La Violencia política contra las mujeres pone en riesgo la democracia
SARA LOVERA
En la contienda de 2021, cuando se lleven a cabo los comicios locales, estatales y en el ámbito federal, al menos 127 mil mujeres serán candidatas para ocupar un lugar en los cabildos de los mil 800 municipios donde habrá cambio de autoridad, hasta en la pelea por una o varias de las 15 gubernaturas. La mitad de 21 mil puestos en juego en al menos 12 partidos políticos me resulta un reto gigante, fenomenal.
Más de cien mil mujeres podrán alzar la mano, porque todas las listas electorales deben tener por ley o sanción el 50 por ciento de candidatas. Sabemos que –por elemental historia– las dirigencias de los partidos políticos pretenden disminuirlas. Se niegan a compartir el poder, se aterran de la paridad total y siguen hablando en masculino.
Lo que preocupa son los hechos. En 2018, la violencia contra las candidatas resultó en 17 asesinatos, la mayoría sin esclarecer, y se reportaron 167 agresiones. Con frecuencia, un delito se quiere resolver con una disculpa.
En 2019, según el Instituto Nacional Electoral (INE), 48 de cada 100 mensajes de la llamada prensa tradicional se configuró como violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo fueron igualmente 78 de cada 100 mensajes en las plataformas digitales. La violencia en medios incluye la difusión de roles estereotipados y sexuales, difamación, desprestigio, burlas y trascendidos infamantes.
El estudio, del cual se retomaron estos datos, es un preámbulo del anuncio que hizo el INE esta semana sobre cambios al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, para ajustarlo a la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres del 13 de abril de 2020.
El Tribunal Federal Electoral (Trife) solamente reporta procesos de queja, algunos graves, en 17 entidades del país, de tres años. En algunos casos, como el de Durango, el tribunal estatal eximió al diputado local José Antonio Ochoa Rodríguez, y dejó al Congreso ser el sancionador. Nada, no ha pasado nada.
No están tomando en serio que violentar, maltratar, discriminar y desestimar a las mujeres en política es un delito. Pese a los protocolos de prevención, hay una pila de casos sin resolver. Hay complicidad machista.
La violencia política contra las mujeres puede significar en los próximos comicios un paso atrás en la democracia. Se generaliza por la impunidad. Subsiste un pacto masculino y la complicidad en todos los campos de la presidencia de la República a quienes sirven en una ventanilla.
Y qué decir de los contenidos en los medios de comunicación. Ahora que se anuncia el proceso electoral, masivo, se hacen previsiones. Lo dijo la semana pasada el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, el cual urgió a capacitar a quienes hacen contenidos. Para los medios también hay sanciones y al menos ocho disposiciones. En ningún caso se atenta contra la libertad de expresión.
Habría que reflexionar: quienes están en las ventanillas y en los medios de comunicación no saben que violentan la ley; además, contribuyen a que el círculo de la violencia contra las mujeres continúe, se expanda, crezca y multiplique. Los medios hacen pedagogía.
En esta última semana supimos –luego de varias actividades ya preelectorales– que en Veracruz en materia de delitos electorales, repondrá la investigación de violencia de género que sufrió la regidora de Zongolica, Arely Tezoco Oltehua; en Durango, donde el Tribunal Electoral eximió al diputado. José Antonio Ochoa Rodríguez.
En Puebla, el diputado Héctor Alonso Granados agredió a la también legisladora Nora Escamilla, cuando dijo que “Las mujeres deberían pensar antes de abrir las piernas”. Al ser denunciado, se obtuvieron medidas cautelares. De la denuncia, el Tribunal local de esta entidad, se declaró incompetente, por considerar que las expresiones no estaban en la materia electoral.
En el Congreso de Morelos, con mayoría de diputadas, José Casas González dijo que, en política, las mujeres son usadas por el tema de género, porque sus maridos no pudieron ser diputados. En todas las denuncias no hay sanciones reales. O tardan o eximen a los responsables.
¿Recuerdan en octubre de 2019 las palabras soeces, groseras, del diputado federal Gerardo Fernández Noroña que le dirigió a la también diputada Adriana Dávila Fernández?: “Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y está involucrada en este tema, y es más bocona que la chingada”. Hasta ahora, nadie lo condenó.
Hay denuncias en Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca. Está sin investigar un asesinato reciente en Guerrero quedan en la penumbra asuntos pendientes en Chiapas.
Es una desgracia cultural, me dirán. Los hombres, y muchas mujeres, siguen sin entender, pero ojo, esto no sería así si hace 40 años, cuando le fuimos poniendo nombre a la discriminación y la violencia contra las mujeres y se detectaron todos los problemas que ello trae, el sistema, sus gobiernos, realmente hubieran hecho efectivos discursos, de dientes para afuera, simulaciones y programas sobre la igualdad. Millones de pesos en capacitaciones superficiales –talleres de seis horas– y mucha demagogia.
Ahora, el tema es que ya sabemos que la violencia contra las mujeres es un delito. Falta que se haga justicia y se acabe con la impunidad. Pero ello no podrá ser, mientras sigan la mentira y la impunidad, favorecida por la falta de consciencia y compromiso.
Es interesante el anuncio del INE de que habrá un padrón de hombres violentos, quienes no podrán formar parte de las listas electorales ni podrán reelegirse. Está el mandato de la paridad total y eliminar el lenguaje sexista, previstos en la Constitución. Finalmente, en abril pasado se tipificó el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Yo creo que las precandidatas, candidatas y futuras diputadas o presidentas municipales deberían conocer esas disposiciones legales. También hay compromisos en el INE; debería ser inexcusable para que los partidos políticos hagan lo propio.
Nos gustaría tener autoridades de máxima envergadura que pusieran en el ejemplo. No las hay. El machismo se expresa diariamente en Palacio Nacional, y es avalado por un gabinete ignorante. Todos los días desaparecen instituciones de defensa de los derechos humanos y atención a víctimas. A las mujeres que protestan en el Zócalo, un día sí y otro también, ni las ven ni las oyen. Veremos.
