La Igualdad en la cancha oficial
SARA LOVERA
El 30 de agosto se publicó en el Diario de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), instrumento rector para las acciones del gobierno tendientes a conseguir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
La propuesta del gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es integral y prácticamente toca todos los problemas identificados por el movimiento de mujeres y las instituciones, en los últimos años. En todos propone políticas y acciones.
Sus metas parecen inalcanzables o podrían considerarse, como sucede con otros programas, ambiciosas pero poco creíbles.
A la vuelta de 40 años de feminismo, de políticas y señalamientos internacionales en el centro un problema básico es que la sociedad no ha cambiado. Que amplios sectores siguen pensando que las mujeres valen menos que los hombres. Por tanto se justifica la discriminación, no se la identifica y millones de mujeres viven exclusión social y violencia; límites a sus derechos y violación a las leyes. De ahí que igualdad sustantiva significa igualdad en la vida cotidiana, ya que la ley o la norma no son suficiente, no se cumple o se le da la vuelta. Se desconoce.
Llama la atención que reconozca que a pesar de leyes y acciones, las mexicanas están lejos de conseguir una vida digna, libre y sin violencia; una vida plena y con oportunidades reales en los que, el programa, dice, va incidir sistemática y profundamente. Es ley y compromiso.
El documento plantea, por ejemplo, que sus líneas de acción, sus programas, lo que diagnostica y propone debe ser de conocimiento y observancia obligada por todos los órganos de la administración en sus tres niveles: federal, estatal y municipal. Coincide con el Artículo 1º de la Constitución relativo a la defensa, promoción y respeto a los derechos humanos de todas las personas.
Se funda en las leyes de igualdad, por una vida sin violencia para las mujeres, la de no discriminación y todos los tratados y compromisos firmados por el Estado en los últimos 40 años. Normativas nacionales e internacionales.
Es, tal como aparece el perfil del gobierno actual, una pieza fundamental en el camino reformador. Se funda en una de las cinco líneas del Plan Nacional de Desarrollo, (mandatado por la Constitución) y, por tanto, se puede exigir, evaluar y observar antes de la fácil descalificación.
Es verdad que llevarlo a cabo y con éxito tiene grandes dificultades. La primera es el sistema económico, consustancialmente depredador de lo humano; la otra es la desconfianza social al gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora reflejada en una multitud de protestas, movilizaciones y demandas ciudadanas.
Creo que no es tiempo para la descalificación anticipada; otra dificultad, central, es la incomprensión dentro de los órganos e instituciones oficiales y de amplias capas de la población, para realmente concebir a las mujeres como seres humanos, con derechos para construir otra sociedad. Hoy vivimos un panorama devastador tras 12 años de desgobierno, la violencia creciente y la inoperancia de la legalidad. Tal cual, todo ello contribuye a que las cosas no avancen. Sin duda.
El reto es derribar esos obstáculos y nadie puede suponer que es rápido, que depende de una persona o un grupo; menos de la crítica sin bases sociales, puesto que no tenemos realmente una organización social de mujeres que atempere la desgracia; tampoco podemos pensar que se resuelve en los discursos cuya plañidera actitud ignorante es si nombran o no a las mujeres.
Yo creo que urge primero conocer el programa, analizar y vigilar con seriedad y constancia. Lo que el programa dice y mandata, es absolutamente trascendente. ¿Quiénes tienen que hacerlo realidad? Primero los y las funcionarias; luego las y los legisladores –propone una cruzada de armonización legal- y después las y los ciudadanos. También los partidos políticos y lo que se llama sociedad organizada.
Está integrado por seis objetivos transversales –quiere decir para todas las dependencias del gabinete y toda clase de órganos autónomos-; delinea 36 estrategias y 314 líneas de acción. Promete autoevaluarse y contiene 18 indicadores con metas para el 2018. O sea, un maravilloso repertorio para observar, dar seguimiento y pedir cuentas.
El mandato es claro: todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben incluir en sus programas la perspectiva de género y eso significa identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de discriminación que viven las mujeres y las niñas en las esferas familiar, escolar, laboral, comunitaria, social y política, e identificar los obstáculos para el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. Implica también realizar acciones. Es decir, propone una revolución.
Proigualdad va a necesitar voluntad política y profundidad. Una cosa que me llama poderosamente la atención es su diagnóstico sobre los medios de comunicación. Ahora las y los ciudadanos han elaborado, sin perspectiva de género propuestas para las leyes reglamentarias de la reforma a los medios. Es decir, no tenemos en la sociedad, ni en los grupos de interés, ni entre las y los especialistas o los que así se llaman, la convicción de la que presumen. Para componer este país se requiere incluir la igualdad entre mujeres y hombres, no hay democracia ni propuesta, sin este componente social, de profunda comprensión.
Es decir, una propuesta ciudadana con perspectiva de género debió entrar al tema de los contenidos de los medios, más allá de la llamada de atención sobre la publicidad. No existe un órgano oficial o civil que analice la programación, el dicho de miles de personajes que se hacen de un micrófono, de centenares de periodistas cuyo lenguaje y discurso vive sin ética de género y desarrolla prácticas discriminatorias todos los días.
Las acciones afirmativas a favor de mujeres y niñas son indispensables para eliminar las desigualdades. Pero tienen que estar en la vida de relación cotidiana, en la escuela, en los sindicatos, en las organizaciones, en los medios, en la escuela, en los partidos políticos, en las empresas, en todas partes. No basta con el propósito oficial. Y este es un gran reto, porque vivimos todavía en el caos, en la desvergüenza y la corrupción. Pero, ojo, es falso que no se puedan realizar acciones, mientras cambiamos el sistema. Hoy no podemos posponer tareas urgentes, como disminuir la violencia como modo de resolver problemas, por ejemplo, y eso pasa por nosotras y nosotros.
El programa expone que las acciones positivas tendrán particular atención en las mujeres indígenas, en las mujeres adolescentes y jóvenes, en las adultas mayores, en las niñas y las mujeres discapacitadas, en las migrantes, en las mujeres en condición de pobreza, en las jefas de familia; sin olvidar a las que son afectadas por el cambio climático y los desastres naturales y las reclusas, entre otras, grupos de mujeres que deben tomarse en cuenta cuando se elaboren los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales. Y agregaría en las instituciones y órganos de la sociedad civil. ¿Si no es así qué estaremos reclamando?
Entra al fondo del asunto, reconoce que la cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, «naturalizando» la desigualdad de género. Ante esta realidad, prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías tienen un nuevo papel que desempeñar a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el combate a la discriminación y la erradicación de la violencia. ¿Con qué instrumentos? Los que debieran formar parte de la segunda oleada que reglamentará la nueva estructura de los medios.
Este punto arriba descrito es para mi algo sustantivo. En la vida diaria, cada mexicano y mexicana convalidan la discriminación y la violencia contra las mujeres sostenidas por esos medios aberrantes. ¿Cómo cambiarlos?
Habría que aprovechar este compromiso empezando ahora mismo. Y no es una postura cristina o simple, mientras no exista una masa crítica que combata la discriminación, no podemos esperar con visión subordinada que sean solamente el gobierno y sus agentes quienes podrían hacer realidad tamaño programa. Se necesita recuperar la humanidad del desbarajuste social a donde hemos llegado.
Por lo pronto hay que dar la bienvenida al programa, conocerlo, diseccionarlo, masificarlo. Esa es una tarea de información y difusión de gran alcance. Además es un instrumento político y un medio permanente para pedir que camine. Pero ojo, si no lo conocemos no podemos exigirlo. Al INMJERES le toca explicarlo y a las autoridades de todas las dependencias tomarlo en serio. Si no sucede esto como premisa, entonces podremos afirmar que se trata de un plan sin dientes. Hoy tenemos casi 19 mil millones de pesos para desarrollar acciones, como se dice, de género. Hay que ver en qué se pone y cómo, ayudará, pero tampoco es suficiente.
Veremos.
