridad e igualdad sustantiva. Con esto se hizo posible que en el texto constitucional esté ya presente el lenguaje inclusivo y se estableció la obligatoriedad de integrar de manera paritaria los gabinetes del gobierno estatal y los ayuntamientos, así como los órganos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial.

Y fue precisamente en la propia Legislatura en donde se iniciaron los cambios para garantizar la paridad vertical en los puestos de decisión. Las y los legisladores avalaron reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de atender los criterios de paridad al renovar las presidencias de los órganos de gobierno; por ello, deberá haber alternancia de género en las designaciones de quienes encabecen la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas.

Estamos iniciando el mes de marzo, es tiempo de conmemorar la lucha de muchas mujeres para poder lograr una igualdad sustantiva y para erradicar el cáncer de la violencia en su contra. El Poder Legislativo también ha dado una pelea constante, desde su trinchera, para lograr este objetivo.

Ejemplo de lo anterior es la nueva Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la cual fue avalada de manera unánime por las y los integrantes de la LXIII Legislatura y con la que, ahora, las políticas públicas en esta materia deben ser implementadas en todos los ámbitos y se garantiza la asignación de presupuesto para su desarrollo.

También con esta ley se robustece el actuar de las instituciones ya que se les otorgó una mayor capacidad de acción y se logra que las tareas en favor de la igualdad no se centren únicamente en la educación y la economía, sino que se incluyen también la salud, el medio ambiente, el urbanismo, el acceso a la información, seguridad pública y protección de datos personales.

En diciembre del año pasado se discutió en el Pleno el paquete económico para el estado de Zacatecas. Entonces, se coincidió en que la perspectiva de género debe ser un eje rector a la hora de distribuir los recursos públicos, por lo que nuestros representantes populares hicieron un llamado al gobernador del estado para que pudiera contemplar esta visión.

Y es que desde el Poder Legislativo se consideró indispensable que las autoridades estatales garanticen partidas transversales debido a los recortes que desde el nivel federal se hicieron a 15 programas destinados a consolidar la perspectiva de género, a prevenir la violencia contra las mujeres y a garantizar la igualdad sustantiva.

Otro llamado que se hizo desde la máxima tribuna fue para que las autoridades estatales pusieran en marcha campañas intensivas para crear conciencia, prevenir y atender cualquier tipo de agresión en contra de las mujeres, sobre todo ahora que con la contingencia sanitaria y el encierro de las familias se tuvo un incremento en los casos de violencia familiar.

Por otra parte, se hicieron reformas a la Constitución Política del Estado y a diversas leyes locales para introducir dentro del marco normativo el concepto de violencia política contra las mujeres por razones de género, así como los mecanismos para la prevención, atención y sanción de los casos que se cometan.

En total fueron 11 leyes las que se modificaron para introducir la definición de violencia política por razones de género y establecer claramente los candados para evitar que quienes hayan cometido algún hecho de estas características puedan postularse como candidatos, particularmente a diputadas y diputados.

Siguiendo esta ruta,  se reformó el Código Penal de la entidad para proteger a las víctimas de violación. Con el propósito de garantizar el acceso pleno a la justicia se determinó aumentar de cinco a siete años la pena mínima de cárcel, eliminando con ello toda posibilidad de que los responsables de este ilícito puedan evitar la prisión con el pago de alguna fianza.

Al interior del propio Poder Legislativo se creó también un protocolo para atender y sancionar el acoso, convirtiéndose así en una de las instituciones pioneras en el estado en tener un mecanismo formal para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual.

Esta medida legislativa permite garantizar que el Poder Legislativo sea un espacio laboral seguro y libre de violencia sexual e institucional. Además, se hizo también un llamado para que hagan lo propio en el Poder Ejecutivo y en los 58 ayuntamientos, así como en los organismos autónomos.

Asimismo, hoy en día cada municipio ya debe tener un instituto destinado a apoyar a las mujeres, con recursos y capacidad de actuar y de tomar decisiones; esto fue posible porque se reformó la Constitución Política en sus artículos 118 y 120. Mucho se ha avanzado, pero todavía queda un largo camino por recorrer para materializar la igualdad entre hombres y mujeres.