La Casa de los Perros | Zacatecas: cárcel por pintar, impunidad por robar
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La diputada Susana Barragán Espinosa ha decidido hacer historia.
No por legislar contra la violencia desbordada, ni por proponer medidas para frenar la corrupción que carcome el estado, ni por impulsar políticas que protejan a las mujeres en una de las entidades más peligrosas de México.
No. Su gran aportación a Zacatecas será criminalizar con más fuerza el graffiti.
Porque, según ella, lo que más preocupa a los ciudadanos no son los homicidios, los feminicidios ni las extorsiones, sino las pintas en paredes.
Y por eso quiere que quienes usen un aerosol sin permiso terminen tras las rejas hasta por tres años.
Mientras tanto, los verdaderos delincuentes, los que secuestran el futuro del estado, los que se reparten contratos públicos con la mano en la cintura, siguen libres, disfrutando del segundo piso de la impunidad.
Un castigo para los débiles, no para los poderosos
La propuesta de Barragán Espinosa de reformar el artículo 349 Bis del Código Penal no es solo torpe; es profundamente hipócrita. Porque, aunque en su exposición de motivos habla de proteger el patrimonio y la imagen urbana, la realidad es que esta reforma apunta en una sola dirección: castigar a los que no tienen poder.
Y aquí es donde hay que hacer una precisión. No, no únicamente los jóvenes grafitean. También las mujeres que salen a marchar el 8 de marzo, cansadas de gritar justicia en vano. También los colectivos que exigen la aparición de los desaparecidos. También los ciudadanos hartos que han hecho de la pared un medio de protesta cuando el gobierno les ha cerrado todas las demás puertas.
Con esta reforma, el mensaje es claro: puedes robar millones y salir impune, pero si pintas una consigna en un edificio público, te pueden meter a la cárcel.
La clase política zacatecana no quiere ver sus nombres en una pared manchada de reclamos, pero tolera que esos mismos nombres figuren en contratos turbios, en auditorías llenas de irregularidades o en expedientes de corrupción que duermen en el olvido.
Un Estado que persigue la brocha y protege la rapiña.
El endurecimiento de las penas es un chiste macabro en un Zacatecas donde la justicia es una entelequia.
En un estado donde las autoridades han permitido que la violencia lo arrase todo, ahora buscan demostrar “mano dura” contra quienes pintan un muro. Un muro, por cierto, que al día siguiente puede amanecer perforado por balas sin que nadie mueva un dedo.
Lo que debería indignarnos no es sólo la reforma en sí, sino la visión de Estado que representa: un gobierno que persigue con saña a los débiles, pero se muestra servil ante los poderosos.
Un Estado que invierte su tiempo en endurecer penas para delitos menores mientras sigue sin resolver la crisis de inseguridad.
Un Estado que alza la voz contra el graffiti, pero calla ante los feminicidios, las desapariciones y los desfalcos multimillonarios.
La diputada Susana Barragán y sus colegas deberían preguntarse qué es más grave: ¿una pinta en un muro o una fosa clandestina? ¿Una consigna en una pared o una red de corrupción que saquea al estado?
Pero claro, esas preguntas no tienen respuesta en el segundo piso de la impunidad. Porque ahí, donde se toman las decisiones, no hay rayones, no hay pintas, no hay voces incómodas. Solo silencio, complicidad y cuentas bancarias llenándose.
Democracia hipotecada: sin dinero no hay jueces
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) ha lanzado un SOS.
En un oficio enviado al inquilino de La Casa de los Perros, recibido también en la LXV Legislatura, el organismo advierte sobre un riesgo inminente: el proceso electoral extraordinario para la designación de magistrados y jueces del Poder Judicial podría colapsar por falta de recursos.
El problema radica en el presupuesto.
El IEEZ calculó que necesitaba 145.9 millones de pesos para organizar la elección, pero la fallida nueva gobernanza sólo ha autorizado 45 millones.
Un recorte brutal que pone en jaque la producción de boletas, el material electoral y todo el engranaje de un proceso que, constitucionalmente, no puede detenerse sin vulnerar derechos fundamentales. Sí, porque sólo para la documentación electoral y el material electoral para la jornada electoral se requieren 40 millones de pesos.
El decreto que reformó la Constitución local establece que el gobierno estatal «podrá realizar adecuaciones presupuestales de acuerdo con la disponibilidad financiera«.
En otras palabras, la entrega de los recursos depende de la voluntad política de la administración de David Monreal Ávila, quien ahora tiene en sus manos la decisión de garantizar –o sabotear– este proceso electoral.
No se trata de una discusión técnica ni de una simple negociación presupuestaria. Es, en esencia, la viabilidad misma de un sistema judicial renovado bajo principios democráticos (eso dicen).
Pero, sin dinero, no hay jueces electos. Sin jueces electos, la justicia en Zacatecas seguramente quedará en manos de los mismos intereses de siempre.
El IEEZ pide una reunión urgente con el gobernador. Quiere explicarle, cara a cara, lo que está en juego.
Pero más allá del encuentro, la pregunta es clara: ¿permitirá David Monreal que la elección se realice o la condenará a la asfixia financiera?
Si la respuesta es la segunda, la democracia zacatecana no será más que una simulación en la que las reglas se cambian sobre la marcha y la justicia sigue siendo un privilegio, no un derecho.
Fuerza y Experiencia para el Empleo
Maricruz González Ruvalcaba asume la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo en Zacatecas con un perfil idóneo: licenciada en Derecho por la UAZ, su trayectoria en políticas públicas, desarrollo económico y equidad de género —forjada en la Secretaría de Economía estatal, la Secretaría de las Mujeres y el SEDIF— la acredita para impulsar la inclusión laboral y la eficiencia del SNE.
Su experiencia en planeación y evaluación de programas será clave para elevar la colocación laboral, priorizando a jóvenes y mujeres, y posicionando a Zacatecas en el ranking nacional.
Ante los retos del SNE —baja eficiencia operativa y rezago en colocación—, González Ruvalcaba aporta 18 años de servicio público, coordinación de proyectos y gestión administrativa.
Su llegada fortalece la estrategia para vincular empleo y empresa con agilidad, potenciando la competitividad laboral del estado. Un acierto del secretario de Economía Jorge Miranda Castro, que combina capacidad y compromiso social.
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