La violencia política ensombrece el proceso electoral
SARA LOVERA
El asesinato de Maribel Barajas Cortés, aspirante a diputada por el distrito de Múgica, Michoacán, por el partido Verde Ecologista, sumó 19 asesinato de precandidatas y candidatas a un puesto de representación popular, es una llamada de alerta a la violencia política, y de violencia contra las mujeres, mientras continúa la impunidad y la falta de investigación de hechos lamentables ensombrecen el proceso electoral.
El cuerpo de Maribel Barajas Cortés fue hallado ayer en la mañana en el rancho Las Flores, al sur poniente de la ciudad de Morelia. La saña con que fue ultimada habla de una crispación inaceptable y revela el tamaño de la violencia que ha ensangrentado al país en los últimos tres lustros, en forma sostenida y lacerante; sumada a la tragedia del feminicidio en toda la República cuya realidad apareció a nuestros ojos desde 1994, cuando nos sorprendió lo que sucedía en Ciudad Juárez, Chihuahua, un desafío frente al cual, el Estado en su conjunto no ha podido responder.
Maribel Barajas Cortés trabajaba en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun) y aspiraba a ser candidata a diputada por el distrito de Múgica, su tierra natal, ahí en Michoacán donde se ubicó la espiral de violencia, enfrentada por el gobierno de Felipe Calderón, que, según todos los diagnósticos ha sido errática y tremendamente equivocada.
De este hecho que se suma a un agravio continuado y tremendo, anunció la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se abrió una carpeta de investigación. Como si ello significara alguna esperanza. Más bien aumenta la desconfianza y la desazón.
Todavía están todas las heridas abiertas. Y, no obstante, declaraciones, leyes, construcción de Centros de Justicia para las Mujeres; declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 12 entidades del país, incluido Michoacán; una múltiple creación de programas, un sistema nacional contra la violencia, una dependencia nacional que depende de la Secretaría de Gobernación, la CONAVIN, el fenómeno crece, aumenta la crueldad en cada asesinato.
A Maribel Barajas Cortés la apuñalaron y fue lapidado su rostro, como si nos quisieran enviar el mensaje tremendo sobre el uso de la palabra y la presencia pública de las mujeres. Una violencia misógina.
Los límites de la Ley, que hoy se anuncia será revisada, una ley que contiene sobre todo un plan largo y tortuoso, donde debieran participar decenas de agencias estatales; diagnósticos, un registro que se antojó importante. Políticas a medias, presupuestos desviados, robados en muchos estados de la República por gobernadores impunes, en su mayoría, y una opinión pública inerte, adormecida con las denuncias cotidiana y las cifras insoportables. Son más de 7 las mujeres asesinadas todos los días en el país.
Nada parece haber valido. Mientras lo que se advierte por todas partes, es una política de simulación. Los y las operadoras de todas estas construcciones y políticas están, desde hace años, rebasados por la realidad. No hay una transformación cultural tendiente a reconocer en igualdad a las mujeres. Me dirán que tampoco a los hombres. Es cierto, pero la parafernalia a favor de la igualdad, parece diluirse frente a la realidad. Ahora mismo ofende a la inteligencia, cuando vivimos una doble moral. Estamos de plácemes por la paridad electoral; las tareas de “empoderamiento de las mujeres” y el anuncio de que las acciones se han multiplicado en todas partes, sin, parece ser, avances reales.
Falta eso que se llama voluntad política. Las violaciones a los derechos humanos menudean, no obstante, la enorme cantidad de comisiones nacionales, estatales y aún municipales, cuya tarea se ve constantemente obstaculizadas.
Apenas hace dos semanas el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo de cara al presidente Enrique Peña Nieto, que las instituciones de justicia y de salud, particularmente, no responden a las recomendaciones que hace la CNDH, y que su tarea, pese a que ha sido facilitada por el gobierno, no ha logrado disminuir las violaciones cotidianas. Nuestro país es, por excelencia, violador de derechos humanos.
El feminicidio y los otros horrores, ha merecido montones de opiniones y diagnósticos internacionales. Esos hechos, también se enfrentan a una inmovilidad inexplicable en la sociedad, una especie de mareo o paralización casi orgánica, preocupante, muy parecida a la inerte postura frente a la corrupción y la impericia.
Ojalá que sea cierto que el enojo social pueda influir en las y los políticos que se aprestan a tomar el poder y el presupuesto en 2018, que sea una nueva oportunidad para rescatar al país de la inmundicia, la escasez de democracia y de justicia, hasta ahogarnos.
Quienes aspiran, en todos los niveles, además de gastar mucho dinero, ofrecen mil y una cosas, ojalá, realmente estemos ante la posibilidad de un cambio de régimen que inicie, sin demagogia, el desmantelamiento de la corrupción –en muchos casos esa es una causa directa de la falta de investigación de los feminicidios- y por supuesto de la impunidad.
No sé si eso podrá hacerse pronto, no sé si hay conciencia colectiva capaz de empujar ese cambio. Lo grave es que en el proceso electoral se está enseñoreando la violencia sistemática. Los ataques de 19 aspirantes, 18 asesinados, 60 agraviados desde que comenzó el proceso electoral; la desaparición cotidiana de cientos de personas; los asesinatos de mujeres embarazadas, las mujeres asfixiadas víctimas de sus maridos y amantes; las imágenes disminuidas de las mujeres en todos los medios de comunicación. Y la lucha contra nuestras libertades de conservadores y fundamentalistas, es un ataque a las mujeres. Veremos.
