La Casa de los Perros: Zacatecas sin soluciones
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Vaya embrollo en el que han quedado envueltas las autoridades de la nueva gobernanza, el fiscal general de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, y los manifestantes en esto que parece el cuento de nunca acabar: la protesta de los trabajadores de la Fiscalía que luchan por obtener un incremento salarial.
Entre dimes y diretes, el inicio del ciclo escolar 2023-2024 se llevó a cabo sin mayores contratiempos, lo que los padres de familia de la capital y la zona conurbada de Guadalupe agradecieron.
Los bloqueos no impidieron el traslado de los estudiantes a sus escuelas y colegios y todos contentos.
Pero las imágenes de Murillo Ruiseco en la Fiscalía General de la República (FGR) presentando denuncia por los delitos de sedición, sabotaje, conspiración, acceso ilícito a sistemas y equipo de informática y revelación de secretos, sin duda calentó el ambiente.
Al paredón enviaron a Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), y al licenciado en Criminología por la Universidad Autónoma de Durango, José Francisco Martínez Gutiérrez.
El dedo flamígero de la Fiscalía señala a ambos, y “a quien resulte responsable”, no de bloquear las vías de comunicación, no de alborotar a los trabajadores en protesta, sino por el hecho de que, con su actuar en estas manifestaciones, han puesto en riesgo la seguridad nacional.
A esto se le sumó el desalojo del que fueron víctimas, a temprana hora del lunes, quienes bloqueaban la Avenida Solidaridad, a la altura del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, ahí en donde mantienen en refrigeradores especiales a casi 300 cadáveres producto de la ola de violencia que padece Zacatecas y México entero, misma que recrudeció desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de la República.
Tras el actuar de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, a quienes promovieron en las redes sociales aventando los utensilios de los manifestantes y destruyendo su campamento, los trabajadores de la Fiscalía promovieron un amparo de la justicia federal para que les permitieran manifestarse.
Los quejosos expresaron al momento de solicitar el amparo, que el desalojo se llevó a cabo «utilizando el uso (sic) de la fuerza pública con armas (y) golpes».
Además, refieren que hay ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, golpes, desaparición, fabricación de delitos, amedrentamiento, amenazas y represalias, así como actos prohibidos por el Artículo 22 Constitucional”.
¿Qué dice el 22 Constitucional?, pues que “quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.
Reiteramos, la lucha de los trabajadores de la Fiscalía es legítima. Ellos, debido a la excesiva carga de trabajo que han tenido en Zacatecas derivada de la inseguridad rampante que pasea impune por todo el estado, merecen que su sueldo sea digno.
Porque no sólo los secretarios de la nueva gobernanza, cuya labor ha dejado mucho, pero mucho qué desear, merecen sueldazos y premios económicos.
Quienes tienen que lidiar con peligrosas denuncias en las que está involucrado el crimen organizado e inteligente; aquellos que deben salir a comunidades a detener a sujetos de alta peligrosidad arriesgando sus vidas, y también los que deben recibir uno, y otro, y otro cadáver para su estudio forense sí merecen ser recompensados.
Pero queda en el aire lo referente a que al utilizar el uso de la fuerza pública ayer lunes hubo golpes. Si bien las palabras de un desesperado secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, hacia los manifestantes no fueron las más adecuadas, nunca se vio a un policía estatal, o a un miembro de la Guardia Nacional golpeando a nadie.
También sería muy recomendable que quienes exigen se respete el amparo federal que decreta que los manifestantes “no sean objeto” de lo que el Artículo 22 Constitucional refiere, es decir, lo repetimos: “penas de muerte, de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”, digan a la sociedad quiénes han sido desaparecidos durante estas semanas de protesta.
Porque en verdad que sería grave, gravísimo, que la nueva gobernanza o la Fiscalía haya desparecido a algún trabajador. Si eso sucedió, deben denunciarlo en tiempo y forma.
De igual manera, se debe aclarar quiénes han sido víctimas de tortura o han estado en peligro de privación de la vida.
Hoy se llevará a cabo una manifestación en la que participarán todos los grupos, sindicatos y asociaciones que han recibido un agravio por parte de la nueva gobernanza, y se espera que dicha protesta sea multitudinaria y que, por supuesto, la autoridad no se los impida.
Y también se espera que, sin intermediarios, los trabajadores de la Fiscalía, la nueva gobernanza y el fiscal se sienten y arreglen estos problemas en donde el cochino dinero es, al final de cuentas, la manzana de la discordia.
Mientras tanto, hoy se recomienda a los zacatecanos que transitan por las vialidades de la capital y Guadalupe que se hagan de mucha paciencia, tomen vías alternas y sonrían, porque vamos requetebien…
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