Los trabajadores no deben aceptar dádivas pactadas entre patrones y gobierno
JACOBO CRUZ
El poder de la clase patronal no sólo está dentro de las fábricas (por ser el territorio de control directo del dueño, como pudiera pensarse), donde verdaderamente se han diseñado los mecanismos de explotación laboral y de los recursos naturales para garantizar la reproducción de estas condiciones, es en las altas esferas de los gobiernos capitalistas de común acuerdo con los ricos.
Para nuestro caso, esto ha sido plasmado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Trabajo, ordenamientos que buscan perpetuar el derecho de los empresarios a explotar a la naturaleza y a los obreros del país, dupla que les rinde las ganancias que se concentran en pocas familias de la nación y de otras regiones del mundo.
Esto no puede ser posible sin alguien que cuide los intereses de los poderosos, y para eso están la clase política y las instituciones mediante las cuales los primeros procuran mantener el estado de cosas, o en su caso dan la pelea para que los trabajadores cumplan las obligaciones adquiridas mediante un contrato firmado, donde se especifica la jornada laboral y el pago que devengará por sus servicios.
Una vez asentado lo anterior, también tuvieron que darse derechos a los trabajadores y se les permitió organizarse en sindicatos para defenderse legalmente de los abusos de los patronos, para luchar por mejoras salariales, por vacaciones, por uniformes y seguridad en el trabajo, por el pago de utilidades, etc., medidas de carácter económico que le permiten al empleado y su familia vivir mejor en correspondencia al salario que reciben los trabajadores.
La clase política está integrada por los gobernantes de los tres niveles de gobierno, empezando con el presidente de México, que para este tiempo le corresponde a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y a los legisladores federales que procuran brindar todas las facilidades para que los empresarios salgan bien con sus negocios.
Hace dos meses López Obrador lo confirmó, dijo que en su gobierno a los ricos les fue bien, que no se quejen y esto lo reafirma el caso de Carlos Slim, dueño de empresas como Telmex, Telcel, Sears, Goodyear, entre otras. En el sexenio de primero los pobres, Slim fue incluido en la lista de Forbes pues ingresó al exclusivo club de los US$100.000 millones donde están las 14 personas con las fortunas más gigantescas del mundo y para ingresar a él los magnates deben poseer un patrimonio de al menos 12 dígitos.
¿De dónde salió la riqueza del ingeniero, como lo llama AMLO? ¿Alguien ha sabido que Slim salga a enfrentar a sus obreros?
Claro que no, para eso tiene a su servicio a los políticos, casta que se encarga de cuidar la propiedad de los hombres de negocios que se presentan ante la sociedad como seres dotados de habilidad sobrenatural para hacer negocios, que inculcan la vida austera, que acusan que los pobres lo son por flojos y borrachos, pero ellos que tienen mucho capital ven en las crisis enormes oportunidades de invertir.
Pero nada es casualidad, todo está calculado para que los ricos no pierdan sus ganancias, puesto que las leyes en general buscan proteger la propiedad privada y la riqueza acumulada; y quienes la tienen en cantidades enormes son precisamente ¡La élite de la élite en el mundo de las finanzas!
Es claro que los patrones recurren a una serie de maniobras legales e ilegales para burlar los derechos de sus trabajadores y reproducir las condiciones de miseria obligando a los asalariados a aceptar sus reglas.
Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al cuarto trimestre de 2023, fueron 59.4 millones de personas la Población Económicamente Activa ocupada en el país y de esta cifra, 32.5 millones estaban empleadas en condiciones informales, (54.8 por ciento), mientras que 26.9 millones tenían un empleo formal, (sólo al 45.2 por ciento).
Es decir, que el gobierno de México presume datos falsos en el empleo, pues son 32.5 millones de mexicanos los que están en la informalidad, eso significa que ante la falta de empleo formal los mexicanos deben salir a las calles a vender lo que sea con tal de llevar el sustento a sus familias, pero no tienen seguridad social y tampoco son beneficiados con el aumento al salario mínimo que tanto presume la 4T.
El asesor jurídico de la Defensoría Nacional de los Trabajadores (DNT), Everardo Lara, señaló que el aumento a 249 pesos diarios, el 20 por ciento al salario mínimo en México que tanto celebra López Obrador, en realidad no beneficia a todos, pues la mayoría de trabajadores se encuentran en la economía informal, siendo el 55 por ciento de la fuerza laboral del país quienes no tienen este beneficio.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay cerca de 2.5 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico de manera remunerada; de ellas sólo 62 mil 831 personas trabajadoras del hogar afiliadas a esta institución, (sólo el 2.6 por ciento). Y ya ni hablar de los trabajadores del sector agropecuario, donde se ven condiciones de miseria en general, de explotación de indígenas y niños que cargan cubetas de tomates a quienes se les ensalza por ser muy trabajadores, pero la realidad es que si no trabajan se morirán de hambre en sus lugares de origen.
Por lo dicho, todos los trabajadores de México deben adquirir conciencia de que son clase explotada y organizarse en sindicatos independientes para que den la lucha verdadera por la emancipación y no acepten dádivas que previamente fueron pactadas por patrones y gobierno cuidando que no afecten el patrimonio de los ricos que dicen ha sido logrado mediante mucho sacrificio, desvelos y emprendedurismo, porque eso es parte del engaño.
